Después de dos años de bajo perfil, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volverá a encabezar hoy un acto de “apertura del año judicial”, en el que anunciará un debate hacia adentro de la corporación de jueces y juezas para generar reformas que mejoren su vapuleada imagen ante la ciudadanía y que operen como concesiones ante las críticas del Gobierno, que les reprocha su “generoso” régimen de licencia  y el reducido horario de atención. En tribunales, hay quienes creen que el evento es la plataforma del presidente supremo para conseguir respaldo e intentar renovar ese cargo –que ocupa hace once años– cuando vuelva a vencer su mandato en diciembre, algo aún en veremos. De todos modos, la presentación y puesta en debate del plan para “la transformación de los poderes judiciales” viene avalada por todo el tribunal, que quiere mostrarse sostenido por una masa importante de integrantes de la familia judicial y ofrecer gestos hacia las distintas demandas. Los temas que analizarán en comisiones, que se reunirán hoy y mañana, muestran una mezcla de cuestiones, que van desde la celeridad de las causas penales y el horario de los juzgados, hasta la ampliación de facultades de la propia Corte a través de la ampliación de la dirección de escuchas telefónicas y la intervención en investigaciones sobre narcotráfico y otros delitos.  

El año pasado la Corte suspendió este acto de inicio del inicio del año, que se hacía sin excepción desde 2008, en el que Lorenzetti enumera líneas directrices para Poder Judicial. Era un mal momento para el supremo, que tuvo un pedido de juicio político de Elisa Carrió y había cosechado críticas el año previo al decir que el caso del atentado a la Embajada de Israel era cosa juzgada (está abierto en la propia Corte) y trató la muerte de Alberto Nisman como si estuviese impune cuando sólo llevaba 45 días de investigación. El año pasado, además, el fallo del 2 x 1 a favor de los represores generó un amplio rechazo al máximo tribunal, con una movilización popular que derivó en una modificación de la ley. Hasta hoy la Corte no revirtió su sentencia. Lorenzetti sigue doblando sus esfuerzos  para que le cierren el pedido juicio político. La necesidad de reformas y cambios culturales en el sistema judicial son asuntos que nadie discute y muchos reclaman. A eso se ha aferrado el Gobierno –con solo ver algunas encuestas– para criticar a este poder del Estado que tiene un protagonismo político creciente.

El plan que se discutirá desde hoy en el Palacio de Justicia intenta dejar un mensaje claro: el propio Poder Judicial tiene que ser el “agente del cambio”. Como repite Lorenzetti hace años, igual los tres poderes tienen que interactuar. En algunas cuestiones que junto con sus pares supremos propone reformular, no le quedaría otra que conseguir una ley del Congreso. Por ejemplo, un punto se refiere al Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces. El enfrentamiento de la Corte y ese cuerpo (incluido en la Constitución)  es histórico y se han disputado facultades, como el manejo del dinero del Poder Judicial. Los jueces siguen reclamando también autarquía presupuestaria, pero también eso requiere una ley.  

Es muy propio de Lorenzetti generar propuestas o mensajes para satisfacer a varias tribunas a la vez. Los ochos temas que se distribuirán en las comisiones que iniciarán el debate reflejan algo de esa costumbre. Para complacer al Gobierno, que mantiene una postura crítica y le marca la cancha al Poder Judicial, con leyes reorganizadoras de tribunales, manejo de designaciones y amenazas de juicio político permanentes, el documento de la Corte cita como referencia a “Justicia 2020” el programa de reforma implementado por el Ministerio de Justicia, cuyo titular Germán Garavano, estará hoy en el acto. Los intentos por convocar a Mauricio Macri, hasta ayer a última hora habían fracasado. Para tranquilizar a los jueces y juezas, la Corte los pone como protagonistas del debate. Para mejorar su imagen, anuncia una reflexión sobre asuntos como el horario de atención en tribunales, que se podría prolongar (hoy es de 7.30 a 13.30 en la Ciudad de Buenos Aires), cambios en la feria judicial (15 días en invierno y 30 en verano). Por ahora no asoman grandes replanteos sobre privilegios (por ejemplo, la inmensa mayoría siguen exenta del pago de impuesto a las ganancias y los supremos siguen sin mostrar sus declaraciones juradas).

La cuestión de la celeridad de los juicios penales es un tema de preocupación interna, porque dentro de la corporación judicial hay una enorme resistencia a que se aplique el sistema acusatorio (que es ley pero no se implementó todavía), que daría mayor protagonismo a los fiscales en las causas y restaría manejo directo a los jueces y juezas. El temario se refiere a casos de narcotráfico, corrupción y trata de personas, como temas centrales. Los derechos humanos han perdido protagonismo como tales en la agenda suprema y judicial planteada.  En cambio ya la Corte ha creado dependencias específicas para esas temáticas, pese a que serán asunto de las fiscalías. Y propone reforzar sus cuerpos de peritos. También desliza un tratamiento sobre lo que atañe a los problemas de “seguridad ciudadana” y los procesos penales, incluso al sistema carcelario.

Otros dos temas que generan resistencia en un sector judicial importante es que se extienda la oralidad en todos los fueros, ya que expone a los jueces y juezas y los obliga a trabajar, y de manera similar la digitalización de los procesos, que también deja a la vista todo su trabajo.  

Uno de los puntos quizá más llamativos del plan supremo es su anuncio de la intención de ampliar la oficina de escuchas telefónicas –que pasó a la órbita de la Corte por un decreto de Mauricio Macri– que ya de por sí tiene amplias facultades de investigación. Desde que esta dependencia está en la estructura del máximo tribunal, comenzaron las filtraciones de conversaciones telefónicas sistemáticas, en especial que exponen a la ex presidenta Cristina Kirchner. El hombre a cargo de esa dirección es el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, autor de la nueva doctrina pro prisión preventiva de ex funcionarios.

Desde sectores como, por ejemplo, los gremios judiciales, plantearon discrepancias con el enfoque de la propuesta reformista. Como es esperable, piden que los trabajadores judiciales sean los actores de una transformación. En esos términos, gremios como Sitraju y la Federación Judicial, pusieron el tema en discusión encuentro que se hizo el sábado, donde se escucharon quejas porque los términos de la reforma “los quieren imponer la Corte”. 

El programa en danza tampoco habla de procesos de democratización en la Justicia ni términos similares. Como es evidente, lo que estaría en primer plano es una demostración de fuerza judicial, de fondo, la futura presidencia suprema, donde Lorenzetti no tiene nada asegurado y el Gobierno inclina sus preferencias a otros despachos como los de Elena Highton o Carlos Rosenkrantz.