Es más que beneficioso para nuestra sociedad que de pronto la cobardía ciudadana comience a alejarse del Punto Final. La mentalidad del “olvidemos y comencemos de cero”, del “todos hicieron macanas”, del “vamos a mirar para adelante”; el No al fundamental interrogatorio de la catástrofe moral que significa el método de la desaparición de personas, con todos sus detalles crueles y degenerados, se está alejando y toma vigencia. Que Chirac le haya recordado a Kirchner el accionar malvado del militar argentino Astiz; que otro marino, Cavallo, haya sido llevado esposado desde México a España, para allí juzgarlo; que los asesinos de Margarita Belén estén ahora en el Chaco frente a la Justicia, y tantos otros hechos, nos dicen que a más de veinticinco años del asalto al poder por los militares se recomienza la acción por la Justicia que se merecen las víctimas y sus familias y la decencia del pueblo argentino.
Justo el miércoles pasado se cumplieron los cien años del nacimiento del jurista alemán Fritz Bauer. Sí, justo, aquel que ocupando el cargo de fiscal en el juicio de Auschwitz, en 1961, en Francfort, dijo aquellas inolvidables palabras que tendrían que haber quedado grabadas para siempre en el frente de las casas de Justicia del mundo: “Todo aquel que comete un crimen de lesa humanidad no puede ampararse jamás en el eslogan del ‘Cumplí órdenes’”, es decir nuestra “obediencia debida” proclamada por los legisladores radicales en el Congreso de la Nación y propuesta y aprobada por Alfonsín.
Fritz Bauer pasó a la historia de la Justicia alemana como el ciudadano democrático a ultranza, el hombre de la justicia del coraje civil. El no al arreglo político siempre fue su respuesta a los que creen que la justicia está hecha para negociarla. Fritz Bauer fue quien enseñó a aquel pueblo que había creído en Hitler a sentirse culpable, a angustiarse por la hecatombe, el genocidio, el holocausto, la guerra del espanto, los bombardeos de ciudades abiertas, la muerte de niños. Fritz Bauer fue quien enseñó la justicia a vencedores y vencidos, con una ofensiva sin miedos, a dejar de lado una legislación heredada y vencida y humanizar esa justicia. Les enseñó a todos a preguntarse sobre las razones que motivaron la catástrofe moral. A inquirirse a sí mismos sobre culpa y responsabilidad y no descargar todo en un dictador que terminó pegándose un tiro.
Justamente eso es lo que deben encontrar los argentinos. Y lo dijeron muy bien las Madres en su Plaza el jueves pasado cuando señalaron que a Astiz lo tenía que juzgar la Justicia argentina y no la francesa. Que los argentinos no podían quedar ante la historia como que no fueron capaces de hacer justicia sino que la justicia se hizo en el extranjero. Por supuesto que si los argentinos y sus políticos –como hasta ahora– son tan cobardes que no se atreven a mostrar el camino de lo que hay que hacer con los raptores, los torturadores, los ladrones, los asesinos, los desaparecedores, pasarán a la historia como los cagones, cagados, caguetas y cagadores del mundo occidental y cristiano, los del miedo a la jineta y el gusto por el acomodo.
Loado sea que haya jueces extranjeros que hacen la justicia que los argentinos temen por falta de coraje civil. Por lo menos en el mundo hay algunos jueces capaces de decirles asesinos a los desaparecedores de personas, a los asesinos de mujeres parturientas y a los ladrones de niños. Por más uniformes, galones y voces de mando que esos criminales tengan.
Justamente ayer se cumplieron nueve años de uno de los más cobardes atentados de la historia de la humanidad: el de la AMIA. No fue ni contra un cuartel, ni contra un monumento ni contra un ministerio ni contra una embajada sino contra una institución de servicios sociales. La mentalidad de sus autores llega a lo más despiadado, y al esconder la mano, a lo más villano. No se logra la libertad o la victoria destrozando hospitales oescuelas. Pues bien, que todavía no se haya descubierto a los autores y que entre los autores estén mezclados políticos, servicios de informaciones argentinos y extranjeros, diplomáticos, policías, demuestra claramente que la impunidad a que nos condenaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nos llevaron a eso. La Argentina es el país donde todo se vende, hasta la inocencia; todo tiene su precio, el brazo artero –casi siempre en uniforme–, el papel oscuro de la SIDE, la llamada justicia a lo Nazareno y la política rondando, rondando y escondiéndose... Nueve años, nada menos, del criminal estallido. Y el mundo sabe que todos están implicados: desde policías, hasta espías oficiales, desde la runfla que rodea a un ex presidente hasta embajadas orientales de todo tipo –las que tienen petróleo y las que no lo tienen–, espías sueltos, la CIA jugando su habitual partido de póker y preguntándose: ahora, hoy, a quién se favorece si salen los verdaderos culpables, los que antes eran enemigos, hoy pueden estar apoyando a otro sector que le vendría bien a Bush, George W. Todo eso en la Argentina. Vivimos un episodio como si se hubiera llevado a cabo en el famoso Proceso: ayudas mutuas, señales, ojo, cuestiones de “razones de Estado”, que lo justifican todo. A no meter la pata y cometer el desatino de dar razón a las víctimas. ¿A quién conviene eso?
Justo, al cumplirse esos nueve años, un grupo de ciudadanos ha dicho basta al manoseo y a la impudicia y se ha dirigido el presidente Kirchner. Lo integran parientes de las víctimas y también ciudadanos que quieren palpar la verdad. Se denominan Apemia, Agrupación Por El Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Critican en primer término el decreto 249/03, que ratificó los firmados por Toma y Duhalde por los cuales los ex espías de la SIDE tendrán “más limitaciones que antes”. “El fracaso de la investigación –prosiguen– y del juicio mismo son hechos que se ocultan a la población y a la conciencia de algunos de los familiares. ¿Quién cree hoy que de los resultados de estas audiencias habrá justicia o, al menos, que se sabrá toda la verdad acerca de los responsables del criminal atentado y sus vínculos con el Estado?”, se pregunta la asociación que denuncia que “la mayoría de los acusados ya está en libertad mientras el Tribunal Oral se mueve con todas las limitaciones que el propio juez Galeano fijó, más aquellas propias que le impiden sentar en el banquillo de los acusados a los agentes del Estado citados desde el comienzo mismo de las audiencias”.
Y la Apemia propone algo muy importante para la democracia y la Justicia y dice, en el mismo comunicado: “Los integrantes de Apemia comprometemos nuestro esfuerzo para la constitución de una Comisión Independiente del Estado, que pensamos integrada con personalidades nacionales e internacionales, que juzgue y castigue las responsabilidades políticas y criminales del Estado argentino y sus socios internacionales”.
Es innegable que sólo una verdadera democracia puede esclarecer un hecho maltratado y tergiversado durante nueve años. La intervención de una comisión neutral de verdaderos demócratas puede ayudar mucho a lograr un esclarecimiento del crimen y todos sus intereses. Que se abran los libros, que se permitan otras opiniones. Nos parece una proposición digna a la cual los nuevos gobernantes y los nueves jueces deben escuchar. Si no todo se sumergirá en el juego de las llamadas autoridades que hasta ahora han logrado barrer todo debajo de la alfombra pese a que hubo gobiernos del oficialismo y de la oposición. Pero parece que ninguno estaba entusiasmado por hacer justicia a las víctimas de la AMIA.
Como sostenía Fritz Bauer: “Hay que tener la nobleza de vivir en justicia, de descubrir todos los crímenes oficiales que se ordenaron, de sentir el espanto sobre la barbarie hasta que el propio dolor desemboque en furia que otorgue la fuerza liberadora y el coraje de dejar desnudos a los culpables: dar nombre y apellido a los criminales, dejar bien en claro su crimen y así crear el único modo de honrar a las víctimas caídas y salvarlas del ominoso olvido”.