En la sede de la obra social de camioneros se realizó un operativo judicial en busca de documentación solicitada por el juez federal Claudio Bonadio. El abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos negó que se haya tratado de un allanamiento sino que fue un procedimiento acordado donde se entregó "documentación bancaria, tributaria e institucional como se viene realizando con todas las otras denuncias".
La información que retiraron los efectivos de la Policía Federal están relacionadas con la denuncia de la diputada macrista, Graciela Ocaña, por presunta administración fraudulenta de la obra social. Pero también a la requerida por el juez de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, quien investiga la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
"Llegó un oficio de Bonadio pidiendo documentación y ya se llevaron todo el material", aseguró Llermanos. El abogado advirtió que la denuncia de Ocaña es infundada porque la obra social no es deficitaria por una mala administración sino "el pasivo que sufre la institución es responsabilidad del Estado Nacional que retiene los fondos". Señaló que esos dineros surgen de la retención "ilegal" de los aportes de los trabajadores. Es más, Llermanos indicó que la empresa de correo postal privada OCA adeuda unos 800 millones y que junto lo del Estado asciende "a 2300 millones de pesos".
En este caso, a diferencia de otras oportunidades, ni Llermanos ni los dirigentes de la obra social de camioneros hicieron alguna referencia a que este operativo estuviese relacionado con el enfrentamiento que los Moyanos mantienen con el gobierno de Cambiemos.
Incluso hubo cierta ausencia de coordinación a la hora de hablar con la prensa. Por caso, Llermanos negó que se haya entregado información referida la denuncia por presunto lavado de dinero por la compra que hizo Camioneros de un terreno en La Falda, Córdoba. Sin embargo, el secretario administrativo del gremio, Rodrigo Condorí, indicó que se entregó documentación sobre el caso de Córdoba: "Entregamos toda la información y podemos demostrar que no hubo una maniobra de lavado de dinero. No tenemos problemas ni nada que ocultar".
