La sociedad hoy se encuentra embarcada en un gran debate referido al extraordinario incremento de los servicios de luz, gas y agua.

Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos con que se atiende la situación de los usuarios residenciales del servicio de gas, pero se excluye a un número mayoritario de consumidores, entre los que se encuentran distintas organizaciones de bien público y los sectores productivos.

Uno podría preguntarse qué razones llevaron al Gobierno a tomar estas medidas tan impopulares, que se suman a las ya tomadas en estos meses y por qué decidió ignorar las reacciones que sus políticas lógicamente despertarían en la población. ¿Por ignorancia? ¿Por incapacidad para gestionar los bienes públicos? ¿Porque, como dicen algunos, es una etapa de aprendizaje?

Sería un error, producto de una ingenuidad, asignar a alguna de estas circunstancias el conflicto existente, ya que lo que el Gobierno está haciendo es cumplir acabadamente con los principios de la praxis ideológica de su pensamiento neoliberal, y es a través del análisis de esta ideología que podemos comprender la lógica de las acciones de gobierno que marcan estos meses de gestión.

Cuando entendemos que quienes accedieron al gobierno lo hicieron con el convencimiento de que el bienestar de la población dependerá de la acumulación e inversión de los grandes grupos económicos, se clarifican esta y otras cuestiones.

La devaluación concretada en diciembre y preanunciada con dos meses de anticipación, la decisión de reducir la carga fiscal a los sectores exportadores, la redistribución regresiva de los ingresos, la reconversión del Estado recuperando vetustas y reaccionarias posiciones en materia social, en especial la referida a los Derechos Humanos; la política de acercamiento sumiso a las decisiones de Estados Unidos y organismos multilaterales de crédito, el alejamiento en la construcción de un bloque regional, la apertura del mercado al ingreso de bienes y servicios del exterior en reemplazo de la producción nacional y el avance en la decisión de vincular a las fuerzas armadas a la seguridad interior son los fundamentos y objetivos de un gobierno que no oculta su ideología.

No se requiere demasiada perspicacia para llegar a estas conclusiones. Se han designado para cumplir los más altos cargos del Estado, en su mayoría, a personas vinculadas con los grandes grupos económicos, convencidos de que la circunstancial mayoría electoral les ha otorgado el derecho de gestionar en favor de los intereses privados que representan.

Surgen entonces objetivos claros. El principal, aprovechar al máximo el período en que gobernarán para generar cuantiosos ingresos y, simultáneamente, reducir la participación del sector asalariado en el goce de la renta que genera el país.

Indiferentes al crecimiento del desempleo, al incremento acelerado de la pobreza, a la limitación del consumo y a la reducción salarial, recurren al endeudamiento externo, cuyo pago se difiere a las futuras generaciones, para compensar los menores ingresos fiscales que estas políticas generan.

Veremos cómo, en el corto plazo, deberemos incorporar en el presupuesto anual el costo de los servicios financieros, que irán incrementándose en forma regular hasta que la imposibilidad de atenderlos nos lleve a una nueva crisis, que será mucho más dolorosa porque no podremos volver a tener una renegociación con quita.

Gracias a la complicidad de la estructura formal de los órganos del Estado, a través de presiones, canonjías y sanciones tanto a gobernadores, dirigentes políticos y líderes sindicales, como también a una masa que solo le interesa su bienestar personal, es que pueden aplicar estos mecanismos con mayor facilidad, logrando así conformar un acuerdo tácito pero efectivo para llevar a cabo un proyecto, que nuestra experiencia histórica nos señala como desastroso.

* Profesor Honorario de las universidades de Buenos Aires y Salta.