Durante este año se han sucedido un importante número de paros universitarios impulsados por las distintas organizaciones sindicales y cuyo reclamo original se centró en la urgencia de una recomposición salarial.
Como sucedió con el resto de los trabajadores, la remuneración de los docentes-investigadores universitarios se fue desjerarquizando a lo largo de los últimos 40 años, y tanto la salud como la educación pública sufrieron igual desatención por parte del Estado. Todas estas circunstancias hicieron que, en el año 2002, la situación salarial no admitiera dilaciones y el Gobierno comenzó a instrumentar una serie de aumentos. En el marco de estos ajustes salariales, las organizaciones gremiales del sector universitario plantearon nuevas reivindicaciones, que considero que deberían ser analizadas con cuidado.
Reclamar que ningún docente-investigador cobre menos de 1800 pesos es algo necesario. También lo es el pedir que el Estado no pague sueldos en negro. También debemos reclamar políticas de mediano plazo que equiparen los salarios a los de otros países de la región, como Brasil o Chile. Ahora bien, ¿es lógico que los docentes-investigadores tengan una diferencia de sueldo mayor por antigüedad que por progresar en la actividad pasando de ayudante a profesor? Creo que es el momento de pedir que los sueldos básicos del sector sean aumentados inmediatamente y que simultáneamente baje el suplemento por antigüedad.
Hace un par de años publiqué una nota de opinión en este diario sobre el gobierno universitario. En aquel artículo indicaba que la autonomía universitaria debía ser usada como herramienta para construir la universidad que sea más útil para la sociedad. Vuelvo a esa idea para destacar que nosotros, los universitarios, si bien podemos decidir, a través de la autonomía, qué hacer con la universidad, no somos los dueños de la misma. Para evitar que alguien lo olvide, están faltando mecanismos claros de rendición de cuentas ante la sociedad.
Debemos pedir que el Estado aporte los fondos para pagarles a todos los docentes necesarios, eliminando los ad honorem, pero al mismo tiempo debemos exigir que los docentes sean seleccionados en todo el país por concursos abiertos y que todos los docentes que cobren cumplan con sus obligaciones de docencia e investigación. No es razonable acompañar los reclamos salariales con el pedido de eliminación de los concursos periódicos, establecidos luego de la reforma de 1918, sin analizar qué consecuencias ha traído en las universidades donde se dejaron de realizar. Quienes reclaman eso ¿lo hacen porque piensan que es lo mejor para el funcionamiento de la universidad o porque es lo que más nos beneficia a los docentes que eventualmente tenemos un cargo, en detrimento de los que jamás podrán acceder a él? Insisto: Debemos usar la autonomía para defender los intereses de la sociedad aun a costa de intereses sectoriales.
La universidad se debe un debate serio sobre estos puntos de cara a la sociedad.

* Doctor en Física, profesor y secretario general de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).