El informe que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) le entregó al juez Alejo Ramos Padilla se limita a enumerar las carpetas, documentos y mensajes de texto encontrados en la computadora y los celulares del falso abogado Marcelo D'Alessio. El trabajo principal consistió en vincular, por las fechas, los temas y los contenidos, lo que se detectó en los distintos soportes. El informe no tiene la menor relación con lo que los medios oficialistas tratan de instalar como la "criminalización del periodismo". Por ejemplo, la CPM detectó la manera en que D'Alessio armó, con membretes falsos de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Israel, documentos apócrifos sobre lo que se llamó "la mafia de los contenedores". En las computadoras están los archivos originales. Luego, aparecen los mensajes de texto y fotos con los que D'Alessio le propuso a varios periodistas que hagan programas o notas escritas sobre ese tema y les ofreció el material falso, así como elementos que acumuló con espionaje ilegal: entradas al sistema de Migraciones, fotos tomadas por él de las casas de los protagonistas o planillas de llamadas de los celulares, todo conseguido de manera fraudulenta. Lo que no aparece en computadoras y celulares es el paso siguiente: la extorsión. Por ejemplo en el caso llamado "la mafia de los contenedores", D'Alessio pidió centenares de miles de dólares a un despachante llamado Gabriel Traficante, antes y después de las notas en los diarios y televisión. La CPM no evalúa de ninguna manera el trabajo de los periodistas que se nutrieron de lo que les pasó D'Alessio, además de que tuvieron otras fuentes.

Las 200 páginas del informe de la CPM se concentran en lo que se le encontró a D'Alessio en el allanamiento a su vivienda. De manera que todo tiene como eje al falso abogado, no a los medios de prensa. Lo que sucede es que D'Alessio se aprovechó de sus vínculos con periodistas para incentivar la publicación de una parte de lo conseguido por espionaje ilegal o directamente falsificando documentos.

Los objetivos fueron tres:

*Extorsionar a los supuestos imputados.

*Influenciar a la opinión pública en contra de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

*Incidir en las causas judiciales presionando a "arrepentidos" o direccionando sus declaraciones.

En la denuncia original que investiga Ramos Padilla, la extorsión del empresario Pedro Etchebest, el falso abogado concretó su pedido de dinero --300.000 dólares-- diciendo que podía arreglarle, a través de Carlos Stornelli, que no lo involucren en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Para exhibirle su poder, D'Alessio le mostró que tenía todas las entradas y salidas del país de Etchebest y su familia, las llamadas telefónicas y otros datos económicos. Y al mismo tiempo alardeó que podía hacer caer a un integrante de la Auditoría General de la Nación --"la semana que viene me lo cargo"--, algo que demostraba con su supuesto poder para que se publicaran notas periodísticas sobre ese tema. La CPM de ninguna manera dice que eso involucra en un delito a los periodistas: sólo transcribe los mensajes y las notas que luego D'Alessio usaba para sus operaciones, en este caso sacarle dinero a Etchebest.

Un ejemplo claro es lo ocurrido con la llamada Mafia de los Contenedores. El ahora detenido D'Alessio hizo un gran despliegue de espionaje ilegal: en su computadora se encontraron datos sobre un aduanero, Gabriel Traficante, obtenidos de archivos confidenciales de la Anses, de Migraciones, de las telefónicas. También produjo informes truchos con el membrete de la Embajada de Estados Unidos y del Israel Ministry of Defense. Hay algún documento con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que la CPM no puede certificar que es original, pero señala que el formato es típico de la ex SIDE. A esto se agregan fotos y más fotos de la casa, los vehículos y la familia de Traficante.

En el material analizado por la CPM hay diálogos de D'Alessio con varios periodistas "ofreciéndoles" que hagan notas escritas y en televisión involucrando a Traficante como una especie de gran jefe de la mafia de los contenedores. Y, por supuesto, vinculando al aduanero con el kirchnerismo. La realidad es que Traficante nunca fue procesado y ni siquiera la fiscalía o las querellas le pidieron la indagatoria al juez Marcelo Aguinsky. En la escena hay una aduanera, también señalada por D'Alessio en su material, Gladys Fernández, que habría participado en sacar ilegalmente de la Aduana un contenedor. Sin embargo, la mafia de los contenedores era otra cosa, se habla de unos mil contenedores, pero Fernández era, supuestamente, kirchnerista.

Detrás de escena, por supuesto, D'Alessio extorsionó a Traficante y le pidió medio millón de dólares para esquivar una causa penal en la que nunca estuvo involucrado y para frenar la ofensiva periodística que igual no podría haber frenado porque no tenía semejante dominio de los periodistas. Lo que hizo la CPM es simplemente transcribir cómo el falso abogado hizo las operaciones, lo que surge de lo que la Comisión encontró en las computadoras y celulares de D'Alessio.

Las carpetas y documentos exhiben los mismos mecanismos en varios otros casos, lo que incluye las jugadas para que Leonardo Fariña involucre a Ricardo Echegaray en una causa judicial; la propuesta de hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; la manipulación de la causa por la compra del Gas Natural Licuado y, una de las más graves, la extorsión al empresario Mario Cifuentes.

La histeria mostrada por los grandes diarios y algunas organizaciones periodísticas sólo se explica como defensa del procesado Daniel Santoro. Sucede que en el caso de Cifuentes, dueño de la empresa de servicios petroleros, OPS, Santoro aparece involucrado --según la mirada del juez-- en la extorsión protagonizada por D'Alessio. El falso abogado le pedía 1.200.000 dólares a Cifuentes para "arreglarle" su situación en la Afip y en la quiebra de su empresa y le dijo: "¿no querés pagar? Mirá Animales Sueltos esta noche". Las grabaciones que están en la causa demuestran que Santoro salió al aire dos veces, en dos días consecutivos, en el programa Animales Sueltos mencionando la sigla OPS, la empresa de Cifuentes. El periodista en realidad hablaba de la constructora del departamento que falsamente se le atribuyó a Lula en Brasil. En la indagatoria, Santoro dijo que se equivocó, que quería mencionar la empresa brasileña OAS, pero que en un programa en vivo "uno se equivoca". También Santoro erró con una cifra y justito mencionó 1.200.000 dólares, el dinero que estaba exigiendo D'Alessio, y no de los 650.000 dólares en los que Clarín valuó el departamento de Lula ese mismo día. Al juez Ramos Padilla las explicaciones de Santoro le parecieron carentes de solidez y lo procesó.

Pero el informe de la CPM no se ocupó para nada de calificar o de evaluar a los periodistas ni de señalar si alguno incurrió en un delito. La CPM se limitó a analizar lo que se encontró en la casa de un detenido que espió ilegalmente, que extorsionó y que armó operaciones para influir en la opinión pública, direccionándola contra los gobiernos kirchneristas. El juez y el fiscal evaluaron y evaluarán después si hay motivos para imputar. Tal vez lo que molesta es que queda expuesta la conducta de varios periodistas, fanatizados en su alineamiento con el macrismo, y a los que les importó poco recibir el material de dónde sea. La clave, lo decisivo para ellos, fue que sirviera para su cruzada anti-K.