El Gobierno incrementó la presión sobre el juez que debe investigar el asesinato de Rafael Nahuel para que detenga sus intentos de llegar a una solución no violenta con la comunidad mapuche. Tras una reunión de gabinete, en la que el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que el Gobierno está disconforme con la decisión del juez Gustavo Villanueva de avanzar en una negociación con los mapuches para poder ingresar a buscar pruebas. La secretaría de Derechos Humanos, de hecho, emitió un comunicado para aclarar que no participaba de la mesa de diálogo “con los ocupantes ilegales”. Además, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución que les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideren que no son legales.

Luego del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, el Gobierno salió a justificar a la Prefectura y a asegurar que se dio en el contexto de un enfrentamiento armado con los mapuches. Cuando le pidieron pruebas, la ministra Bullrich dijo que no las necesitaba y le indicó al juez que debía apresurarse a desalojar el predio ocupado por los mapuches. Desde el Gobierno expresaron su desagrado por que el magistrado no haya ordenado una nueva incursión para sacar a los ocupantes. 

Así lo planteó Peña a la salida de una reunión de Gabinete, en la que el Presidente se dedicó a reclamar que se respete a la policía y a la ley. Según publicó el diario Clarín, Macri sostuvo que los prefectos no deberían haber intentado llamar para pedir permiso antes de abrir fuego con balas de plomo: deberían haberlo hecho sin consultar. “Hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”, aseguró el Presidente, quien reclamó: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse.” Todas sus intervenciones fueron en ese sentido. 

Algunos de los ministros que asistieron a esa reunión relativizaron ante PáginaI12 que el Presidente haya sido tan taxativo (sostuvieron que abogó por no utilizar la violencia y por el respeto de la ley), mientras que otros indicaron que el sentido general de lo conversado fue un respaldo a Bullrich y al accionar de Prefectura.

“Patricia tiene el respaldo del Presidente y está fuerte. Subió en las encuestas después del caso Maldonado”, advirtieron en el Ministerio de Seguridad ante los pedidos de interpelación y de renuncia que vienen de la oposición y algunos organismos de derechos humanos, a los que en el Gobierno desprecian abiertamente. 

Terminada la reunión de gabinete, Peña salió con un objetivo claro: cuestionar el accionar del juez Villanueva, que debe investigar el asesinato de Nahuel y marcarle cuál debe ser el camino a seguir. Sostuvo que el Gobierno está preocupado porque el magistrado no asegura “las pruebas y la información” y no concreta el desalojo de los mapuches. “Da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial”, indicó el jefe de Gabinete. En el Gobierno, reclaman que el juez dé una nueva orden para avanzar en el desalojo y, en ese caso, las fuerzas federales procederán a ingresar, reprimir y detener a los mapuches por el delito de usurpación. 

El diputado oficialista Waldo Wolff sugirió, incluso, que “se debería tomar alguna medida contra el juez si no actúa. Hasta que la justicia no se ponga los pantalones nosotros vamos a seguir discutiendo”. El rechazo a la vía negociadora con los mapuches es tal que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj, emitió un comunicado para aclarar que no avalaba ningún diálogo. “No se firmó ningún acuerdo con los ocupantes ilegales”, fue el título en letras catástrofe del comunicado, en el que Avruj señala que “presentó una nota al juzgado con un acta de la mesa de dialogo de la que participo la interventora del INAI, en la que se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograran cuando los actores actúen conforme a la ley y al estado de derecho”.

En esta misma dirección, el Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía).

De todas formas, la resolución parece apuntar a determinados tipos de delitos y se combinará con la ley de flagrancia, que permite a la policía actuar sin orden judicial (es el argumento que se utilizó para entrar a la Pu Lof en Cushamen el día en que murió Santiago Maldonado).

Los ejemplos que pusieron a este diario en el Ministerio de Seguridad fueron: el ingreso de una persona encapuchada y armada a un territorio privado, el intento de palpar a un policía para ingresar a ver si tiene armas. “Es una resolución que sólo profundiza el artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicaron a este diario en el Ministerio de Seguridad. Se trata del artículo que dice que “ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”, aunque nada dice sobre desobedecer fallos judiciales. No está claro cómo se procederá, por ejemplo, si un juez ordena no reprimir un corte de ruta y una fuerza federal ignora ese fallo. Ni tampoco cómo tomarán los jueces que las policías desacaten una sentencia.