El WASR-10 es un fusil de asalto que desde 2006 está de moda en EE.UU. y se vende como producto local. En realidad, es un AK-47 rumano de importación que se modifica y se vende con el sello Made in USA. En el país del Norte hay reglamentos que restringen la importación de armas semiautomáticas de alto poder que no tengan “fines deportivos”, pero el importador estadounidense encontró cómo hacerlo: el exportador rumano les quita todos los dispositivos que podrían denunciar su carácter militar y entran en tanto instrumentos para matar patos. Nadie revisa el estado visual de los funcionarios aduaneros y federales.

El Centro de Integridad Pública de Washington (CIP), la Escuela de Comunicaciones de la American University, Frontline y el Centro Rumano de Periodismo de Investigación elaboraron un informe sobre el tema (www.publicintegrity.org, 3-2-11). Una de sus conclusiones es que no pocos WASR-10 pasan al otro lado de la frontera sur, adquiridos por presuntos miembros del crimen organizado. Para el gobierno de Obama, sin embargo, su importación es perfectamente legal. El vocero del Departamento de Justicia, Tracy Schmale, afirmó que no hay evidencia de que los fusiles que entran a EE.UU. “no se ajusten a la descripción de las armas autorizadas”. El ex fiscal general de Arizona Terry Godard afirmó: “Nos declaramos aliados del gobierno de México y decimos que luchamos contra los carteles. Y gracias a la inacción oficial, EE.UU. de hecho los arma”.

Las administraciones de Bill Clinton y W. Bush fueron ensanchando cada vez más los límites de las normas que frenaban el ingreso de estas armas. En febrero del 2009, más de 50 parlamentarios, demócratas en su mayoría, dirigieron una carta al presidente Obama señalando que la interpretación del Departamento de Justicia de las normas vigentes en la materia entrañaba en la práctica una derogación de la ley e instándolo a emplear sus poderes ejecutivos para llenar los vacíos de su enunciación y reglamentación. El mandatario norteamericano no dio señales de haberlos escuchado. Eliot Engel, el representante que encabezó el grupo de firmantes, dijo en una entrevista: “Estamos contribuyendo a la inestabilidad en México y sembrando las semillas de una potencial inestabilidad en EE.UU. No tiene sentido para mí... no es defendible”.

Semejante laxitud jurídica incrementó de manera notable la exportación a EE.UU. de pistolas semiautomáticas y de fusiles de asalto. Según datos del Departamento de Comercio, su importación ascendió en el 2009 a más del doble del total registrado en el 2005 y la de las pistolas y AK-47 de Rumania pasó de menos de 50.000 unidades a casi 100.000 en el mismo período. La producción local aumentó de 2,5 millones de unidades en el 2005 a 4,5 millones en el 2009, un incremento del 80 por ciento. El negocio, sin duda, es rendidor.

American Rifleman, revista oficial de la Asociación Nacional del Rifle –siempre empeñada en defender la segunda enmienda constitucional que permite a cada ciudadano estadounidense la posesión de armas–, describe en un artículo cómo se eluden las disposiciones en vigor convirtiendo a los AK-47 legalmente importados para “uso deportivo” en fusiles de asalto: se los desarma, se sustituyen con seis partes made in USA las correspondientes del instrumento rumano –el gatillo, entre otras– y se los puede considerar, entonces, de fabricación local, no sujetos a restricción alguna. Easy, ¿no?

La implosión de la ex URSS y de los países del “socialismo real” introdujo miles de AK-47 a bajo precio en el mercado internacional. Había que aprovecharlos. En el estudio del CIP se menciona el caso de George Iknadosian, que en EE.UU. vendió más de 700 fusiles a dos redes de traficantes de armas. Interrogado en el 2006 por agentes de seguridad acerca de si sabía a dónde iban los AK-47, respondió: “Van al sur”. “¿Lejos?”, le preguntaron. “México”, contestó. En efecto, las fuerzas de seguridad mexicanas encontraron AK-47 rumano-estadounidenses en sus procedimientos contra el crimen organizado.

Iknadosian salió en libertad dos años después de pagar una fianza de 75.000 dólares. Habrá sonreído cuando, pensando en sus ganancias, escuchó la cifra en boca del juez. Volvió a ser procesado en marzo del 2009. Algunos tribunales federales habían decidido que, para que la compra de armas fuera un delito, era preciso reunir bastantes elementos, por ejemplo, que el comprador tuviera antecedentes policiales. Pero la fiscalía de Arizona argumentó que un juzgado estatal entendía en el caso y que las decisiones de juzgados federales no podían ser tomadas en cuenta. Sin embargo, el juez Robert Gottsfield decidió que los cargos eran improcedentes y decretó la libertad del imputado.

La situación se ha invertido: el acusador ahora es Iknadosian, quien presentó una demanda judicial contra el estado de Arizona por haber sido víctima de un procesamiento erróneo y doloso. Exige, además, la devolución de las armas y los bienes que le incautaron cuando fue detenido, valuados en 2,2 millones de dólares. Así están las cosas por allí.