Desde que el presidente Obama firmó el mes pasado el decreto que declara a Venezuela como “una amenaza extraordinaria” para la seguridad norteamericana, se han escuchado muchas voces templadas aseverar que Venezuela representa, en ese decreto y en el corpus que le dio origen, a toda esta región. Por otra parte, desde que el fiscal Alberto Nisman presentó su arrebatada y mal cosida denuncia contra la Presidenta argentina por “encubrimiento del terrorismo internacional”, también se han escuchado voces que llevaban el origen de esa denuncia incluso más allá de una interna doméstica de Inteligencia. Lo llevaban más al norte. Y cuando uno dice “norte”, es necesario actualizar las evocaciones de esa palabra, que antes pudo implicar al poder político norteamericano, o a sus presuntos brazos en la sombra, uno de los cuales es la CIA. En ese sentido, en la actualización de la conciencia sobre quién o quiénes presionan sobre la realidad con narrativas alocadas que, superpuestas y multiplicadas en grandes medios de comunicación, constituyen un fenomenal dispositivo desestabilizador, hay que ubicar a los fondos buitre y al lobby industrial militar.

La explícita conexión que intentan darle a la “amenaza extraordinaria” que ven en Venezuela con la fallida denuncia de Nisman fue expuesta el 17 de marzo, en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para Asuntos del Hemisferio Occidental, entre otros por el ex periodista y actual consultor Douglas Farah –presidente de IBI Consultants–, que fue uno de los oradores. “Hay pocas dudas de que Venezuela constituye desde hace una década una amenaza significativa no sólo para los intereses en materia de seguridad de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, sino también para la supervivencia de la democracia y el estado de derecho en la región. Una reciente investigación de la respetada revista brasileña Veja muestra que Venezuela, con la ayuda de Argentina, intentó activamente contribuir con el programa nuclear de Irán, en violación de sanciones internacionales”.

Allí está, dicho clara y puerilmente, con Veja como fuente. Esa exposición de Farah circula por la web en PDF con el título “Todo venezolano tiene que leer: Informe base del decreto Obama sobre crisis en Venezuela y sus implicaciones”. Farah apunta con nombre y apellido sobre otros presidentes regionales, como Rafael Correa, Daniel Ortega y Cristina Fernández de Kirchner. Se presenta a la región bolivariana como una suerte de asociación ilícita a la que hay que combatir. Farah es un norteamericano criado en Bolivia, redactor durante años en el Washington Post y devenido hace ya tiempo “consultor en seguridad” contratado por empresas privadas y estatales, y con nexos con los buitres. Hace años que recorre la región, boicoteando cada vez que puede los procesos de paz que van surgiendo. Lo hizo en El Salvador, con “informes” también basados en “respetadas revistas o diarios”, intentando frustrar la tregua entre el gobierno y las maras, y lo hizo en Colombia, con informes parecidos, intentando frustrar el diálogo entre el gobierno y las FARC.

En realidad, la basura informativa que se convierte en material válido para denuncias judiciales o para decisiones políticas es un fenómeno creciente, que va de la mano de la defección del periodismo. Los grandes medios ya no hacen negocios ofreciendo a sus públicos grandes investigaciones. No quieren Pulitzers, ni siquiera quieren pautas publicitarias. Quieren contextos políticos favorables que se inclinen ante sus intereses en toda su amplitud. No les ponen muchas fichas a las respectivas oposiciones. Dudan que puedan ganar. Entonces juegan su carta de caos, ahora que todo el mundo, Estados Unidos más que nadie, dialoga con Irán.

Siguiendo el rastreo de esos ejes discursivos, en una nota de IPS (Inter Press Service) firmada por Charles Davis, se detallaba, en agosto de 2013, cómo fue la campaña de presión que los buitres pusieron en marcha para evitar que primero el gobierno de Obama, y luego la Corte Suprema, fallaran a favor de la posición argentina en el litigio con los buitres. Ya entonces, en aquel primer ataque mediático, empezaron a hablar del Memorándum con Irán en términos parecidos a los que luego usó el fiscal Nisman, a quien por cierto citaron más de una vez. Donante empedernido de legisladores republicanos, Singer empezó a donarles dinero también a los demócratas. “En 2007, Singer se describió a sí mismo como un creyente en el excepcionalismo estadounidense y reveló haber aportado millones de dólares a organizaciones republicanas que insisten en la necesidad de un ejército poderoso y en el apoyo a Israel”, decía hace dos años Davis, quien también recordaba que en una entrevista con The New York Times, el titular de Elliott Management ofreció la lectura geopolítica a la que, ahora, vemos cómo las narrativas que él mismo financia necesitan adaptarse: “Occidente se encuentra en una etapa temprana de una prolongada lucha existencial con grupos radicales de islamistas pannacionales”. Ya entonces se preocupaba “por el creciente comercio” entre Argentina e Irán. “¿Cuál es la verdad sobre el acuerdo de Argentina con Irán?”, se preguntaba la American Task Force, que paga Singer, en una de las primeras solicitadas a toda página que serían un modo de comunicación buitre. Poco después, otra solicitada con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner acompañada por el saliente presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, formulaba la pregunta: “¿Un pacto con el diablo?”.

Antes de que el gobierno de Obama decidiera encaminarse al diálogo con Irán, los legisladores de la escudería Singer, si se permite la licencia, comenzaron a pagar los favores recibidos. Singer y la ATFA generaron un círculo vicioso y pueril de desinformación, uno de cuyos dispositivos consistió primero en que “sus” legisladores –como el republicano Mark Kirk– le escribieran cartas públicas a la presidenta argentina, para que después la ATFA pudiera tomarlas como ejemplo de que Singer tiene algo “independiente” en que basarse. “¿Por qué Argentina está dispuesta a negociar con Irán y no con los acreedores que respetan la ley?”, era otra de las solicitadas.

El 10 de julio de 2012, más de una docena de legisladores republicanos y demócratas envió una carta al fiscal Eric Holder, en la que denunciaban que “mientras el resto del mundo intenta aislar y presionar a Irán para que abandone su programa nuclear”, la Argentina seguía intentando un diálogo. Pero Irán no era el tema importante de la carta: lo que le pedían a Holder era que el Ministerio de Justicia norteamericano se abstuviera de favorecer a la Argentina frente al fallo de Griesa. Después el tema se les complicó, cuando también Obama dejó de “aislar” a Irán. Esa narrativa quedaba chica. El intento de diálogo ya no era pivote de ninguna denuncia. Se necesitaba otro verbo más potente. “Encubrir”, quizá.

Estados Unidos, como le dijo el propio George Bush a Néstor Kirchner, “siempre salió de las crisis con las guerras”. Pero desde que Bush afirmó eso, hace diez años, ese país, tal como explica el periodista Tom Engelhart en un artículo titulado “Las elecciones del 1 por ciento; la privatización del Estado; una cuarta rama del gobierno; y la desmovilización de ‘nosotros el pueblo’”, ha mutado. De los ítems que enumera Engelhart quizá el que más venga al caso es “la privatización del Estado”, porque hay sectores vinculados a la seguridad nacional norteamericana que también han sido privatizados o tercerizados, como lo prueban los consultores que hoy recomiendan guerra. Decía Davis en su nota de 2013: “No importa cómo resulte el litigio contra Argentina, Paul Singer seguirá siendo un hombre muy rico y poderoso. Si gana, será más rico aún. Y el dinero en Estados Unidos entraña el poder de influir en cualquier debate, no sólo sobre cuestiones financieras, sino también sobre la guerra y la paz”.