La nueva norma prevé que el registro de datos genéticos genere en los agresores "una sensación de mayor control" y "la pérdida del sentimiento de anonimato e impunidad cuando se trata de reincidentes”. Asimismo contempla la creación de una Comisión Nacional de control del registro, integrada por un representante de cada uno de los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Ciencia, que deberá coordinar, articular, brindar asesoramiento y seguimiento a la implementación y funcionamiento del registro.
La ley 26.879 también establece la elaboración de protocolos de actuación y pautas de recolección, transporte, conservación y digitalización de la información genética brindada por la Justicia.
En la Cámara baja, mientras tanto, queda pendiente el debate de una iniciativa impulsada por Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos), que ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones correspondientes, que propone que el registro sea de acceso libre y que cualquier persona pueda consultar la base de datos (el domicilio real y el laboral de los condenados por delitos sexuales, además de su fotografía, que deberá actualizarse cada tres años) en la comisaría más cercana.
