El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió apartar de manera preventiva, por noventa días, al fiscal Washington Palacios, quien quiso investigar posibles irregularidades en el caso del robo en la casa de Sergio Massa así como las amenazas a un testigo de los allanamientos posteriores, pero fue acusado de intentar favorecer al agente de Prefectura imputado por sustrae el dinero del líder del Frente Renovador. El testigo en cuestión declaró, por ejemplo, que la policía y el fiscal Mariano Magaz le indicaron que no debía decir que el dinero robado era más que el que figuraba en el acta del procedimiento que presenció. Ocho integrantes del jurado contra dos consideraron que ésa es una versión armada. “La decisión de apartarme es un mensaje para disciplinar a los fiscales que quieran investigar cuestiones que tocan intereses políticos. El hecho de que yo analizara dudas sobre un allanamiento no tenía por qué hacer caer la prueba en contra del prefecto implicado en el robo a Massa, que era mucha”, le dijo Palacios a PáginaI12.

 Palacios no tenía a cargo la causa del robo en la casa del ex intendente de Tigre sino Magaz, de conocida afinidad con el massismo. Lo que el fiscal apartado investigaba era la denuncia de César Jaunarena, un chico de 21 años que había sido llevado por la policía como testigo de los allanamientos en la casa del prefecto Alcides Díaz Gorgonio un día después del robo a Massa. En su presentación, el joven dijo que recibía amenazas telefónicas de muerte y que su madre era intimidada, lo que le atribuía a la policía. Reveló que cuando terminó el operativo en la casa de Díaz Gorgonio uno de los agentes que le escatimaba el acta final le dijo que a lo sumo vería que figuraba menos dinero que el hallado. Precisó que la última hoja había sido modificada (ahí figuraba la plata secuestrada). También dijo que el fiscal Magaz le indicó, con posterioridad, que no debía decir que el dinero incautado era más que el que figuraban porque “Massa no tenía declarado todo lo que le robaron”. Cuando accedió al acta, Palacios advirtió que en la última página una de las firmas habría sido falsificada y faltaban otras: la de Jaunarena, la del imputado y la del comisario a cargo, Gabriel Natiello. “Tengo el deber de investigar y como fiscal de Pilar debía hacerlo respecto del personal policial”, señaló.

El apartamiento preventivo lo deja fuera del cargo por tres meses aunque cobra su sueldo. El jurado sostuvo que hay indicios de que podría haber incurrido en faltas o delitos en su función. La mayoría estuvo integrada por la presidenta del jury, que es la jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan, la senadora Carolina Szelagowski (PJ), los senadores Julio Dileo (PRO) y Hernán Albisu (FR) y los abogados Pablo Perrino, Hernán Colli, Abraham Waismann y Graciela Amione. A Palacios lo apoyaron el diputado Guillermo Castello (Coalición Cívica) y el abogado Francisco Alconada Sempé. El diputado Santiago Revora (Frente para la Victoria) no estuvo. La reunión fue larguísima. Los abogados del jurado tienen tiempo hasta febrero, se votó la prórroga y hubo empate. Ergo, resolvieron a las apuradas.

La denuncia contra Palacios fue presentada por el senador massista Jorge D’Onofrio y sumó otra igual el fiscal Claudio Scapolán, ex titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) del departamento de San Isidro, quien había logrado sacarle la causa a Palacios. Esa unidad fue recientemente disuelta por denuncias de Elisa Carrió. Scapolán fue y es mano derecha del fiscal general de San Isidro, suspendido en su cargo, Julio Novo, procesado por el encubrimiento de una organización dedicada al narcotráfico y el doble crimen de Unicenter. Palacios pertenece a un grupo de fiscales que desde 2009 denunciaban a Novo por distintas irregularidades. “Novo es de conocido vínculo con el massismo”, recordó Palacios.

La mayoría del jurado se basó en una serie de elementos que, dicen, le daría verosimilitud a la teoría de que habría querido proteger al prefecto y desviar la investigación. Una es una declaración del comisario Natiello, quien acusa a Palacios de querer cambiar su declaración sobre el allanamiento (donde él era la máxima autoridad y tendría responsabilidad); la otra es una declaración de la secretaria de Palacios, quien señaló que el fiscal le ocultaba la causa y que ella firmó declaraciones en las que no estuvo presente (pero reconoce su firma); también se basan en comunicaciones del abogado del testigo con el fiscal Palacios; y en una escucha de la esposa del prefecto Díaz Gorgonio a quien Palacios le dice que seguramente la estaban escuchando, que era mejor que conversaran personalmente si ella tenía algo que denunciar, de lo contrario algún interesado usaría la charla para embarrar la cancha.  

Palacios en su descargo dijo que nunca habló con Natiello, quien tampoco podía ser oído como testigo porque podía estar implicado en “graves hechos delictivos”; rechazó haber conocido a Jaunarena antes de su denuncia; negó ocultar la causa, que remitió a la fiscalía general, la de investigaciones complejas, el Ministerio de Seguridad y a la Procuración. Las comunicaciones que tuvo con la esposa del prefecto acusado, aclaró, fueron porque ella era una testigo del allanamiento y además “refiere ser damnificada por el accionar de los funcionarios que practicaron los allanamientos”.

 “Investigué en ejercicio de mi competencia y jamás busqué beneficiar al prefecto, que fue condenado a 18 años de prisión”, sostuvo Palacios. “Aún falta  saber –enfatizó– qué pasó en el allanamiento, por qué se adulteró el acta y cuánto dinero se le robó a Massa.”  Ahora hay un período de prueba en el jury y pasa a análisis de una comisión bicameral y de la Procuración.