Con motivo de la renuncia de la doctora María Laura Garrigós a su condición de jueza penal, la jauría mediática asociada al gobierno ha lanzado una nueva oleada mentirosa y macartista sobre la naturaleza de Justicia Legítima, organización que la jueza dirigió hasta hace poco tiempo.

Cualquiera que lea de modo desprevenido, por ejemplo, la nota del periodista Julio Blanck en Clarín del 1ero de marzo último, podría tener la sensación de que el Poder Judicial luce como una institución ejemplar a la que un grupo de jueces está interesado, no se sabe por qué, en desprestigiar. En realidad sí se sabe por qué. El escriba le asigna a JL la función de “instrumento del kirchnerismo”, lo que solamente es posible sobre la base de una plenaria ignorancia de la trayectoria de sus fundadores en la defensa de una concepción crítica del sistema judicial vigente y en una conducta plenamente independiente de los partidos políticos y de los grupos poderosos del país. Pero lo que necesitan el gobierno y la corporación antijurídica que actúa en el poder judicial –y el artículo hace– es identificar a la organización con una experiencia política particular para, a partir de ahí, deducir el fin de su ciclo. Curiosamente, el mismo periodista vuelve a tomar la palabra días después para dar cuenta de la crítica situación del poder judicial en la Argentina, considerado insatisfactoriamente por una gran mayoría de argentinos y argentinas: parece, entonces, que una organización crítica de ese estado de cosas está lejos de haber cerrado su ciclo. Más allá del juicio negativo que surge de las encuestas, la corporación judicial se ha convertido hoy en la punta de lanza de la persecución política y en un punto de apoyo de las políticas de persecución y proscripción que hoy funcionan en nuestro país. Está claro que se pretende usar la estructura judicial para que juegue como reaseguro de una política de atropellos laborales, de reducción del salario, de restricción de derechos sociales, de encubrimiento de maniobras dudosas y escalas millonarias de funcionarios del más alto nivel y del fin de las políticas de memoria, verdad y justicia que tuvieron lugar durante los doce años anteriores a la asunción de Macri.

La injuria y la bravuconada periodística no merecerían más que un pudoroso silencio, si no fuera porque los principales medios de comunicación se convirtieron en una pieza esencial del avance hacia un nuevo régimen político signado por las políticas antipopulares y la restricción sistemática del funcionamiento del estado de derecho. La campaña mediática contra Justicia Legítima tiene el carácter del escrache macartista. Encaja perfectamente en el diseño de la política oficial porque pone el acento principal en la defensa de la constitución a la que se tilda de “garantismo” y en el compromiso con los derechos humanos que se pretende tachar como una definición facciosa. La verborragia provocativa suele preceder a las decisiones gubernamentales y judiciales: los medios construyen el mundo de los buenos y los malos y nunca falta un juez (casi siempre cercano al poder político) que toma cartas en el asunto y pone en marcha los mecanismos de la persecución estatal.

Lejos de haberse cerrado, el ciclo de JL está más vigente que nunca porque la democratización del poder judicial es una necesidad imperiosa de la democracia. El país vive hoy una etapa de grave desprestigio internacional por haber abandonado posiciones de defensa de los derechos humanos (anteriores y actuales), después de haber promovido legislaciones modernas y democráticas en lo civil, en lo procesal penal y en un amplio conjunto de cuestiones. Hoy Argentina le está mostrando al mundo el rostro de la represión salvaje e injustificada, de la persecución política, de los abusos de poder. Se llegó a insinuar un decreto para resolver la grave cuestión de los derechos de jubilados y pensionados. Se atacó a una procuradora ejemplar sobre la base de una denuncia de la que se dejó de hablar el mismo día de su renuncia.

El notable mérito de JL es el de batallar desde dentro del Poder Judicial por su transformación democrática. Sin embargo, la función y la responsabilidad de enfrentar este lamentable estado de nuestra vida institucional no son privativas de los jueces o del mundo del derecho. Es la posibilidad de la protesta pacífica, del disenso, de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley lo que está en juego. Justicia legítima es el reclamo de muchos trabajadores cesanteados, de muchas familias empobrecidas, del mundo de la universidad, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Justicia legítima es lo que está faltando en nuestro país. Y por eso el ataque contra esta institución es un hito más del atropello al estado de derecho.