Con palabras sencillas y aire triunfal, el presidente Néstor Kirchner confirmó anoche que había concluido el forcejeo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin renegar del acuerdo firmado en septiembre del año pasado y sin conceder las cláusulas denigrantes que pretendía imponer el organismo en nombre de los bancos transnacionales y de los fondos buitres, pero con la excusa de proteger a los 21 grupos de acreedores particulares, los llamados “bonistas”. No fue un desenlace inesperado, salvo para aquellos que perciben estas situaciones como la ocasión propicia para tocar el cielo con las manos, lo que significa para unos subordinarse al FMI y para otros todo lo contrario, hasta la ruptura total y definitiva. Pues bien, esos paraísos siguen lejanos, sino perdidos. Por ahora. es plausible que el Presidente defienda las riquezas del país de la voracidad del capital especulativo internacional, pero lo será mucho más si los fondos preservados se aplican a calmar el hambre, la pobreza y el desempleo. La justicia social debería ser la consecuencia de la voluntad soberana.
Ningún ciudadano más o menos informado ignora que las asechanzas también existen en el interior del país, donde grupos económicos concentrados, algunos asociados o filiales de inversores extranjeros, esperan quedarse con la porción de torta que el FMI no pudo engullir en esta ocasión. El mayor obstáculo para el progreso nacional es la brutal inequidad en la distribución de las riquezas que el país produce, que fue extremada por la obra de los conservadores a partir de los años 90 hasta límites indignantes. El diez por ciento más rico de la sociedad se queda con más del 50 por ciento de esas riquezas, mientras más de la mitad de la población recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Reorganizar esas proporciones a los niveles que existían a principios de los años 70, con inflación cero, sería un objetivo lógico para un gobierno que muestra compromisos tan firmes con los derechos humanos, indivisibles de los derechos económicos y sociales.
Basta revisar lo que sucede en Brasil, Venezuela, Chile o México, donde gobiernan diversos modelos políticos, para darse cuenta que torcer el rumbo instalado en la región por las políticas emergentes del “Consenso de Washington”, el denominado neoliberalismo, no es una tarea lineal ni sencilla para nadie. Por el contrario, la ruptura deliberada y forzosa de las culturas de la producción y del trabajo consiguió generar ejércitos de mano de obra barata, aunque poco calificada, a la que no quieren renunciar ni siquiera los empresarios nacionales. Hoy en día, con la moneda devaluada hay oportunidad para sustituir importaciones con producción local, pero aparte de la falta de créditos suficientes o de las tasas de interés, la principal carencia es el recurso humano con habilidades y experiencias de producción industrial. Hay jóvenes con treinta años de edad, en proporciones sorprendentes, que en toda su vida nunca tuvieron un empleo fijo y legal (en “blanco”) o la oportunidad de perfeccionarse en un oficio.
El desenlace que ayer ratificó el Presidente, por supuesto, no es el final feliz de la historia. Fue apenas un momento en un largo relato que continuará a partir de la próxima semana, ya que los poderosos son tercos cuando se trata de imponer su voluntad. En setiembre próximo, además, termina el primer año del acuerdo trienal vigente y las partes deberán negociar los objetivos para el año 2005, cuando también regresan las competencias electorales. En el entre tanto, el Gobierno tendrá que negociar algún acuerdo con los “bonistas” para sacarlos del medio a la hora de la pelea de fondo. Y, hay que recordarlo a cada rato, cada día que pasa es más voluminosa y urgente la deuda interna, la que hoy aguantan con el cuerpo los más débiles.