Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.

El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.

En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.

–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?

–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.

–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?

–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los ’90.

–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los ’90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?

–En los ’90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.

–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?

–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los ’90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.

–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...

–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.

–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?

–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.

–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?

–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.

–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...

–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.

[email protected]