“Y usted... ¿ya cerró la fábrica?” Esa pregunta, que encierra la forma menos sutil de preguntarle a una mujer si planea tener más hijos, fue formulada con frecuencia y no hace tanto en las entrevistas del Consejo de la Magistratura a las aspirantes que concursan para a un cargo de jueza de primera instancia o camarista. Es una manera explícita de anunciarles que la maternidad y sus derivaciones serán un obstáculo para ser elegidas, sin importar sus capacidades y conocimientos. Es una concepción que, además, está tan arraigada que las mujeres desisten a menudo de postularse. Pero ahora, primera vez, una consejera –la camarista laboral Gabriela Vázquez– presentó un proyecto para modificar el reglamento de concursos y generar condiciones de igualdad. En primer lugar, propone garantizar a las mujeres un lugar en las ternas de candidatos y candidatas que sea proporcional a la cantidad de postulantes. Además, introduce un mecanismo de compensación en el puntaje ya que las mujeres en edad reproductiva y con hijos suelen verse en desventaja respecto de los varones en el rubro de antecedentes: la propuesta de Vázquez es que haya puntos por las llamadas “tareas de cuidado” que a muchas les dificultan en una etapa de la vida el desarrollo de estudios de posgrado, docencia y publicaciones. La evaluación con preguntas sobre perspectiva de género, si se aprobara esta iniciativa, sería obligatoria en todos los exámenes. La falta de mujeres cargos con capacidad de decisión en el Poder Judicial no sólo conspira contra la igualdad de oportunidades y trato en el plano laboral sino que facilita la prevalencia de estereotipos machistas en las decisiones judiciales.

Las condiciones y estereotipos de género que reinan en los concursos para el Poder Judicial son objeto de análisis en los talleres de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema, que se dedicó con intensidad al tema en tiempos de la jueza Carmen Argibay, que falleció en 2014. En esas actividades es donde se hace evidente cuán incorporados están los estereotipos de género en tribunales. Una jueza, por ejemplo, contó en uno de los encuentros que no se sentía discriminada, pero avanzada la actividad dijo que al momento del examen decidió ponerse ropa holgada para que nadie se diera cuenta de que estaba embarazada. En el contexto de una investigación sobre las tareas de cuidado en la agenda judicial, que después de 2015 la Corte decidió no publicar, las secretarias de tribunales que se presentaban a concurso relataron que una pregunta frecuente que les hacían en el Consejo de la Magistratura era cómo se las arreglarían para cuidar a sus hijos con todo lo que demanda el cargo. Una pregunta, además, impensable para un candidato varón. Ese relevamiento nunca mostrado oficialmente por el máximo tribunal ponía en evidencia los altos niveles de discriminación por género que reinan en el sistema de justicia.

Esta práctica, y el hecho concreto de que los antecedentes aportan muchos puntos (30 de 200) a la hora de concursar, pone claramente a las mujeres en un plano de desigualdad y explica por qué de todos los postulantes a hacerse cargo de un juzgado o conformar una cámara o tribunal oral sólo 27 por ciento son mujeres, según las estadísticas que recogió la OM. La proporción es coherente con la composición actual del Consejo, que es precisamente el órgano encargado de elegir y sancionar a jueces y juezas, donde hoy hay solo dos mujeres entre trece consejeros y ningún requisito de paridad para la conformación de los jurados que harán las evaluaciones. En el “mapa de género” del Poder Judicial muestra que en el total de la composición de la justicia nacional y federal el 71 por ciento son varones, el 29 restante son mujeres. En todo el abanico de tribunales se advierte que las mujeres pierden espacio a mayor jerarquía: en los tribunales superiores solo hay 24 por ciento de mujeres, en las cámaras 32 por ciento y en los juzgados de primera instancia 45 por ciento. En las provincias, hay siete superiores tribunales que no tienen ninguna mujer. Las mujeres sólo son mayoría, cerca de 55 por ciento, en los cargos de secretaria: paradójicamente son las que hacen el mayor trabajo, que los jueces varones en su mayoría, después firman.

El proyecto de Vázquez fue presentado el 22 de febrero y todavía no tuvo ningún tratamiento en el Consejo, tampoco está claro si lo tendrá. El paso inicial debería darlo la comisión de Reglamentación, que preside Rodolfo Urtubey, senador del PJ. Urtubey, suele estar involucrado en los proyectos  y reformas vinculados a sistema judicial. Es posible que en el Consejo plantee que la reforma reglamentaria para generar paridad debería estar incluida en una reforma legislativa, más aún teniendo en cuenta que el oficialismo impulsa un nuevo proyecto para reformarlo, según le dijo a PáginaI12. Lo cierto es que ese proyecto está en estado embrionario,  y el reglamento de concursos  es algo que establece y puede modificar en forma veloz el Consejo. “Es muy importante que hagamos acciones positivas para que haya más mujeres jueza y, para empezar, hay que discriminar positivamente. Hoy, por el tema de los cuidados, no pueden acceder en igualdad de condiciones que los varones. Quizá, además de compensar con puntos por cuidado hay que bajar el puntaje en academia”, señaló Vázquez a PáginaI12.

Los principales cambios que propone la camarista y consejera para garantizar la igualdad en el acceso de las mujeres a los cargos de jueza y camarista son:

  • Respetar una representación adecuada de mujeres en las ternas de candidatos y candidatas. Será en forma proporcional a la cantidad de concursantes. Por ejemplo, si el treinta por ciento son mujeres, la terna debe estar conformada por al menos una mujer si es un concurso para un solo cargo. Argentina suscribe numerosos compromisos internacionales, algunos con rango constitucional, según los cuales se debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres a los lugares de decisión: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, la Convención para la Eliminación de las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la plataforma de Acción de Beijing de 1995, la resolución de Naciones Unidas sobre la participación de mujer en la política de 2011, la Agenda para el Desarrollo sostenido de Naciones Unidas de 2015, entre las principales.  El quid de la cuestión será que más mujeres concursen, en cuanto sepan que lo harán en condiciones de igualdad de acuerdo a las modificaciones reglamentarias.
  • El jurado que interviene en los concursos deberá estar integrado por mitad de mujeres y mitad de varones para cada categoría.
  • En el examen se deberán incluir dos casos a ser abordados con perspectiva de género.

Dice Vázquez que es indispensable es perspectiva para garantizar “un trato igualitario a través de las decisiones judiciales, que contemple diferencias estructurales que enfrentan las mujeres”. El proyecto señala que los estereotipos de género “persisten en las sentencias”, las ideas sobre lo que deberían ser o hacer las personas “contamina la valoración de los hechos y las interpretaciones jurídicas, lo que afecta el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial. Señala algunos patrones, detectados a su vez por el organismo de seguimiento de la Convención de Belén Do Pará (de erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres): “la descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal” o “la asunción tácita de la responsabilidad de ella por hechos de violencia, ya sea por su forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor”. “Tener perspectiva de género es hoy una obligación constitucional”, dice la jueza.  

  • Se prevé un puntaje de hasta cinco puntos por “tareas de cuidado”, en una especie de discriminación positiva. Este punto suscita debates fuertes porque hay quienes creen que implica el riesgo de reforzar los estereotipos. Pero otro de vista plantea que la única forma de poner la complejidad de poner a la vista el hecho de que las mujeres -más allá de cambios culturales-siguen a cargo de tareas de la maternidad y cuidado de niños u otros adultos, lo que las pone en una situación de desventaja en un período de sus vidas en que son restringidas sus posibilidades de hacer estudios de posgrado, doctorado, ejercer la docencia, escribir libros y publicaciones, que son tópicos que suman muchos puntos en los concursos. La idea de otorgar puntos por tareas de cuidado surgió de otros países que la aplican, como en algunos sectores del Poder Judicial español. “Resulta necesario conciliar, por un lado, las obligaciones estatales de promover la corresponsabilidad de las tareas de cuidado (esto es, la distribución entre los géneros de las tareas domésticas y todo lo que implica el cuidado de las/os hijos/as, personas adultas y/o con discapacidad) y al mismo tiempo la consideración de que esta proyección del deber ser, aún no se da en la práctica, pues son las mujeres las que asumen estas tareas en mayor medida”, según muestra la consejera en los relevamientos de la OM y un trabajo llamado “¿Un techo de cristal en el Poder Judicial”, de Paola Bergallo.
  • Incorporar lenguaje inclusivo en lugar de usar el género masculino como representante de los dos sexos, ya que “el lenguaje influye sobre la percepción de la realidad y condiciona el pensamiento”.

El año pasado los consejeros firmaron un compromiso “interinstitucional de cooperación para fomentar la equidad de la mujer en distintos ámbitos”. Uno de los puntos habla del “acceso equitativo de las mujeres a los diferentes ámbitos laborales, teniendo presente el lema de 2017 de Naciones Unidas ‘las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030’”, lema que suele repetir también la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco. En los hechos, a lo largo de 2017 el Consejo avanzó poco en ese terreno. La única novedad notoria fue que en las entrevistas empezó a haber preguntas sobre perspectiva de género, aunque sólo las hacen las consejeras mujeres, Vázquez y Adriana Donato. Quizá los dos desafíos más grandes para este proyecto que implicaría un salto cultural enorme, es que la mayoría de los que lo analizarán son varones que, además, pertenecen a uno de los ámbitos más conservadores como es el judicial.