Me preocupa la posibilidad de que se suscriba un contrato por un monto superior a los 1000 millones de dólares para construir un servicio ferroviario de alta velocidad entre esta capital y Rosario y Córdoba. Este tipo de proyectos no suele tener rentabilidad empresaria, sino social, y, como comprenderá, ante los cientos de miles de argentinos que viven en villas de emergencia, los que están sin trabajo, los que no tienen sistema de salud, etc., difícilmente un proyecto que tenga como beneficios reducir el tiempo de viaje y cosas similares resista la comparación con los que se obtendrían de la erradicación de las villas, generar trabajo genuino, etcétera. Realizando gestiones ante las autoridades de ambos países –el proyecto pertenece a una empresa extranjera– me ha sido imposible obtener información. Interiorizadas las autoridades de la cámara empresaria bilateral, se desentendieron del tema e incluso se me afirmó que la empresa en cuestión se ha alejado para actuar por su cuenta. En general, en este negocio hay una importante contradicción entre la industria –que provee equipos– y el servicio –que los utiliza–. La primera muestra importantes logros en materia de innovación, mientras que el segundo pierde participación en los mercados. En mi opinión la primera debería involucrarse en el servicio, aunque más no sea para preservar y desarrollar su propio mercado en vez de “forzar” proyectos que pueden ser –como el que nos ocupa– una verdadera agresión a la sociedad y en particular a sus sectores más vulnerables. Esto es más llamativo en una época en que la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se ha afirmado como valor en todos los sectores. Este concepto debería llevar a las empresas involucradas en el negocio a ofrecer alternativas a los verdaderos problemas –en nuestro caso el Transporte Metropolitano de Pasajeros (TMP)–, los cuales exceden la problemática ex línea Roca. Como es notorio, el TMP posee una demanda cautiva y una dimensión envidiable, por lo tanto una intervención en respuesta al caso aludido significaría un importante posicionamiento institucional, a la vez que materializa la referida RSE. Esta intervención podría materializarse, en primera instancia, mediante las estas acciones: 1. Entregar a préstamo las formaciones que se requieren para asegurar los servicios. 2. Crear y dirigir una empresa de mantenimiento del parque, negociando la licencia y provisión de repuestos con las empresas fabricantes. 3. Proveer expertos en la gestión –particularmente de tráfico– reclutándolos en el extranjero. “Controlado el incendio” y puesta de manifiesto su vocación de servicio, estaría en inmejorable condición para competir por los contratos que se avecinan. No sólo los 40 km de subte prometidos, sino la reestructuración de los servicios de transporte de la Región Metropolitana implícita en el enfoque del previsible decidor para el otro lado de la General Paz.

Bernardo Perrot

Economista UBA