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A cuatro años y un mes de la tragedia de Iron Mountain, se dictó el primer fallo judicial sobre el depósito incendiado de Barracas donde murieron diez servidores públicos entre bomberos y personal de Defensa y Civil. El juez de instrucción Pablo Ormaechea procesó a doce funcionarios porteños que se desempeñaban durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, a tres altos ejecutivos de la empresa estadounidense, al director de la compañía que hacia el mantenimiento en la planta y a un empleado de seguridad. Todos quedaron embargados por sumas que van de los 7 a los 20 millones de pesos en la causa caratulada “Berkowski, Vanesa Ileana y otros sobre incendio culposo seguido de muerte”. La mujer había ocupado el cargo más alto en la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC, al igual que Rafael Roldán y Pedro Luis Chapar, a quienes el magistrado consideró “negligentes en el ejercicio de su función”. Para los familiares de las víctimas, este es el puntapié inicial de un largo proceso. Rolando Monticelli, padre de Matías –uno de los bomberos fallecidos en IM– le dijo a PáginaI12 que “se debe llegar hasta Gómez Centurión y a Macri”.
El expediente en el que basó su resolución el juzgado de Instrucción Nº 18 tiene 494 fojas y es un detallado informe, paso a paso, de cada uno de los hechos que desembocaron en el siniestro del 5 de febrero de 2014. Del fallo se desprende que con su conducta los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) “incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia en los resultados finales objeto de esta investigación, habida cuenta de que la falta de control sobre el predio de Azara 1245 de esta ciudad desde el 15 de marzo de 2010, por no haber formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación operativa anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en la falta de corrección de las fallas del sistema contra incendio.”
Tres ejecutivos con importantes cargos en Iron Mountain al momento del incendio, el director de Seguridad e Higiene de la empresa para América latina, el chileno Eduardo Alfredo Sueyras Parra; el gerente general de IM Argentina, Guillermo Eduardo Lockhart y el jefe de Seguridad e Higiene de IM Argentina, Héctor Eduardo García, fueron embargados con las sumas más altas dispuestas por el juez: 20 millones. Con la misma cifra quedaron afectados por el fallo, el director de Climate, Control & Security SA (tenía a cargo el mantenimiento del depósito) Christian Walter Castiñeiras y el empleado de Segurplus SA, la compañía que custodiaba el predio incendiado, Oscar Alfredo Godoy. La resolución alcanzó también a cuatro inspectores de la AGC porteña que recibieron embargos por 7 millones.
Así como diecisiete personas fueron procesadas, otras dieciocho quedaron sobreseídas, entre ellas el comisario Raúl Arbor, jefe del Departamento Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales de la Policía Federal. La fiscalía había sostenido que “en un solo día se presentaron los planos, se realizó la verificación in situ, se confeccionó el informe técnico y se emitió el certificado de aprobación” del depósito siniestrado. Los abogados de las familias de las víctimas, Miguel Arce Aggeo y Javier Moral coinciden en que Arbor es el más importante de los imputados que zafó de la resolución del Juzgado Nº18. Pero sostienen que apelarán nuevamente.
Distintos puntos del fallo resultan muy descriptivos sobre las irregularidades detectadas por Ormaechea durante la instrucción de la causa. Sobre Godoy, el empleado de seguridad que se encontraba en IM cuando comenzó el incendio, dice que silenció tres veces la alarma de alerta y una vez la de acción. El magistrado señala que hubo obstrucción en los rociadores de agua; estanterías mal cargadas que por carencia de espacio impidieron que el agua penetrase para sofocar el siniestro; la presurización de la red de incendio por debajo de los estándares requeridos; una alimentación impropia de los comandos y regulación incorrecta de los arranques automáticos de las electrobombas de incendio y el retardo en la apertura del primer rociador a consecuencia de las obstrucciones que tenían todos los que había en el depósito de Barracas.
Sobre los funcionarios procesados de la AGC que conducía el actual vicepresidente del Banco Nación, Juan José Gómez Centurión, hay un nombre que se repite en tragedias emblemáticas ocasionadas por la corrupción y la consiguiente falta de controles: Cromañón, Beara, Iron Mountain. Es el de la ex directora Berkowski, hoy designada en la Secretaría de Deporte de la Nación que depende de la Secretaría de la Presidencia. Se incorporó de manera transitoria como coordinadora operativa el 7 de junio de 2016.
También aparece el francés Luis Pedro Chapar o Pierre Louis Chapar, un funcionario todoterreno que perdura en puestos claves desde la gestión de Macri en la ciudad. Fue director general de Infraestructura de Actividades Deportivas en la subsecretaría porteña que dirigía el ex rugbier Francisco Irarrazaval. Tuvo a cargo la Dirección de Gestión de Faltas Especiales (Dgcfe) antes de quedar al frente de la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyc) que derivó en su procesamiento judicial. El año pasado terminó en la Aduana con su jefe anterior de la AGC, el militar Gómez Centurión. Este diario intentó chequear si continuaba en aquel organismo integrado a la AFIP, pero la oficina de prensa de ésta última no confirmó ni desmintió la información.
Los restantes funcionarios procesados y embargados por el juez Ormaechea son el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas Luis Alberto Cogo; el director de Industrias y otros Locales Roberto José Chiesa; la jefa del Departamento de Programación Operativa Silvia Miriam Hers y los responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni. Los cuatro inspectores que quedaron en similares condiciones judiciales son Felix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld y Alberto Daniel Graciani.
Conocido el fallo de IM que despejaría el camino hacia el juicio oral, uno de los principales especialistas en el tema, el ex legislador, actual defensor del Pueblo de la CABA y autor de un libro sobre el caso, Gabriel Fucks, señaló en un comunicado: “La Justicia finalmente está poniendo la responsabilidad del Estado en el centro de la escena. La mayoría de los procesados forman parte de la AGC, lo que ratifica aquello que muchos venimos señalando desde un principio: la acción criminal del incendio nunca se hubiera desarrollado si no fuera por la ausencia del Estado”. Fucks también pidió que Goméz Centurión sea citado a declarar por la Justicia.
