El tipo tiene 80 años, asistió al juicio en silla de ruedas y con un cañito para respirar. Hace 41 años asesinó, como jefe de una banda del Ku-Klux–Klan, a tres militantes de los derechos civiles en Mississippi. El KKK tenía más de dos millones de afiliados, Edgar Ray Killen era pastor bautista, realizó el crimen en connivencia con la policía y por todo eso, a pesar de que ya había sido juzgado, no se lo había podido condenar. Cuatro décadas después lo volvieron a juzgar y lo condenaron, pasó mucho tiempo pero lo hicieron. Con esa condena, Estados Unidos dio un paso para superar su pasado racista y reconciliarse con su historia.
Aquí acaba de morir Guillermo Suárez Mason, un criminal con chapa de ex general, justo cuando unos cuantos salieron a protestar porque la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. Ricardo López Murphy, Florencio Varela, el obispo Héctor Aguer, el diario Ambito Financiero, Mauricio Macri, Horacio Jaunarena, los escritores de cartas del diario La Nación y otros, entre políticos de derecha, ex funcionarios de la dictadura y simpatizantes o familiares de los represores militares denunciaron “inseguridad jurídica” y atentados contra la “reconciliación”.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos de la OEA y la ONU, entidades parlamentarias, de juristas y gobiernos de todo el mundo hicieron conocer su satisfacción por el hecho de que Argentina pudiera juzgar a los represores y quitar esa mancha de inseguridad jurídica. No fueron gobiernos de izquierda ni organizaciones guerrilleras. Italia, Francia, Alemania y España fueron algunos de los países desde donde llegaron estos comentarios.
Si los “Caballeros de la Nación Invisible del KKK” todavía existieran, hubieran dicho que la condena de Killen, su ex capucha mayor, ponía de manifiesto la “inseguridad jurídica” y que atentaba contra la “reconciliación”, ya que en los Estados Unidos de aquella época había un consenso racista. En Argentina no está el KKK pero está este grupo, de pocos y siempre los mismos, que usa impunemente los conceptos de “inseguridad jurídica” y “reconciliación” para defender a criminales como Suárez Mason, Videla o Massera.
El obituario de Suárez Mason en La Nación del miércoles “no abre juicio sobre los delitos que se le atribuyeron ni sobre su largo y azaroso peregrinaje judicial”. Evidentemente, el hombre fue un prócer “cuya trayectoria estuvo marcada en una proporción decisiva por el peso de hechos y circunstancias de la historia patria dolorosos y sombríos” y sigue un bla-bla pomposo que justifica y exculpa a este criminal.
Por suerte, el mismo Suárez Mason explicó antes de su muerte qué defienden los que lo defienden. Decía que “no había aplicado torturas”, pero que en todo caso “habría que haberlas legalizado para evitar problemas”. Si La Nación no abre juicio, el mismo Pajarito se encargó de hacerlo. Estos personajes oscuros y sus defensores tienen hilos comunicantes. Killen fue condenado por el asesinato de dos judíos y un negro. Es sabido por numerosos testimonios que los judíos secuestrados eran torturados con saña especial antes de ser asesinados en los campos clandestinos de detención que dependieron de Suárez Mason. Este personaje, al igual que su subordinado, el general Ramón Camps, otro “héroe de la guerra antisubversiva”, consideraba que “los judíos tienen un gobierno mundial” y que, “como los conocía”, se “cuidaba de los judíos”.
Cuando se declaró la independencia en los Estados Unidos, varios de sus próceres, incluso los que escribieron su moderna Constitución, siguieron teniendo esclavos. Y en los años ’60 el racismo contra la población negra tenía un amplio consenso. Entre los dirigentes del KKK había generales, jueces y copetudos como para hacer varios paneles del programa de Grondona. El racismo –al igual que aquí el golpismo reaccionario– formaba parte de una cultura muy extendida. Por eso no pudieron juzgar a Killen y los familiares de sus víctimas debieron esperar 41 años para obtener una justicia que, según el criterio engominado del obispo Aguer, es venganza.
El tema es que con 80 años, tubito en la nariz y silla de ruedas, Killen escuchó la sentencia. Aquí les toca el turno a los criminales argentinos, que ya se han hecho viejos porque las leyes de impunidad impidieron juzgarlos antes. Pero no por viejos son menos criminales. El lobby de conservadores y derechistas que los ha defendido –pocas veces abiertamente– también está viejo y quizás esa sea una de las razones por las que es posible juzgarlos recién ahora.