Las pequeñas y medianas empresas sufren el efecto tenaza de aumento en los costos, producto de los tarifazos en los servicios regulados y el derivado de la devaluación, y caída en las ventas. El resultado es que más de la mitad de este universo se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. “Un 43 por ciento de las empresas empleadoras industriales consultadas indicaron que están al 50 por ciento o menos de su capacidad industrial utilizada”, señala un relevamiento realizado para el último trimestre del año pasado por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). El documento aclara que, si se toma en cuenta, el tamaño de las empresas que están dentro de la zona de vulnerabilidad económica son micro y pequeñas que cuentan con menos de 50 trabajadores.
La ENAC es un movimiento que reúne a representantes de unas cien pymes nacionales, cooperativas y empresas recuperadas nacionales de diversos sectores. En su último informe trimestral de la Encuesta de Expectativas Económicas, realizado sobre un universo de 358 emprendimientos ubicados principalmente en la región metropolitana, se destaca que la capacidad instalada de las pymes está varios puntos por debajo de la media de la economía. “Si bien el promedio de todas las industrias empleadoras consultadas está al 60 por ciento de su capacidad industrial utilizada, este nivel se encuentra 4 por ciento por debajo de lo informado por el Indec, que mide principalmente a las grandes plantas fabriles de la Argentina”, señala. Incluso para la actividad en general, la utilización de la capacidad instalada se encuentra cinco puntos por debajo del 70 que promedio 2014-2015.
“A esto hay que sumar tarifas y aumento de impuestos. Estamos ante un esquema de pinzas de caída de ventas y costos en aumento. Entendemos que hay que generar políticas públicas discriminadas entre pequeñas y grandes empresas”, dijo a este diario Leo Bilanski, presidente de ENAC. “El problema es que se achica el mercado interno porque no lo cuidan y atacan los ingresos de los asalariados”, agregó Bilanski, directivo además de una pyme del rubro servicios. En las pymes es donde se conjuga el peor escenario de la política económica y son las más afectadas por la suba de los costos de los servicios públicos, como energía, gas, agua, combustible y peajes, entre otros. Del universo relevado, el 19,9 por ciento representa a firmas unipersonales, el 79,4 cuentan con entre 5 y 500 empleados y sólo el 0,7 por ciento tiene más de 500 empleados. El 31 por ciento de esas firmas registró una caída en el nivel de actividad, con un retroceso de ventas en el tercer trimestre de 10 por ciento.
La encuesta revela que el 91 por ciento de los consultados sufrió un aumento de los costos fijos en el último trimestre, y un 83 por ciento, en los variables. “Debido a esta causa, un 69 por ciento de estas empresas lo trasladará parcial o totalmente a los precios de sus productos o de sus servicios”, aseguró Bilanski. Esto generará mayores presiones sobre la tasa de inflación y resentirá aún más el nivel de ventas, lo que augura un flojo 2018. “Tres de cada cuatro consultados estima que la inflación este año estará por encima del 22 por ciento, lejos del 15 que asegura el Gobierno”, dijo el directivo.
Consultados sobre la situación económica del país para este año, un 52,2 por ciento de los empresarios consideró será “malo o muy malo”, predominando la visión de que se asemejará al desempeño de 2016, un período de fuerte estancamiento. Un 33 por ciento considera será similar a 2017 y sólo un 14,8 por ciento espera que sea mejor que el año pasado. “El problema es que el año pasado la actividad recibió una inyección por parte de la obra pública y hay un componente industrial fuerte vinculado con esa actividad que le fue muy bien. Pero cuando se recorta esa inversión vuelve a mermar ese recurso”, detalló Bilanski. “Las primeras que sufren el recorte de la obra pública somos las pymes y las primeras en beneficiarse de la reactivación son las grandes, con lo cual somos las que financian ese gasto para sobrevivir”, agregó.
También se expresaron respecto de las políticas tarifarias. En general hay 80 por ciento de desaprobación sobre la política de adecuamiento de los precios tanto en impuestos, servicios o transporte. “En los principales polos industriales siguen los cortes aunque nos vendan la energía precios de mercado”, concluyó Bilanski.
