Además de amenazar a Irán y a Siria –la empresa seguiría por allí–, Colin Powell volvió a afirmar que Irak tiene la culpa de la guerra porque incumplió la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es inexacto, para decirlo gentilmente. O una mentira, para decirlo directamente. Powell –como otros de sus colegas halcones– pretende o finge que la opinión pública mundial tiene la memoria corta. Se recuerda cabalmente que el ataque/invasión contra Irak se desató cuando aún no había terminado la misión verificadora del desarme iraquí que esa resolución prescribe y a pesar de que la mayoría del Consejo insistió en no interrumpir las inspecciones. Al lado de otras mentiras –o inexactitudes– de la Casa Blanca, ésta sería pequeña. Pequeña pero importante: la reiteración de Powell procura legalizar un conflicto a todas luces violatorio de la Carta de la ONU y del derecho internacional.
Es cierto que Irak no ha acatado una docena de resoluciones que el Consejo de Seguridad aprobó en los 12 años transcurridos desde la primera guerra del Golfo. No es menos cierto que un cálculo bastante módico revela que cerca de otras 100 resoluciones del Consejo, que Washington apoyó o se abstuvo de votar y no vetó, fueron ignoradas por Marruecos, Turquía, Armenia, Croacia, Pakistán, India, Indonesia y Sudán. No hay asomo de que la Casa Blanca piense invadir a esos países. Y mucho menos a Israel, que encabeza la lista de Estados transgresores del ordenamiento jurídico mundial. En cambio, Bush hijo vuelca en Tel Aviv miles de millones de dólares y cada tanto evoca una “visión” vagarosa de hipotético Estado palestino para tranquilizar a los países árabes, visión que nunca se le ha visto concretar. Para no ir más atrás, desde la guerra de los Siete Días en 1967 Israel ha hecho caso omiso de más de 40 resoluciones del Consejo. El 22 de noviembre de ese año, en su 1382ª sesión, el organismo de la ONU emitió la número 242 en que pide “el retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”. Esta resolución se aprobó por unanimidad, pero hasta hoy Israel al parecer ni la leyó.
Tampoco las resoluciones 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298 (1971) y otras que reiteran la demanda de que el gobierno israelí derogue las medidas que modifican el estatuto legal de Jerusalén Este, la mitad árabe de la ciudad. O la resolución 262 (1968), que insta a Israel a pagar una compensación al Líbano por la destrucción de aeronaves en el aeropuerto internacional de Beirut. O la resolución 497 (1981), que le exige que no imponga sus leyes al Golán sirio ocupado. O la resolución 573 (1985), que urge a Tel Aviv a compensar las pérdidas humanas y materiales provocadas por su ataque a ese país y a abstenerse de agresiones de esa naturaleza contra otras naciones. Pero el grueso de las resoluciones del Consejo atinentes a Israel lo conminan a cesar la deportación de palestinos, observar el Convenio de Ginebra de protección de civiles durante un conflicto bélico, desmantelar los asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino ocupado, y condenan “en particular los actos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad de Israel que han dado por resultado lesiones y pérdidas de vidas” (resolución 672, 1990). De palestinos, desde luego.
EE.UU ha vetado no pocas resoluciones que llaman al orden a Israel, en ocasiones contra el voto de todos los 14 miembros restantes del Consejo. Desde comienzos de los ‘70 ejerció esa prerrogativa –no sólo a favor de Israel– casi 50 veces, más que los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad juntos. Pero en la 2203ª sesión del 1º de marzo de 1980, Washington fue parte de la unanimidad con que fue aprobada la resolución 465, que en el punto 5 de la parte resolutiva “determina que todas las medidas adoptadas por Israel para modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto delos territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, o cualquier parte de los mismos, carecen totalmente de validez jurídica y que las políticas y las prácticas de Israel de asentar a grupos de su población y a nuevos inmigrantes en esos territorios constituyen una violación manifiesta del Convenio de Ginebra relativo a la protección de civiles en tiempo de guerra y constituyen también un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio”. En el punto 6 el Consejo “deplora profundamente la forma continuada y persistente en que Israel aplica esas políticas y prácticas y exhorta al Gobierno y al pueblo de Israel a que rescindan esas medidas, desmantelen los asentamientos existentes y, en especial, a que pongan fin urgentemente al establecimiento, la construcción y planificación de asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén”.
Han pasado más de dos décadas y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueban resoluciones similares año tras año. No perturban la impavidez de Washington. Tampoco, por supuesto, la de Tel Aviv.