› Por Gustavo Sain *
Internet es una red de computadoras creada en Estados Unidos a fines de la década de ‘60 en el marco de la llamada Guerra Fría. Ideada por la Agencia de Proyectos Avanzados (ARPA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de ese país, su finalidad original fue la de crear un medio de comunicación flexible y descentralizado que permitiese el flujo ininterrumpido de comunicaciones frente a un posible ataque nuclear soviético. En este sentido, Internet fue diseñada pensando en la seguridad física de las comunicaciones y no de sus contenidos, es decir, los datos y la información que transportaban esas redes. Para ese entonces y hasta la década del ’80, la red nucleaba centros de investigación y laboratorios de universidades e instituciones militares y no se extendía fuera de las fronteras de ese país, motivo por el cual no era necesario el desa-rrollo de protocolos seguros ni la intervención gubernamental en términos de seguridad. Con la apertura comercial de Internet a mediados de los ’90 por parte de la administración norteamericana, su expansión fuera de las fronteras de los Estados Unidos y el posterior desembarco de empresas y bancos en la red; datos personales, información financiera, datos filiatorios, fotos personales y referencias de ubicación viajan de un punto a otro del planeta.
En la actualidad, el debate está puesto en cómo los gobiernos pueden intervenir en una red de comunicaciones de carácter global con presencia mayoritaria del sector privado. Hasta la filtración de los documentos secretos por parte del ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana (NSA) Edward Snowden, sobre el espionaje gubernamental por parte del gobierno de Estados Unidos, existía la falsa premisa de que cualquier intervención por sobre la red era un acto de censura. Este principio tiene relación con los orígenes de Internet y fue sostenida durante años por organizaciones como Internet Society y la World Wide Web Consortium (W3C), conglomerados que nuclean a las grandes empresas del sector de informática y telecomunicaciones del planeta. Estos consideran que los gobiernos no deben tener presencia en la red y bregan por el autogobierno por parte de sus usuarios. Los Estados, a través de sus gobiernos, tienen la facultad indelegable de garantizar los derechos de las personas en cuanto a su integridad y libertad; es un principio fundacional de éstos que no puede dejarse en manos del sector privado. Prioritariamente la función que deben desempeñar los Estados es garantizar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de los usuarios de Internet.
En términos de políticas públicas, si bien resulta necesaria la tipificación de determinadas conductas ilícitas que tienen como medio o fin un dispositivo informático tanto así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de investigación criminal; la solución penal, si bien importante, no es suficiente para una política en materia de seguridad. El derecho brinda una perspectiva meramente sancionatoria, ya que el abordaje se encuentra focalizado en la conjuración y represión de este tipo de delitos y no así en su prevención. Cuando se habla de políticas públicas en materia preventiva en Internet se refiere a generar acuerdos de cooperación entre organismos de gobierno y las empresas proveedoras de servicios, establecer normas de confidencialidad de los datos, crear manuales de procedimientos de actuación frente a conductas indebidas y hechos ilícitos, favorecer centros de denuncias en sitios web para los ciudadanos, crear sistemas de alerta en línea y establecer normativas específicas o protocolos de actuación para las empresas en caso de que perciban conductas indebidas o delitos en sus sitios web por parte de usuarios. La actuación de los organismos de gobierno por sobre la red debe establecerse sobre la base de sus competencias institucionales y mediante la más estricta legalidad y la intermediación de la Justicia, fundamentalmente para los casos que amerita la interceptación, seguimiento u observación de comunicaciones privadas.
* Autor del libro Delito y nuevas tecnologías: fraude, narcotráfico y lavado de dinero por Internet y titular del curso de posgrado Los delitos informáticos en la era de la información de la Universidad Nacional de Quilmes.
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