Era una deuda largamente debida, pero que se está por saldar: Página/12 pudo saber en forma exclusiva que finalmente, como la mayoría de los distritos del país, la Ciudad Autónoma contará con una ley (o eventualmente un decreto) que promueve la investigación científica en el ámbito de una ciudad que concentra por lo menos la mitad de los científicos del país, de los institutos de investigación y la universidad más grande (desrectorada, por el momento) en la cual se desarrolla trabajo de punta y trabajo aplicado, además de redes de grupos de investigadores que trabajan en temas propios de la ciudad y tratan de resolver científicamente sus problemas.

Pero además del hecho de que este proyecto de ley (o decreto) cumple con el mandato del art. 58 de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un detalle adicional que la hace única y pionera en el país.

Y la historia es así: a principios de este año, el entonces vicejefe de Gobierno (en ejercicio del Ejecutivo ante la suspensión de Aníbal Ibarra, que terminó en su injusta destitución) presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que contemplaba la creación de una Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. En el proyecto constaban objetivos, medios y fines, apuntar al desarrollo tecnológico y científico, incentivar la investigación, formar grupos que intentaran resolver con todos los recursos de la moderna artillería científica los problemas de la ciudad, transferir conocimientos a la industria privada (con especial énfasis en las pymes) y establecía los mecanismos formales mediante los cuales la ciudad entregaría subsidios a quienes desarrollaran investigaciones científicas en el marco de su territorio, con especial preferencia hacia aquellos que tuvieran una inmediata aplicación a los problemas de la ciudad y pudieran resolver problemas ciudadanos (desde estudio de plagas hasta sistemas que ayuden a mejor el medio ambiente y al control de la contaminación, proyectos de salud, entre muchísimos otros). Obviamente, sin olvidar la investigación pura y simple y la difusión de la ciencia.

Según preveía el proyecto de ley, la Agencia operaría directamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad y estaría dirigida por un directorio conformado por un presidente (designado por el jefe de Gobierno) y cinco miembros elegidos por concurso entre científicos de renombre, previa consulta con la UBA, las organizaciones empresarias innovadoras (art. 5).

Asimismo, la redacción tomaba medidas para que la Agencia no se convirtiera en un monstruo burocrático, ya que ponía un límite (el 5% del presupuesto de la Agencia, art. 26) para fines operativos. Además, para evitar problemas de larga data establecía (art. 4) que “la Agencia tendrá como principal función la promoción de proyectos de ciencia y tecnología y no de ejecución” (esto es, no habrá institutos o grupos de investigación dentro de la agencia), aunque aquellos grupos que la agencia subsidie serán seguidos de cerca y evaluados por el directorio.

Por otro lado, todos los proyectos que reciban subsidios de la Agencia concursarán por ellos de forma pública y abierta.

Sin embargo, el detalle que le daba una esencial relevancia es que establece que (artículo 25) “la Agencia tiene un presupuesto anual no inferior al 0,28 por ciento del Presupuesto General del Gastos y Cálculos de Recursos de la Ciudad”, con lo cual se termina el papel de la ciencia como cenicienta a la hora de la discusión de los montos. Ahora hay un piso (que puede ir aumentando con el tiempo, naturalmente) que coloca a la ciudad en el lugar que se merece dentro del panorama de América latina.

Sería la primera vez que algo así se organiza en el país y entroncaría con la importancia que la ciencia y la tecnología están adquiriendo a nivel nacional.

Es una decisión de avanzada, histórica casi, que nos pone (o por lo menos a la ciudad) en el camino que han seguido los países desarrollados, como aparece en los fundamentos de la ley (o decreto).

Según los términos del proyecto, la Agencia se organizaría a lo largo de 2007 y estaría lista para funcionar y ser incluida en el presupuesto del año 2008.

El proyecto padeció los comunes avatares del proceso legislativo, con sus discusiones, tanto sobre los puntos secundarios como sobre los centrales, que se arrastraron a lo largo de todo el 2006, y se acerca el momento en que puede perder estado legislativo y será necesario empezar de nuevo en el 2007.

Ante lo cual, y según un trascendido que dejó caer un alto funcionario a este diario en forma exclusiva, el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, estaría por promulgar en los próximos días la creación de la Agencia (por decreto común, para lo cual está facultado), dejando a la Legislatura (durante al año 2007) la elaboración de una ley marco de Ciencia y Técnica, igualmente necesaria para la elaboración de –por ley esta vez– un plan estratégico de Ciencia y Tecnología para la Ciudad de Buenos Aires.

Ya era hora.