Hace 17 años que soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siete que soy profesora titular de Historia de un bachillerato privado de adultos. En octubre de 2004 ingresé como profesora suplente de Historia en el turno tarde de la EMEM Nº 1 del D.E. 14. En ocasión de tramitar mi apto psicofísico ante la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tras reiterados pedidos de estudios e informes, la jefa del servicio de Medicina Laboral me informó verbalmente que no me darían el apto por padecer yo de cáncer. Esto fue el 20 de octubre. Rápidamente, llegó a la escuela la notificación de no apto, con lo cual quedé automáticamente sin poder dar clases y sin cobrar mi sueldo. Uno de los argumentos para negarme al apto psicofísico fue que mis marcadores oncológicos estaban muy altos. Apenas llegó a la escuela la notificación de no apto, presenté un recurso pidiendo no innovar en mi situación de revista, cosa que no sucedió, y la reunión urgente de nueva junta médica. El director de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió ante mí y ante la dirección de la escuela a llamar a nueva junta a la brevedad. Ha pasado un mes y aún no me convocó. Las razones son para mí muy claras. El doctor sabe que debo someterme a una nueva radiofrecuencia y quiere que el cambio de calificación de no apto a apto sea visto como resultado de esa nueva intervención. Así no tendrá que responder por la arbitrariedad del no apto original. Convivo con mi enfermedad hace 6 años y ésta no me ha impedido desempeñarme en forma ininterrumpida en la Facultad de Filosofía y Letras, en el bachillerato de adultos y coordinar trabajos de investigación en el taller de Historia Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esto me lleva a reflexionar acerca de la contradicción entre los avances de la ciencia médica, que permiten prolongar y mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer, y el tratamiento que los enfermos recibimos de los entes encargados de decidir si podemos trabajar y ganar nuestro sustento o debemos resignarnos a vivir en la indigencia. ¿No debería haber una ley que protegiera de la discriminación a los enfermos de cáncer como la hay para los enfermos de sida?
Yolanda A. Colom - DNI 5.199.732