Si el grado de corrupción de las instituciones mide lo bananero de un país, EE.UU. se está convirtiendo en eso: una república bananera. Un gran jurado de Texas sumó el lunes 3 la acusación de lavado de dinero a la de conspiración para delinquir que ya sobrellevaba Tom DeLay y que lo obligó a renunciar a la jefatura de la bancada republicana de la Cámara de Representantes. Había violado una ley del Estado que prohíbe el aporte de empresas a las campañas políticas desviando unos 190.000 dólares de ese origen al Comité Nacional de su partido. DeLay tuvo poder: decidía qué proyectos de ley pasaban a debate y cuándo. No es el primer legislador o funcionario federal que mezcla en un solo mazo las barajas de la corrupción, las campañas electorales y el moldeo del orden jurídico estadounidense.
Es notorio que la legislación, los presupuestos de cada organismo o ministerio y los decretos del Poder Ejecutivo pueden, en cualquier país, recortar o engordar las ganancias de las corporaciones. Bien lo saben las grandes compañías norteamericanas y las firmas que en su nombre se dedican al cabildeo de instancias gubernamentales, legislativas y aun judiciales. Una reciente investigación del Centro por la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) descubrió que, desde 1998, más de 4600 compañías y grupos de interés han hecho lobby directamente en las 14 dependencias de la Casa Blanca, incluidas las oficinas de la presidencia y la vicepresidencia (publicintegrity.org, 21-9-05). Y que 273 ex funcionarios federales, convertidos en cabilderos, han logrado contratos por valor de mil millones de dólares en el período 1998-2004. Algunos se reinstalan al otro lado del escritorio que ocupaban: buscan ahora beneficios para empresas de las áreas en las que decidían cuando eran funcionarios. Son conocidos en el rumbo y no les falta ayuda.
Un lobbysta de fama fue siempre Jack Abramoff, que colectó 100.000 dólares para la reelección de W. Bush en el 2004 y hoy la justicia federal acusa de fraude bancario y de conspiración. Cabildea en la Casa Blanca para 19 compañías, entre ellas la Tyco International Ltd., el consorcio más grande del mundo en el rubro de producción y servicios de componentes eléctricos y electrónicos y de sistemas submarinos de comunicación. Abramoff se puede preciar de éxitos mayores: logró que el Congreso no aprobara una ley que hubiera penalizado a la Tyco International –y otras– por evasión de impuestos (alternet.org, 27-9-05). Timothy Flanigan, consejero general de la Tyco y candidato, nominado por W., a ocupar el cargo de viceprocurador general, declaró en su comparencia ante el Comité de Justicia del Senado que había supervisado esas gestiones, pagado 1,7 millones de dólares a la firma de Abramoff y que éste le comentó que había contactado, entre otros, a Karl Rove para lograr sus fines. Rove es actualmente subjefe del equipo de la Casa Blanca y está a cargo del diseño de políticas. Flanigan reveló asimismo que su cabildero se jactaba de sus buenas relaciones con Tom DeLay. Tenía motivos para ello. Jack financiaba viajes al exterior de Tom y a veces lo acompañaba. DeLay niega que ésos eran favores políticos. Bueno.
Otro implicado en el escándalo Abramoff es David Hussein Safavian. Fue jefe de personal de la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés), la oficina de compras del gobierno federal, hasta que el 19 de septiembre fue arrestado por obstruir una investigación del organismo y falsear declaraciones. Había visitado Escocia en viaje pago por Abramoff –de quien fue compañero de cabildeo en una consultoría de Washington– y formulaba políticas de contratación de empresas para la reconstrucción de Nueva Orleans cuando lo detuvieron. Es difícil que el Congreso, dominado por los republicanos, investigue a fondo los manejos de Safavian: entre otras cosas, su mujer es la asesora principal del comité de la Cámara baja que supervisa e investiga las compras federales. Dicho sea de paso: Katrina está aportando suculentas ganancias a megaempresas vinculadas con el partido republicano y la Casa Blanca como la petrolera Halliburton, de la que el vicepresidente Dick Cheney fue director ejecutivo hasta el momento de su elección. Más claro, échale verdes.
El 3 de diciembre de 2003, el presidente Bush promulgaba la Ley de restauración y sanidad de los bosques y ése fue el año del período 1988-2004 en que la Asociación Estadounidense Forestal y Papelera gastó más en cabildeos: 4.630.000 de dólares. Alguna relación habrá entre los dos hechos. Destinada, según la Casa Blanca, a disminuir el riesgo de incendios y otros problemas –presencia de insectos portadores de enfermedades, salvamento de especies en vías de extinción, defensa de la calidad del agua–, dicha ley impone y autoriza una solución tajante: la tala de los bosques. Los organismos ambientalistas protestaron en vano y los empresarios madereros aplauden todavía. La solidez del entramado negocios/lobbies/elecciones/Congreso/Casa Blanca ha crecido sin pausa bajo el gobierno Bush. La corrupción también.
Pero no todo es gris o negro en el gobierno norteamericano. Lewis Libby, jefe del equipo de Dick Cheney, publicó en 1996 la novela The Apprentice, bien acogida por la crítica. A diferencia de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente y coautora de The Body Politic, o de Richard Perle, que noveló en Hard Line y fue presidente del comité asesor de políticas del Pentágono hasta que en 2003 le descubrieron tráfico de influencias, Libby goza de un talento de invención indiscutible. Contribuyó no poco a crear la ficción de las armas de destrucción masiva en Irak y se enojó cuando el embajador Joseph C. Wilson desmanteló la fábula de las presuntas compras iraquíes de uranio a Nigeria. Hoy investigan a Libby por haber imaginado una rara forma de castigar a Wilson: filtró a la prensa el nombre de su esposa, agente encubierta de la CIA. Tampoco corre riesgo alguno de ser juzgado y condenado por esa violación del secreto de espionaje. Se dirá que en EE.UU. al menos se investigan esos delitos y a veces se penaliza a los delincuentes que se quiere o se puede detectar. ¿Quién penalizará al gobierno Bush por la ilegal ocupación de Irak y el escandaloso fraude que urdió para justificarla?