Días atrás, justo mientras el señor Biolcati pronunciaba su encendido discurso agro-patriótico (mencionó 54 veces el vocablo “Patria”, probable record absoluto en materia de oratoria rioplatense), en la ciudad de La Plata un grupo de silenciosos argentinos terminaba de elaborar un informe escalofriante, destinado, sin embargo, al ninguneo mediático.

Como si la selección informativa en los grandes medios y en la tele estuviera en manos de seres perversos y cretinos sin remedio –digo, es un decir, si así fuera– el Informe Anual 2009 de la Comisión contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, de la provincia de Buenos Aires, parecía condenado al destrato que impone ese distraimiento malicioso que está de moda últimamente cuando el asunto es de ética y derechos humanos.

En marzo de este año la población encarcelada en esa provincia ascendía a 28.300 personas y continuaba creciendo, a la par de una política penitenciaria que sigue avalando viejas y repugnantes prácticas: violencia institucional; corrupción; traslados constantes y desatención sanitaria caracterizan a esa fuerza todavía militarizada como en tiempos de dictadura.

A mucha gente hoy parece que estas cosas “no le interesan”, acaso porque “no le interesan” a la telebasura nacional. Versión actual de la pérfida característica argentina del “no te metás”, eso permite el retorno de prácticas policiales arbitrarias. Por caso, la detención por averiguación de identidad, los torturas, las ejecuciones policiales, los suicidios sospechosos en comisarías y hasta nuevos casos de desaparición forzada de personas como el joven Luciano Arruga, de 17 años, visto por última vez en una dependencia policial de Lomas del Mirador.

En ese contexto impacta más la desmesura patriotera del presidente de la Sociedad Rural, avalada por los señores Buzzi, Llambías y Garetto, todos nostálgicos de aquel “granero del mundo” que supo ser verdadero paraíso pero sólo para unas cuantas familias. Estimulados ahora por los desatinos de un gobierno errático y preñado de contradicciones, como por una oposición feroz y mezquina, capaz de sostener cualquier cosa sin ruborizarse, son alarmantes los retrocesos de la institucionalidad democrática.

Son elocuentes unos pocos datos contenidos en el Informe Contra la Tortura que hoy mismo será entregado por la Comisión, en La Plata, a los tres poderes bonaerenses:

1. En comisarías bonaerenses el número de detenidos creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4142 en marzo de 2009.

2. Durante todo 2008 murieron 112 personas en cárceles bonaerenses (aumentó el 10 por ciento con relación a 2007, cuando murieron 101 internos). Las muertes traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41 por ciento del total. En 31 establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado. Sólo en Olmos murieron 15. Las muertes no traumáticas representan el 57 por ciento del total. Muchas son evitables y tienen origen en enfermedades (sobre todo VIH y TBC) que podrían curarse.

3. De acuerdo con informes remitidos por el propio Poder Judicial, se registraron 7027 hechos violentos en el transcurso de 2008 (585 mensuales).

4. Aunque el personal penitenciario, por la Ley de Ejecución Penal, tiene limitado el uso de armas, la represión con balas de goma fue utilizada al menos en 1487 oportunidades durante 2008, o sea 123 por mes.

5. La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales: “submarino seco”, palazos, golpizas, picana eléctrica, traslados constantes, duchas o manguerazos de agua helada y el aislamiento como castigo, son prácticas vigentes. En 2008 el Comité presentó 761 hábeas corpus individuales, gran parte de ellos por torturas.

6. Encuestas realizadas en 5 unidades penales de la provincia mostraron que el 72 por ciento de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones (y en la Unidad 29 de Melchor Romero el 60 por ciento de las detenidas denunció agresiones físicas por el personal).

7. La picana eléctrica, el aislamiento en los “buzones” de las cárceles provinciales y las golpizas se suman al padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de 2 x 1,5 metros, con doble puerta, durante 23 o 24 horas al día, muchas veces sin agua potable, con sanitarios que no funcionan, falta de luz y de calefacción, y sin acceso a patio, escuela o trabajo.

8. El traslado de detenidos, o “calesita”, es un castigo sin control del Poder Judicial. De enero a noviembre de 2008 se hicieron efectivos 47.709 traslados, que afectan los vínculos familiares y el acceso a la educación, la justicia y la salud de las detenidos.

9. El sistema sanitario en la mayoría de las unidades penitenciarias es deficitario, insuficiente e incapaz de relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal penitenciario. El sistema de salud está inserto en la lógica de la violencia carcelaria, y prevalecen la seguridad y disciplinamiento. Y todavía hay que sumar la negación del sida, con datos absolutamente no creibles.

10. La base de datos construida en el Comité contra la Tortura incluye 11.000 expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad. El 77 por ciento de las causas judiciales contra personal penitenciario se origina en denuncias por apremios ilegales.

Y hay más, mucho más. En centenares de folios el Informe muestra esa otra Argentina que los que aman la “mano dura” –muchísimos de ellos seguramente patrióticos– obviamente no quieren ver.

En la película El sustituto, del cada vez más sorprendente Clint Eastwood, se muestra un sistema policial californiano casi igual de inepto, corrupto y degradado. También con banderas y discursos patrióticos. Sólo que en 1928. Atrasamos casi un siglo.