Sin duda soplan vientos de cambio hoy en nuestro país, animando las expectativas de importantes sectores de la población y abriendo horizontes de construcción que hace pocos meses eran impensables. Cobran un valor significativo los intentos del nuevo gobierno de recuperar el rumbo perdido y restablecer el Estado de Derecho, así como también el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Pero la clave de la dirección y la profundidad de los cambios que se logren producir estará formada por el debate y la movilización de los ciudadanos.
En este sentido nos parecen alentadoras y a la vez preocupantes las apreciaciones del canciller Rafael Bielsa vertidas en una nota de opinión publicada por Página/12 el 4 de octubre (“El cambio es lo único permanente”). Alentadoras porque el canciller asume la responsabilidad de plantear ante la sociedad la visión detrás de la estrategia negociadora adoptada por el gobierno. Pero preocupantes en su esencia, ya que nuevamente parece ausente lo que debería ser el eje fundante de toda política del Estado: la defensa y la promoción de los derechos humanos de toda la población y, sobre todo, sus integrantes más necesitados.
Refiriéndose a las distintas negociaciones comerciales en curso, entre ellas las de la Organización Mundial de Comercio recientemente fracasadas en Cancún, como así también las que buscan crear para el año 2005 un Area de Libre Comercio entre EE.UU. y 33 países más del hemisferio (el ALCA), el canciller afirma que “la Argentina no debe ni necesita optar por un sector en particular”. Dice que precisa negociar “en procura de un objetivo único, que abarque a toda la sociedad: aumentar el acceso de la producción nacional al mundo”. Si bien se hacía referencia concreta a la histórica pugna planteada entre sectores agroexportadores y los de la industria criolla, vale la pena preguntarnos: ¿cómo entran, en realidad, en esa ecuación, los intereses y derechos del conjunto de la sociedad argentina?
Desde los años de la dictadura y el menemato de los ‘90, a la sociedad en su conjunto le debe haber quedado claro que la apertura indiscriminada, el mero aumento de las exportaciones o el crecimiento de algunos no se traducen automáticamente en mayor bienestar para todos y todas. Al contrario, han sido herramientas privilegiadas del peor proceso de redistribución regresiva del ingreso jamás vivido en nuestro país desde los tiempos de la conquista y colonización española. Una política negociadora que tome como horizonte único el aumento de las exportaciones, corre el riesgo de dejar afuera lo que justamente se dice querer defender, que es el verdadero interés nacional.
En las actuales negociaciones, por más importante que sea el debate de alternativas frente al proteccionismo y los subsidios estadounidenses y europeos no se puede desconocer que el objetivo principal buscado por los países centrales es la entrega de la soberanía. Con ella se irá cualquier posibilidad de revertir los procesos de transformación y saqueo operados en el transcurso de las últimas tres décadas.
La propuesta del ALCA, impulsada por EE.UU. como un “secreto de estado” durante casi una década, es un ejemplo contundente. Lo que propone EE.UU. es una liberalización total de los términos de inversión, equiparando el trato hacia los capitales transnacionales al de los capitales nacionales e incluso elevando los derechos de las empresas extranjeras por encima de la ley y la Constitución Nacional. Según las intenciones de EE.UU., pasarían a la historia instrumentos claves de una política de desarrollo autóctono, como son el “compre nacional”, requisitos de empeño o de protección a la salud y el medio ambiente y preferencias hacia determinadas zonas o sectores del consumo y producción como cooperativas, empresas recuperadas, pequeños y medianos empresarios, mujeres y pueblos originarios. Con el ALCA, la acción afirmativa del Estado en resguardo de los derechos de la población a la educación, la salud, la tierra y el agua quedaría sujeta a los intereses supuestamente superiores de las empresas transnacionales, y cualquier conflicto sería automáticamente dirimido en una cuasi-jurisdicción constituida, entre otros, por las propias empresas demandantes.
El peligro que representa el ALCA –definido por algunos estadistas latinoamericanos como “la anexión a EE.UU.” más que un tratado comercial-, no puede tampoco ser visto como un hecho aislado. Forma parte de un proyecto de dominación que abarca además la “integración” de las fuerzas armadas de la región –objetivo preciso de los recientemente suspendidos ejercicios militares “Aguila III”–, el condicionamiento permanente del FMI, el Banco Mundial y demás “acreedores” de la deuda eterna y las fuertes presiones del gobierno de EE.UU. en contra de las posiciones avanzadas por Argentina y el resto del Grupo de los 22 en la OMC.
Es decir que vienen por mucho más: desde el oro de Esquel hasta las aguas del Iberá, pasando por la privatización de la educación y la salud y la mercantilización de todos nuestros derechos humanos. Por eso se exige a la ciudadanía y al gobierno una alerta máxima y un cambio todavía más a fondo en las estrategias adoptadas.
En una entrevista reciente con el Presidente Néstor Kirchner, le pedimos que el gobierno se retire de las negociaciones del ALCA e impulse una campaña de esclarecimiento y consulta hacia el conjunto de la sociedad. Pero asumiendo también nuestras responsabilidades, desde la Autoconvocatoria No al ALCA estamos organizando unas Primeras Jornadas de Consulta Popular para informar e invitar a toda la ciudadanía a pronunciarse sobre el ALCA, la deuda y la militarización. El gobierno tiene la obligación de escuchar al pueblo y representar los intereses de toda la Nación. Nosotros, de seguir movilizando por los cambios de forma y de fondo, que entendemos hacen a una vida digna para todos y todas.

(*) Premio Nobel de la Paz y miembro de la Autoconvocatoria No al ALCA