CARTAS DE LECTORES › POR LA TOMA DE LA COMISARIA DE LA BOCA
La Justicia procesó sin prisión preventiva a dos ex funcionarios del Ministerio de Justicia durante la gestión de Gustavo Beliz por la toma de una comisaría en 2004. El juez federal Sergio Torres imputó al ex subsecretario de Seguridad Interior Norberto Quantín y a su segundo, José María Campagnoli, por “abuso de autoridad” en el caso del copamiento de la comisaría 24 de la Capital por parte del dirigente social Luis D’Elía. El magistrado dictó también el procesamiento del comisario Cayetano Grecco, titular de la seccional, y embargó en cinco mil pesos los bienes de los imputados.
La resolución, de 23 carillas, afirma que Quantín, Campagnoli y Grecco habrían omitido la actuación de la jueza de instrucción María Crotto –quien había ordenado la recuperación de la comisaría 24–, e inducido al error a Norberto Oyarbide, el otro juez interviniente.
El juez Torres subrayó que a Crotto “ya se le había dado intervención” para librar “la tan anhelada orden de allanamiento”. Sin embargo, continuó el magistrado, ello “fue omitido por los imputados quienes, en evidente disconformidad con lo dispuesto por la jueza, eligieron una vía alternativa que consistió en ocultar información al magistrado Oyarbide para lograr el dictado de la medida que los ocupantes de la comisaría exigían”.
Por la misma causa fueron procesados, en su momento, Luis D’Elía junto a Luis Bordón –padre del joven asesinado Sebastián Bordón– y el entonces presidente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Angel Bordello, acusados de “coacción agravada” por su participación en el copamiento. Hasta el momento, los tres consiguieron exenciones de prisión.
El 25 de junio de 2004, D’Elía encabezó la toma de la comisaría 24 con piqueteros y vecinos de La Boca, reclamando la detención del sospechoso del crimen de Martín “Oso” Cisneros. Cisneros, un militante que trabajaba para el comedor Los Pibes, murió luego de una discusión con Juan Carlos Duarte, a quien se lo vinculaba con actividades ilegales con supuesta protección policial. Los manifestantes denunciaron que el comisario Grecco le brindaba protección policial a Duarte, quien fue luego detenido y condenado por el homicidio.
El primero en tomar el caso fue el juez Jorge Urso, quien en 2005 –antes de excusarse de la causa– había dispuesto la “falta de mérito” para el comisario, ahora finalmente imputado.
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