La frustración invade a la comisión del Congreso estadounidense que investiga los atentados del 11/9: la restricciones que el gobierno Bush impone al acceso de sus diez integrantes a la documentación completa sobre el tema llevó al ex senador demócrata Robert Kerrey a declarar su “incomodidad” porque “no podré leer ni procesar lo que necesito a fin de participar en la redacción de un informe que explique cómo 19 hombres lograron sortear todos y cada uno de los sistemas de seguridad de EE.UU. para matar a tres mil norteamericanos el 11 de septiembre” (New York Daily News, 26-2-04). Es notoria la muy reciente revelación de que la CIA desatendió unos informes de la inteligencia alemana sobre Marwan al-Shehhi, el miembro de Al-Qaida que piloteó uno de los dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. No fue el único descuido de los espías yanquis. Entre otros, en enero de 2000 la CIA identificó a dos de los secuestradores del 11/9 como sospechosos de terrorismo, pero sólo en agosto de 2001 vetó su ingreso en EE.UU. A esas alturas, Khalid al-Midhar y Nawaq Alhazmi aprendían a volar en San Diego y alquilaban su vivienda a un informante del FBI.
Es posible que las razones de esta impensable pasividad de la CIA, experta en derribar gobiernos extranjeros, se encuentren en un conjunto de papeles aún más celosamente guardados que los suyos: las actas del Grupo de trabajo sobre desarrollo de la política energética (NEPDG por sus siglas en inglés) que el vicepresidente Dick Cheney estableciera cuando W. Bush inauguró su mandato en enero de 2001. El informe final del grupo yace en la oscuridad más profunda, con dos excepciones. Una es la difusión de una tabla que registra las proyecciones de la producción y el consumo netos de petróleo en el país hacia el año 2020: la primera bajará de 8,5 millones de barriles diarios a 7 millones y el último subirá de 19,5 millones a 25,5 millones, totalizando una merma de 7,5 millones de barriles diarios. La otra es resultado de la acción de Judicial Watch, un organismo no gubernamental, por cierto conservador, que brega por la transparencia de la administración pública: apelando a la ley de libertad de información (FOIA), obtuvo en julio de 2003 la desclasificación de siete de las miles de páginas que Cheney hunde en el secreto.
Son siete páginas muy sugerentes (véase Página/12, 18-1-04). Contienen un mapa detallado de los yacimientos iraquíes de petróleo (11 por ciento del abastecimiento mundial), un mapa detallado de los yacimientos de Arabia Saudita (25 por ciento del abastecimiento mundial), un mapa detallado de los yacimientos de los Emiratos Arabes Unidos (9 por ciento del abastecimiento mundial), listas de todos los proyectos de explotación de petróleo y gas natural en esos países. La precisión de tales documentos da cuenta de lo que se debatió en el NEPDG. El déficit de hidrocarburos estimado exige que EE.UU. lo compense con la producción de algún lugar y sólo hay un lugar posible ahora: el Golfo Pérsico. Una zona cuya extensión cabría holgadamente en la provincia de Santa Cruz alberga el 60 por ciento –Qatar incluido– del petróleo recuperable del planeta. Es el llamado “triángulo de oro”.
En mayo de 2001, frente a los indicios de que ejecutivos de las grandes corporaciones petroleras asistían a las reuniones del NEPDG cerrando acuerdos sobre la futura explotación de esa riqueza, la Dirección General de Contabilidad (GAO por sus siglas en inglés) –dependencia del Congreso que vigila el uso de los fondos públicos y evalúa los programas federales de inversión– solicitó información sobre la presencia de civiles en las deliberaciones de un ente de gobierno tan particular. El largo mutismo dela Casa Blanca movió a la GAO, en marzo de 2002, a emplazarla judicialmente –un hecho inédito– para acceder a las actas del NEPDG. Tampoco obtuvo respuesta y finalmente retiró el emplazamiento: la Casa Blanca había amenazado con recortarle el presupuesto de manera feroz (The Hill, 19-2-03). La Corte Suprema de EE.UU. anunció que dictaminará –posiblemente en julio próximo– si el vicepresidente Cheney tiene la obligación, o no, de dar a conocer “los pormenores acerca de los contactos secretos con ejecutivos de la industria energética cuando el gobierno Bush diseñaba su política en ese campo” (AP, 15-12-03).
¿A qué se deberá realmente la tenaz oposición del gobierno Bush a informar de lo cocinado en el NEPDG? Michael Meacher, ministro de Medio Ambiente en el gabinete Blair hasta mediados del año pasado, señaló que el motivo central de la invasión a Irak “es que EE.UU. y el Reino Unido están comenzando a padecer la disminución de un abastecimiento firme de hidrocarburos. La demanda crece y la producción disminuye desde los años ‘60” (The Guardian, 6-9-03). Surge entonces la pregunta: en las reuniones del NEPDG, que tuvieron lugar nueve meses antes del 11/9, ¿se había acordado ya con los grandes conglomerados petroleros la estrategia de guerra destinada a garantizar el suministro futuro de oro negro para EE.UU.? La negligencia de la CIA respecto de Al-Qaida y sus posibles atentados, ¿fue mera distracción? ¿Fue obediencia debida?