En lo que respecta al cuerpo de la mujer, la narrativa legal estatal parece no encontrar maneras efectivas de incorporar luchas emancipadoras de las mujeres a sus fines más generales, salvo cuestiones puntuales como leyes de reconocimiento de la discriminación hacia las mujeres, leyes de violencia y recientemente la ley del cupo femenino, entre otras. Dentro de las luchas en pos de los derechos de las mujeres, específicamente la que busca legalizar la práctica abortiva resulta de las de mayores resistencias. La narrativa estatal porta la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673/2003) que no logra su plena reglamentación en todo el territorio de la Argentina.
Las mujeres hemos reclamado el derecho al aborto como un derecho no reproductivo anclado en la autonomía corporal. Sin embargo, si es leído simplemente como derecho civil o libertad individual, lamentablemente trae aparejado, al apelar al imaginario del individualismo liberal, el problema de los derechos enfrentados. Pero no es un derecho individual lo que está en discusión, sino colectivo. Cuando una mujer habla de su experiencia de abortar, no solo habla en un sentido individual de la esfera de lo íntimo, sino que pone en juego el cuerpo de las mujeres en su dimensión política.
Hablar del derecho de las mujeres a abortar como si no tuviésemos ese poder, marca que es un derecho arrebatado. El cuerpo de las mujeres es de otro, del marido, del patrón, del médico, del hijo, del Estado, de Dios. El discurso médico-legal tiende a construir el cuerpo de las mujeres como un cuerpo público, y esto implica una operación donde el cuerpo de la mujer ya no es de ella, porque precisamente le pertenece a lo público.
El aborto es legal en nuestro país sólo bajo algunas causas reguladas por el Código Penal. Abortar bajo circunstancia no inscriptas en el artículo 86 inciso 1 y 2 de dicho Código es delito penal, pero las mujeres abortan igual. No tienen el derecho, pero tienen el poder. Podemos afirmar que la lucha por el derecho no es otra cosa que una contienda en el campo discursivo. Existe en esta lucha una necesidad subyacente de inscripción histórica de una práctica, que en un momento fue sólo eso, una, dentro de las prácticas no reproductivas, y que luego fue transformándose en un lugar de muerte, dolor y oscurantismo.
Las mujeres ejercen un poder al que no tienen derecho. En él reside la fuerza que hace valer la lucha por la legalización del aborto. Quienes rechazan esa fuerza niegan la parte de guerreras que las mujeres tenemos en la experiencia, desconocen ese poder como si fuera peligroso. Y lo es.
Con la prohibición del aborto o su burocratización y las múltiples objeciones de conciencia que realizan instituciones de salud, no se intenta controlar la práctica, sino el cuerpo de las mujeres.
Hace varios años comenzaron a funcionar espacios de consejerías pre y post aborto con una distribución desigual en el territorio argentino, que en general no se encuentran publicitadas, y a los cuales las mujeres acuden por la información de boca en boca.
Las consejerías son un espacio de encuentro en donde se promueve la toma de decisiones consciente, autónoma e informada, en general, con provisión de misoprostol para aborto ambulatorio en embarazos de primer trimestre. Se abordan temas vinculados a la sexualidad, los métodos anticonceptivos, situaciones de violencia, entre otros. En dichos espacios los profesionales de la salud hablamos y escuchamos a las mujeres decir sobre el aborto. Esta práctica de salud, es así, retomada en el marco de la salud sexual y no reproductiva de las mujeres. En este sentido, la regulación debería ser entendida como un instrumento para reducir o eliminar las barreras de acceso de las mujeres a los servicios de salud, y como una manera de brindar claridad y certidumbre a los profesionales acerca del cómo llevar adelante la práctica. El cierre de espacios de consejerías o la falta de nombramiento de profesionales para sostenerlos atenta contra la posibilidad de estas luchas en torno a la inscripción legal.
Para los profesionales de la salud, visibilizar los efectos del discurso en la vida cotidiana de las personas que nos consultan, intervenir no soslayando estructuras históricas en juego que atraviesan al colectivo de mujeres y se inscriben en historias familiares y personales, es un desafío. Pero no es sólo un desafío personal, sino que toma su fuerza del trabajo reconocido y apoyado por las narrativas estatales. Si no es sólo apelar a la buena voluntad. Para las mujeres que nos consultan sería una especie de “suerte con que profesional te toca”. Por el contrario, de lo que se trata es la garantizar un derecho. Sabemos que los espacios de consejerías son un punto de partida, en la conquista del aborto libre, legal y gratuito.
La regulación de una práctica médica debería dejar de estar enunciada en el código penal y los profesionales de la salud deberíamos poder abrir y sostener espacios donde circulen las voces de las mujeres y sus trayectorias para que ellas puedan ir en busca sus cuerpos.
* Psicóloga. Profesional del equipo de consejería pre y post aborto CABA.
