Una crisis particular está afectando a las fuerzas armadas estadounidenses: la escasez de efectivos suficientes para cumplir el sueño imperial de la Casa Blanca. No se trata sólo de las tropas estacionadas en las bases militares que Washington ha desparramado por 130 naciones. Más bien, y sobre todo, ocurre que la ocupación de Irak y Afganistán –140.000 y 10.000 hombres, respectivamente– causa una sangría que no cesa y el Pentágono ha llamado nuevamente a filas a más de 4 mil veteranos de guerra para enviarlos a los dos países invadidos. Algunos ya combatieron allí, otros no, y un buen número de ellos se opone a una reincorporación que los arrancaría de la vida civil y los expondría otra vez a la muerte y la barbarie: unos 1800 ex soldados y oficiales –el 45 por ciento de los reconvocados– han pedido que se los exima de semejante pesadilla y casi un 30 por ciento de los 2500 que debían presentarse en los cuarteles para ser reentrenados respondieron con su ausencia (The New York Times, 16-11-04).
Se comprenden las razones del Pentágono, también las de los veteranos, y todas se originan en los mismos hechos. Sólo que unos los provocan y otros los padecen. Este noviembre fue especialmente duro para los ocupantes: 100 muertos –sobre todo marines– y 500 heridos en 17 días, y no sólo por la toma de Faluja. Son cifras oficiales, las reales quién sabe. Las acciones de la resistencia iraquí han pasado de un promedio de 80 a otro de 140 por día. Algunos de los ex militares que se niegan a volver han recurrido a la Justicia federal. Otros piden consejo al Comité Central de Objetores de Conciencia (CCCO por sus siglas en inglés), organismo no gubernamental con sede en Oakland, California, que asesora a los que no desean vestir uniforme ni matar semejantes y que ayudó a centenares de ellos a escapar del infierno de Vietnam. Desde 1994 el CCCO recibía unos mil llamados telefónicos anuales de otros tantos asediados por la sombra de las armas; en el 2003, invadido y ocupado Irak, fueron casi 29.000 (www.objector.org).
Hay quienes eligen un camino más activo y se suman a Veteranos contra la guerra de Irak (VAIW por sus siglas en inglés), que en su declaración de principios se autodefine como “una coalición de veteranos estadounidenses que apoyamos a nuestras tropas, pero nos oponemos a la guerra con Irak o cualquier otro país que no sea un peligro claro y presente para nuestro pueblo y nuestra nación” (www.vaiw.org). A menos que el actual gobierno de EE.UU. –agrega– “aporte pruebas que demuestren claramente que Irak o cualquier otra nación constituye un peligro claro, directo e inmediato para nuestro país, nos oponemos... a las actividades militares en Irak”. Estos veteranos subrayan que el concepto de guerra preventiva “sienta un antecedente peligroso en el ámbito internacional” que podría incrementar la inestabilidad en Medio Oriente y multiplicar el estallido de conflictos mayores, así como “distraernos de nuestros objetivos de perseguir y destruir al terrorismo internacional. Además, creemos que ningún gobierno, demócrata o republicano, puede o debe usar a las fuerzas armadas estadounidenses como policía del mundo”. No parece ociosa la repetición en el texto de voces derivadas de la palabra claridad.
Cunde en EE.UU. el temor de que los “halcones-gallina”, agrandados por la reelección de W., decreten la conscripción militar obligatoria. No faltan indicios. Como muestra Michael Moore, los reclutadores de las fuerzas armadas merodean los colegios secundarios y los barrios pobres de lasciudades norteamericanas ofreciendo futuros brillantes para quienes se enrolen (The Connection Newspapers, 10-11-04). La ley federal de reforma educativa promulgada en el 2002 abriga en sus frondosas 670 páginas una disposición que obliga a las escuelas secundarias públicas del país a permitir el acceso de los reclutadores a información sobre los estudiantes –nombre, teléfono, domicilio–, lo que obviamente facilita el acercamiento a los candidatos a soldado. En 1999 –según cifras del Pentágono– esa clase de acceso fue negado por las autoridades escolares en 19.228 ocasiones. Ya no. Jóvenes de 18 años –edad mínima fijada por la ley– son tentados a convertirse en fresca carne de cañón.
La Legislatura de Luisiana ha ido más lejos: el año pasado aprobó la ley 373 por la cual los menores de 16 años que solicitan una licencia de conductor deben antes registrarse en el Sistema selectivo de la reserva (SSS por sus siglas en inglés), una suerte de fondo de veteranos que han cumplido sus obligaciones con las fuerzas armadas y que, a diferencia de los miembros de la Guardia Nacional y de los reservistas sin experiencia de combate, no reciben paga ni entrenamiento; al SSS pertenecen muchos de los ahora convocados. “No puedo creerlo, me deja estupefacto”, exclamó Larry Chevalier, natural de Luisiana, cuando fue a firmar la autorización para que su hijo de 16 obtuviera la licencia. “Lo que no me gusta –precisó– es que alguien en poder de toda esa información sobre los muchachos participe en una reunión cerrada en la que se analiza cuántos jóvenes están disponibles para ser reclutados dos años después” (The Town, 13-11-04). Pero es así. El que devora entrañas ajenas se devora las propias.