La absolución de Carlos Carrascosa y el demoledor fallo, unánime, de Víctor Violini, Martín Ordoqui y Daniel Carral dejaron al descubierto una siniestra trama amparada por la corporación judicial que funcionó en San Isidro y La Plata. Es algo muy parecido a lo que pasa hoy en día en Comodoro Py: fiscales que se tapan unos a otros, jueces y cámaras que se cubren entre sí, para llevar adelante una ejecución dictada por la corporación judicial-política y los grandes medios.

Los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense enviaron copia de su fallo para que la Procuración le inicie un jury de enjuiciamiento al fiscal Diego Molina Pico, el que dio el puntapié inicial al armado de una historia con la que intentó proteger su carrera judicial.

La familia García Belsunce creyó que María Marta se había caído en la bañadera, en esencia porque la encontraron con medio cuerpo adentro del agua. Ninguno de los médicos que la asistió vio los balazos, de manera que siguieron creyendo que se murió por accidente. Horas más tarde, uno de los familiares, Juan Hurtig, planteó dudas, llamaron al fiscal y al jefe de Investigaciones de San Isidro que estuvieron en la vivienda, durante el velatorio, vieron el cuerpo, el baño y convalidaron que MM se había muerto en un accidente. Los médicos que hicieron la autopsia, 17 días más tarde, tampoco vieron los balazos, incluso después de que corrieran el pelo de la víctima. Recién se dieron cuenta que hubo un homicidio cuando decidieron, por rutina, abrir el cráneo y cayeron los proyectiles.

Molina Pico trató de tapar su gravísimo error –no hacer la autopsia– argumentando que la familia lo había engañado. Alimentó la historia de un crimen de ricos, en un country lujoso y fue armando pruebas inexistentes: que le habían puesto pegamento en la cabeza; que se trató de un crimen por dinero del Cártel de Juárez, que habían escondido el pituto, que quisieron cremar el cuerpo, que Carrascosa había estado en la casa antes o que la familia entera participó. Todo se comprobó falso, pero aun así el fiscal lo fogoneó a través de los grandes medios. Insistieron en que la familia trató de tapar las cosas cuando habían llamado a dos ambulancias, al fiscal, el jefe policial y cuando nada les impedía cremar el cuerpo para borrar todo rastro, no lo hicieron.

Lo cierto es que en la totalidad de la causa no apareció ni un solo testigo que hubiera oído o visto una discusión entre Carrascosa y María Marta; nunca nadie vio a Carrascosa con un arma; el ADN que se encontró en la escena del crimen no era de Carrascosa ni de ningún familiar; el dictamen forense indicó que el asesinato se cometió a las 18.15 y Carrascosa llegó más de media hora más tarde a la vivienda; al hombre de seguridad que dijo que lo vio llegar a Carrascosa cerca de las 19 lo procesaron por falso testimonio pese a las evidencias categóricas que surgían de las llamadas telefónicas y de las cámaras de seguridad.

Como señalan Violini, Carral y Ordoqui, el fiscal cambió diez veces su acusación y todo fue tolerado por la corporación judicial. 

Del expediente judicial salía claramente otra línea de investigación: todo indica que había personas robando en la casa de Carrascosa y María Marta; ella llegó sorpresivamente, se los encontró adentro y como conocía a los ladrones, la mataron. Eran tiempos de corralito y estaba dando vuelta el rumor de que Carrascosa tenía dinero en su vivienda. Es más, de la vivienda desapareció una caja con unos pocos fondos de una fundación.

Los antecedentes eran notorios: un vecino que perpetró varios robos anteriores y posteriores, que fue condenado a tres años de prisión por robos en casas, que incluso secuestró un perro. Y podría haber actuado con un familiar y en combinación con algunos miembros de la empresa de seguridad del country que también habían robado en casas. No pareció casualidad que justito ese día se apagó la alarma perimetral y se desconectó la cámara que daba a la casa.

Pero el fiscal nunca quiso avanzar por esa pista: apoyado por el aparato judicial-mediático se mantuvo en lo que le convenía para tapar sus errores. Es muy similar a lo que sucede hoy en Comodoro Py: no importa la justicia ni la verdad. Se arman causas paralelas, delitos inexistentes, se infla un inmenso globo mediático en el que no se distingue a verdaderos culpables de imputaciones que son esencialmente políticas.

Y, luego, para tapar pruebas inexistentes, peritajes adversos, maniobras grotescas, los fiscales son rescatados por jueces, unos magistrados apoyan a otros y los camaristas inventan resquicios para darle el visto bueno a los atropellos.

Al que opina distinto, la corporación mediática-judicial prácticamente lo tilda de traidor, de cómplice o de comprado. Así ocurrió durante 14 años con el caso García Belsunce.

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