A los 90 años murió en el Hospital Militar Reynaldo Benito Bignone, el genocida y último militar que estuvo al frente del último gobierno de facto de la Argentina. Fue el presidente que en 1983 hizo el inevitable llamado a elecciones democráticas, ante una dictadura jaqueda tras la derrota de Malvinas, la debacle económica y la resistencia popular. Con el advenimiento de la democracia fue juzgado y condenado a prisión perpetua por allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios, todos delitos de lesa humanidad a los que le sumó el saqueo de las pertenencias de sus víctimas.

Bignone fue el cuarto y último en la zaga siniestra de presidentes-dictadores iniciada por Jorge Rafael Videla en 1976. El 10 de julio de 1982, días después del fin de la guerra de Atlántico Sur, sucedió en el poder de facto al autor de esa aventura, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien antes de abandonar la Casa Rosada luego de la masiva movilización popular tras la rendición ante Gran Bretaña en junio de 1982 había dicho que las urnas estaban bien guardadas.

Al último dictador se lo recuerda por su imagen en el traspaso de los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, pero antes de ello intentó lograr impunidad para él y sus secuaces cuando dictó los decretos que ordenaron la supuesta destrucción de los archivos de la represión de Estado y el otro de "amnistía" y "pacificación nacional", que tenía el fin de "reconciliar" a la sociedad.

Nunca se arrepintió de los crímenes que mandó a ejecutar ni de los que fue cómplice. Por el contrario, se defendió de todas las acusaciones en su contra y justificó las matanzas en cuanta oportunidad tuvo. "La lucha contra el terrorismo en los sesenta y en los setenta se trató de una guerra contra integrantes de grupos subversivos que no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas", sino que tenían el objetivo de "la toma del poder por la fuerza subversiva", dijo.

Entre tantas otras frases siniestras se lo recuerda por haber sostenido en una entrevista televisiva que los desaparecidos fueron “sólo fueron ocho mil”. También dijo que en el país se había librado una guerra que “fue iniciada por las organizaciones terroristas”.

Además, arengó a quienes en democracia reivindican la dictadura. En 2006 se conoció una carta que le envió a una agrupación llamada Argentinos por la Memoria Completa, destinada a defender el terrorismo de Estado. A sus integrantes los llamó “modernos Quijotes”, los convocó a “arremeter” contra aquellos que “cargados de odio, deformaron la moderna historia argentina” y les dejó un encargo macabro: “Terminen lo que nosotros no pudimos terminar”.

Bignone fue jefe del Estado Mayor y más tarde comandante de Institutos Militares, el organismo encargado de formación de oficiales. Recibió conscriptos, varios de ellos desaparecidos bajo bandera, y estuvo al frente de Campo de Mayo -lugar el gobierno de Mauricio Macri pretende convertir en un Parque Nacional-, donde funcionó uno de los tres grandes campos de concentración junto con La Perla, en Córdoba, y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En los juicios por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se lo halló responsable de los asesinatos y desapariciones de “colimbas” que hacían el servicio militar. También fue condenado por detenciones ilegales en el Hospital Posadas, de Morón, cuando se desempeñó como responsable de ese centro sanitario en su rol de delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social.

Quedaron comprobadas también sus responsabilidades en el Plan Cóndor, con el que las dictaduras del Conosur persiguieron, detuvieron ilegalmente y mataron a militantes identificados como tales en sus países de origen.

Juró proteger a sus camaradas criminales hasta la muerte. Ante el tribunal que lo juzgó por los delitos en Campo de Mayo dijo: “Para el momento supremo de dejar este mundo, resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos”.