El debate –por momentos un diálogo de sordos– que se instaló en buena parte de la sociedad, a raíz de la anulación parlamentaria de las leyes de impunidad, no logró disminuir la sensación de aire puro, mucho más puro, que se respira en la Argentina desde hace poco más de dos meses. Un aroma que tampoco debe verse disminuido por la decisión del juez Bonadío que, es cierto, embarró la cancha (nunca tanto como se lo quiere mostrar).
Es necesario practicar una prolija cirugía de exploración en las noticias que se acumularon en estas últimas semanas. De lo contrario, las pasiones que se desataron hacen correr el riesgo de mezclar el agua con el aceite. Y en ese sentido, la votación en Diputados sobre el Punto Final y la Obediencia Debida es el ejemplo más concluyente. Pero no el único.
Cabe excluir del análisis a los dinosaurios de la derecha, que se obsesionan con ver una cacería de militares; y a los frívolos, que insisten con que se trata de dejar de joder con el pasado como si, más allá de la necesidad de justicia, fuese políticamente posible barrer debajo de la alfombra al terrorismo de Estado. Es notable que muchos de esos estúpidos también se cuenten entre las filas de quienes exigen el fin de la corrupción. ¿Hay mayor paradigma de la podredumbre que la libertad de un asesino institucional? Apartados esos razonamientos insostenibles, la discusión se ubicó dentro del propio campo progresista. A un lado, quienes se entregaron a una alegría emocionada, conmovedora, seguros de que se dio un paso histórico. Al otro, quienes advierten que en términos prácticos la nulidad no sirve para nada; que incluso les brinda a los represores la posibilidad de empiojamiento jurídico, porque van a ampararse en la inconstitucionalidad de lo votado, y que como quiera que sea es inevitable que todo vaya a terminar en la Corte Suprema.
El punto muy complicadamente sencillo es que ambos tienen razón. Si la Cámara de Diputados, nada menos que con el aval del Poder Ejecutivo, resuelve anular dos de los instrumentos más vergonzosos de la historia política argentina, sólo a un marciano se le puede ocurrir que no es un símbolo monumental del avance de los luchadores incansables contra la violación de los derechos humanos. Y si quienes saben de Constitución Nacional alertan que ese trancazo conlleva riesgos legales, no es por hacerle el juego a los represores sino para señalar, justamente, que la lucha debe ser lúcida respecto de los peligros que afronta. Alegría política y precaución jurídica. Punto. No puede tratarse de un campeonato para ver quién es más progre, sino de articulación de herramientas.
De la misma manera, el encarcelamiento de la hija de Alsogaray fue visto con tanto entusiasmo como prevención (esta última a raíz de eventuales vicios procesales y de huecos que al parecer deja el fallo de Canicoba Corral, quizá capaces de dejarla en libertad en pocos meses; a más de los antecedentes de otros miembros de la banda menemista, que fueron liberados luego de procesos similares). ¿Por qué deben contraponerse esos sentimientos, si ambos son válidos? ¿Es cierto o no que María Julia presa, aun en celda muy relativamente VIP, escenifica ciertos nuevos tiempos que corren? ¿Y es cierto o no que la justicia argentina sigue siendo lo suficientemente blandengue como para sospechar que nada ha terminado sino que recién empieza? De vuelta: las dos cosas son ciertas y no puede ser que una elimine a la otra como si se tratase de ejercer el extremismo de la confianza o de la duda.
Lo del fallo de Bonadío es algo diferente pero, en esencia, no distinto. Obliga a separar lo informativo-coyuntural del –otra vez– ambiente en que se inserta la noticia. Lo primero no es ninguna novedad, salvo para quienes no saben interpretar entrelíneas o para los que viven colgados de una palmera. Bonadío es un juez-servilleta y justo, mire lo que son las casualidades, lanza el fallo contra Firmenich & Cía. en la misma semana enque el Gobierno anuncia que la limpieza también debe alcanzar a los jueces federales. ¿Podría ahora el Poder Ejecutivo insistir en esa dirección sin que sea tomada como una venganza contra el ex amanuense de Carlos Corach? ¿Suena a disparate que Bonadío reactivó una causa dormida como fallo autoprotector? Sólo él lo sabe, pero –y aquí empieza la segunda parte del asunto– objetivamente su movida sirvió para reinstalar la repugnante teoría de los dos demonios que inventó el gobierno de Alfonsín. Es decir, equiparar al genocidio y la represión ejecutados por los militares, munidos de todo el aparato del Estado y esparcidos contra toda la sociedad, con las acciones de algunas cúpulas guerrilleras. Esto es exactamente lo que quiere la burda derecha argentina y si Bonadío no lo hizo adrede bien lo parece. Sin embargo, en la suposición de que es efectivamente una jugada perversa, pero inteligente, destinada a ensuciar la revisión y juzgamiento del pasado para producir agotamiento anímico en la sociedad, nada quita que perdieron la ofensiva. Como mucho acaban de lanzar una maniobra de contraataque, que cínicamente debió ampararse en algunas figuras espantosas de traidores como Firmenich. Pero eso habla de un enemigo herido y, si es así como está, lo está –de vuelta– por la acción de una militancia que nunca se cansó.