Los círculos empresariales y académicos de EE.UU. se muestran preocupados: los recortes a las libertades públicas y las medidas de seguridad que estableció el gobierno Bush están desviando la captación de cerebros que se fugan de los países pobres a los países ricos. Ejecutivos del conglomerado de tecnología avanzada de Silicon Valley se quejan de que el Departamento de Seguridad Interior creado por W. Bush opone tantos obstáculos al otorgamiento de visas a estudiantes y graduados extranjeros que éstos han comenzado a recibir y dar saberes en Inglaterra, Canadá, Australia, Japón e incluso China. Para el Premio Pulitzer Thomas L. Friedman, columnista del New York Times, este hecho provoca un doble daño a su país: la disminución de talento importado debilita la investigación y el desarrollo norteamericanos; y luego, se pierde “toda una generación de extranjeros que regresarían a casa con ideas y relaciones estadounidenses”.
Ejecutivos de origen indio y chino gestionaban el 25 por ciento de las plantas de tecnología de punta en el mejor momento de Silicon Valley, con ventas anuales de 17.000 millones de dólares y 60.000 puestos de trabajo. “¿Qué está haciendo EE.UU. con su recurso nacional más precioso al imponer barreras al ingreso legal?”, preguntó el académico y periodista alemán Josef Joffre en The Washington Post (23-11-03). Ese recurso “hoy consiste en cerebros, cerebros, cerebros”, remachó. Es curioso que el director de Die Zeit considere norteamericano el aporte extranjero. Lo cierto es que las solicitudes de inscripción de graduados de otros países declinaron este año un 32 por ciento en comparación con las del 2003; más del 90 por ciento de las 113 universidades que respondieron a un cuestionario ad hoc del Council of Graduate Schools padecieron idéntico fenómeno (The Daily Texas, 28-4-04).
Las autoridades de los institutos de enseñanza superior no ocultan su inquietud. Lawrence Summers, presidente de Harvard, avisó a la Casa Blanca que tal merma afecta a las nueve facultades de esa prestigiosa institución. Los presidentes de Yale y Princeton, igualmente de la elite universitaria de EE.UU., se reunieron en Nueva York a fin de diseñar una estrategia de presión para que el gobierno facilite la entrada de cerebros extranjeros. Ocurre que éstos son muchos más que los cerebros locales que estudian ciencia y tecnología. Pero tal vez los desazona además la reducción de ingresos por matrículas y alrededores: por ese concepto ingresan en EE.UU. unos 12.000 millones de dólares anuales, según el Instituto de Educación Internacional.
El Departamento de Estado rechazó el 26 por ciento de las solicitudes de visas para estudiantes en el 2003 y las medidas implementadas por la llamada Ley Patriótica –centenares de páginas que el Congreso aprobó en octubre de 2001 casi sin leerlas– afectan otras áreas. Respecto del 2001, las solicitudes de visa de todo tipo disminuyeron un 20 por ciento en el 2002 y, aun así, su aprobación cayó un 24 por ciento en el mismo período. La asistencia de extranjeros a los cursos de verano de inglés se redujo un 30 por ciento; el intercambio estudiantil, un 10 por ciento y hasta los hospitales privados resienten la situación. La famosa Clínica Mayo recibe un 23 por ciento menos de pacientes que en el 2001: el trámite de la visa para tratamiento médico se despachaba antes en 24 horas, ahora dura tres semanas (The Christian Science Monitor, 30-7-04). Los enfermos que necesitan atención urgente la buscan en otros países, claro.
La repetición de alertas sobre un posible atentado terrorista en EE.UU. no alienta precisamente al turismo. Y cabe sospechar que obedece a razones políticas –las elecciones de noviembre próximo– más que a datos fiables de inteligencia. Ese habría sido el caso del más reciente anuncio de un plan de atentados de Al-Qaida contra centros financieros en Nueva York, Washington y Nueva Jersey, la Bolsa incluida. Se descubrió que los indicios de ese plan se remontaban al año 2000 y el alerta se lanzó inmediatamente después de la clausura de la convención nacional del Partido Demócrata celebrada en Boston. No parece casualidad: fuentes cercanas al equipo de campaña de W. Bush indicaron que la Casa Blanca estudió cuidadosamente durante dos semanas la magnitud declarada y la fecha de anuncio del presunto peligro (Capitol Hill Blue, 4-8-04). Sus consecuencias: cierre de calles, barricadas y patrullajes de policías fuertemente armados en las tres ciudades. Los visitantes del Capitolio padecen otras restricciones a la libertad de circulación: pasan por varias y severas revisiones de coches y personas.
“La libertad no se define por el nivel de seguridad –observó el representante republicano Ron Paul–. Sólo una sociedad totalitaria proclamaría que la seguridad absoluta es un ideal valioso, porque exige el control total de las vidas de los ciudadanos por parte del Estado.” La Ley Patriótica permite allanamientos sin orden judicial, espionaje telefónico y electrónico, acceso a los archivos de bibliotecas, librerías y bancos, desapariciones de personas sospechosas de terrorismo que permanecen detenidas sin derecho a defensa y en el anonimato, y muchos etcéteras más. Lew Rockwell, miembro del Instituto Ludwig von Mises de Alabama, describió irónicamente este recorte de libertades civiles: “Ellos (los terroristas) están gobernando el país. Determinan nuestra vida cívica. Modelan nuestra vida privada. Deciden cómo se gastan los recursos públicos. Hasta podrían elegir al próximo presidente”. Lo dijo Benjamin Franklin: “Cuando la libertad es mutilada en aras de la seguridad, ambas corren peligro”.