Sansone imputó al gerenciador de Cromañón, Omar Chabán; al hombre que actuaba como su supuesta "mano derecha", Raúl Villarreal; a los ocho integrantes de Callejeros (seis músicos y dos asistentes); a tres ex funcionarios del gobierno porteño y a dos policías.

El dictamen acusatorio, de unas 180 páginas, está dividido en tres partes: la descripción de los cargos contra Chabán y Callejeros; los supuestos sobornos a policías "como factor que influyó" en la tragedia, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación fiscal es el penúltimo paso antes de que la causa pase a tribunal oral: ahora la jueza María Angélica Crotto dará vista a las defensas y en el término aproximado de dos semanas todo el trámite quedará concluido, por lo que la causa podría llegar al tribunal oral en febrero de 2007, después de la feria judicial de verano.

"No cabe duda de que la decisión de realizar un recital en un sitio que no se hallaba habilitado para ese tipo de actividad importó la creación de un riesgo por encima del permitido que se concretó en el resultado", sostuvo el fiscal sobre Chabán.

En cuanto a Callejeros, consideró que "los músicos estaban en condiciones de representarse el comportamiento que su público tendría en los recitales que darían en Cromañón y sabían que el local se había prendido fuego el 1° de mayo y 25 de diciembre".

Sansone acusó a Chabán y Callejeros de "coorganizadores" de la noche trágica y subrayó que "estaban al tanto de la intención del público de usar pirotecnia, de que ese comportamiento se mantendría a pesar de tratarse de un lugar cerrado, de los antecendentes en materia de incendio que registraba el lugar y que las medidas para evitar esa conducta ya habían dado muestras de su ineficacia".

En cuanto a Chabán, el fiscal sostuvo que "sabía que los controles no eran eficientes; pese a la mayor rigurosidad del cacheo del día 29, se había ingresado pirotecnia y que su discurso sobre los peligros de tales prácticas en un lugar cerrado como Cromañón no demostraron ser muy persuasivos".

"Si en el plano conjetural es válido afirmar que el uso de pirotecnia en un lugar cerrado, acondicionado con material combustible, representa una actividad riesgosa por la alta probabilidad de que se genere un incendio capaz de afectar la vida de las personas que estuvieran presentes, pues también lo era en la práctica y específicamente en el caso puntual del local que explotaba", subrayó Sansone.

Pero pese a ello, destacó que Chabán continuó celebrando acuerdos y permitiendo que tocaran en el lugar bandas cuyos seguidores ya habían demostrado tener la costumbre de encender pirotecnia en espacios cerrados".

Sansone se refirió a la puerta de escape que estuvo cerrada la noche de la tragedia: "de acuerdo a la pericia realizada por bomberos... de haber estado abierta esa noche la puerta, la cantidad de muertos hubiera sido infinitamente menor".

El extenso dictamen imputa por cohecho a Chabán y Villarreal; al subcomisario Carlos Díaz y al comisario Miguel Angel Belay, y sostiene que esos pagos ilegales constituyeron un "factor que influyó en el desencadenamiento del incendio".

Finalmente, el dictamen acusatorio achaca "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a la ex subsecretaría de Control Comunal, Fabiana Fiszbin; al director Gustavo Torres y a la directora de Fiscalización y Control porteña, Ana Fernández.

"A pesar de los deberes que sus cargos les conferían, no efectuaron, ni los controles que por la actividad que allí efectivamente se realizaba debieron haberse hecho, ni cumplieron con el deber general que involucra a los locales de baile clase C, que debe ser inspección, al menos, cada cuatro meses", dijo.

Fuente: DYN