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El juez federal Claudio Bonadio decretó ayer el cierre de la instrucción y la elevación a juicio de la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. En principio, la calificación principal que quedó vigente es la de encubrimiento agravado, que tiene una pena de uno a seis años de prisión. Es decir, que se trata de un delito excarcelable, pese a lo cual están en prisión Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil. El corazón del expediente es la acusación original formulada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por haber puesto en marcha una supuesta maniobra a favor de los sospechosos iraníes de haber cometido el atentado contra la AMIA. Bonadio tuvo que desistir de la idea de Nisman respecto de que habría un beneficio a cambio de la firma del memorándum. En concreto, que se venderían granos a Irán a cambio de petróleo. El magistrado terminó poniendo que el objetivo fue “normalizar las relaciones”, algo que no constituye delito alguno y, además, dejó en claro que no hubo un móvil económico y menos todavía un móvil económico personal. Las defensas de los imputados sostienen que el Memorándum se firmó justamente para destrabar la causa AMIA y que declararan los sospechosos ante un juez argentino. Pero las claves esgrimidas por las defensas resaltaron también que el texto fue votado por el Congreso y encima nunca entró en vigencia, ya que en ningún momento se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas contra los imputados. De manera que no se concretó favorecimiento alguno.
Proceso
La causa del memorándum será sorteada hoy en Comodoro Py, en el marco de las enormes desconfianzas y suspicacias acerca de la transparencia de esos sorteos. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que investiga el mecanismo de asignación de causas, ya ha dicho que el sistema es vulnerable. Bonadio ayer le contestó a las defensas diciendo que, si quieren, pueden controlar el sorteo desde sus casas, por Internet. Es decir que no puede haber control alguno.
En Comodoro Py es un secreto a voces que ningún tribunal oral quiere hacerse cargo de ese expediente. Se trata de una causa básicamente política que la mayoría de los juristas de renombre del país –Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier, entre otros– estuvieron de acuerdo con el juez Daniel Rafecas, el magistrado que tuvo la causa al principio, quien cerró el expediente por inexistencia de delito. “Se puede opinar que el texto era bueno o malo, constitucional o inconstitucional, pero no un delito”, sostuvieron en su momento los juristas. De hecho, el memorándum fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y nunca entró en vigencia. Es más, pese a que supuestamente beneficiaba a los sospechosos, quien primero se negó a convalidarlo fue Irán.
Aun así, impulsada por el gobierno de Cambiemos, sus apoyos mediáticos, la dirigencia de la comunidad judía, y las derechas de Estados Unidos e Israel, la causa siguió adelante y se dice que llegará a juicio en 2019 o 2020. La ex presidenta pidió que el juicio se inicie cuanto antes.
Groserías
El expediente del memorándum fue motivo de una cantidad insólita de irregularidades, empezando por una denuncia hecha a las apuradas por Nisman porque suponía que lo estaban por echar de la causa AMIA a raíz de que “viaja mucho y trabaja poco”, como sostenían los familiares de las víctimas. Después se armó una causa paralela, impulsada por los dirigentes de la comunidad judía, incluyendo una acusación por traición a la patria, un delito referido a la guerra, cuando nunca se declaró ninguna guerra con Irán.
Se aceptó también una escucha grabada en forma ilegal por un ex presidente de la DAIA y se esquivó el testimonio clave, del ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, quien públicamente destrozó la investigación señalando que el gobierno argentino nunca quiso favorecer a los iraníes ni levantar las capturas con alertas rojas.
El colmo llegó con la acusación a Noble de haber puesto la firma en un mail que –según la dirigencia comunitaria judía– fue redactado por Timerman. De esa manera se pretendió tildar al norteamericano, ex jefe del servicio secreto de Estados Unidos, de títere del gobierno argentino, algo que carece de toda lógica. El punto más delirante es que Noble recientemente pidió declarar en un país neutral por considerarse en forma tácita como un perseguido. O sea la Argentina pasó a ser una especie de Afganistán o Siria judicial, hostigando a un funcionario internacional del máximo nivel.
A semejante nivel de maniobras e irregularidades se llegó con el patrocinio de jueces y sobre todo camaristas –especialmente Martín Irurzun– e integrantes de la Casación –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky– que no sólo permitieron las jugarretas de todo tipo sino que hoy mantienen detenidos a personas con el argumento de que podrían obstaculizar la investigación. En los hechos concretos, hasta el propio juez mandó el expediente a juicio oral y viene afirmando que la pesquisa se concluyó hace rato.
