El lunes último cuatro bombas estadounidenses antibunker de casi una tonelada cada una demolieron tres edificios de un complejo residencial en Bagdad. Objetivo del ataque aéreo: matar a Saddam Hussein, presuntamente reunido con 40 de sus secuaces en o detrás de un restaurante del barrio al-Mansur. El servicio británico de inteligencia M16 conjeturaba al día siguiente que Saddam había escapado con vida. Acosada por los periodistas, la vocera del Pentágono Torie Clarke explicó: “No creo que eso (la muerte del autócrata iraquí) importe mucho. No pierdo el sueño tratado de imaginar si estaba ahí”. Es evidente que tampoco lo pierde imaginando a los 16 civiles destrozados por las bombas, una familia de nueve miembros y dos niños incluidos. Y es probable que tampoco se desvele pensando en Alí Ismael Abbas, de 12 años, que otro bombardeo de la capital de Irak mutiló y le trajo la orfandad. “¿Me pueden ayudar a tener mis brazos otra vez?”, preguntaba con voz rota en un lecho de hospital. Pero la indiferencia de la señora Clarke por la suerte de ésos y otros muchos civiles ingresados indiscriminadamente en el rubro “daños colaterales” no es falta de interés. Es interés por otra cosa: el dominio del mundo, el petróleo iraquí, los beneficios que promete la reconstrucción del país invadido y los que devengarían las guerras que vendrán.
No asombra: un estudio del Center for Public Integrity –organización no gubernamental con sede en Washington que escudriña la ética de las acciones y de los actores del gobierno estadounidense– revela que de los 30 miembros de la muy oficial Junta de Política de Defensa que asesora al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, al menos nueve tienen vínculos con megaempresas del ramo que obtuvieron contratos por más de 76 mil millones de dólares en 2001 y 2002. Entre ellas figuran Rand Corporation, Boeing, el gigante Northtrop Grumman, Philip Morris Companies –que se dedican a algo más que a los humos del tabaco–, Locked Martin, Allen Hamilton y otras menores. El subsecretario de Defensa Douglas Feith, ex funcionario de Reagan, selecciona a los miembros de la Junta, que finalmente aprueba el secretario de Defensa. Richard Perle, que la presidió hasta el 27 de marzo, cuando renunció porque se hizo público que percibía comisiones por cada contrato del Departamento de Defensa que lograba para ciertas transnacionales. Permanece en la Junta, pero es una perla bastante opaca al lado de miembros como Ronald R. Fogleman, David Jeremiah, Chris Williams o Jack Sheehan. De paso: el inevitable Henry Kissinger también pertenece al organismo.
El general del aire (R) Fogleman es miembro de los directorios de AAR Corporation, Derco Aerospace, ICN Pharmaceuticals, The Mitre Corporation, North American Airlines, Rolls-Royce North America, Thales Raytheon y World Airways. Curiosamente –o no– estas compañías obtuvieron contratos del Pentágono por 872.900.877 dólares en 2001 y por 1.583.100.027 dólares en 2002. El general fue superado por el almirante (R) Jeremiah, presidente de Technology Strategies and Alliance Corporation, firma asesora en materia de industrias aeroespaciales, electrónicas, de telecomunicaciones y defensa, director de Wackenhut Services, fideicomisario de The Mitre Corporation, miembro de los directorios de Alliant Techsystems y de DigitalNet Government Solutions y asesor de ManTech International Corporation y de Northrop Grumman Corporation: estos conglomerados consiguieron contratos por 6.301.740.198 de dólares en 2001 y por 10.159.322.711 de dólares en 2002. Chris Williams dejó atrás al almirante: ex asesor especial del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, es profesional registrado del cabildeo para Boeing, Northrop Grumman Corporation y TRW, que obtuvieron contratos por 21.035.779.332 de dólares en 2001 y por más de 28 mil millones de dólares (28.064.844.053) en 2002. El general de cuatro estrellas (R) Jack Sheehan, ex comandante en jefede las tropas de la OTAN, es primer vicepresidente de apenas una sola empresa, Bechtel. Esto no debe incomodarlo demasiado: dicha constructora fue agraciada con contratos por 643.633.530 de dólares en 2001 y por 1.030.847.151 de dólares en 2002 otorgados por el mismo Pentágono del que Sheehan forma parte en calidad de integrante de su Junta de Política de Defensa.
Quizás sean éstas las cifras –y otras de la misma clase que vendrán– las que desvelan a la señora Torie Clarke y a otros habitantes de la Casa Blanca. No, desde luego, la cifra de los civiles iraquíes muertos y heridos –literalmente incontables– a consecuencia de la invasión. Tampoco la de periodistas atacados a mansalva con la clara intención de convertirlos en los tres monos mitológicos de la India. Esos que no ven, no oyen y sobre todo no hablan.