Se cumple medio año desde que Katrina comenzó a ser sobre las Bahamas y días después, el 29 de agosto, inundó el 80 por ciento de Nueva Orleans provocando una de las catástrofes naturales más severas que conoce la historia de EE.UU.: 1300 muertos, 140.000 unidades residenciales y edificios destruidos y una diáspora de más de dos millones de refugiados de la costa del Golfo de México (The Washington Post, 13-1-06). Existe un plan de reconstrucción de la ciudad que ha empezado por la limpieza de los 22 millones de toneladas de escombros y al parecer terminará con otra clase de limpieza, esa que llaman étnica. Los negros constituían el 68 por ciento de la población de Nueva Orleans, son neta mayoría de los desplazados y su retorno y aun permanencia en la ciudad tropiezan con una dificultad tras otra. Las empresas constructoras hablan de “modernizar” Nueva Orleans, no de reconstruirla.

Una comisión de 11 congresistas norteamericanos presentó este mes un informe de 600 páginas sobre la gestión –más bien la falta de gestión– de los gobiernos federal, estatal y municipal ante el desastre: encontró 90 errores en lo actuado por todos los niveles institucionales, desde la Casa Blanca hasta la alcaldía, hecho que calificó de “abdicación de las más solemnes obligaciones para con el bien común”. Son inolvidables las escenas de pobladores desesperados tratando de salvarse que sacudieron las pantallas de TV del mundo entero. Mientras la ayuda no llegaba, aparecieron otras: W. Bush descansando en su rancho y restándole importancia a la catástrofe o la secretaria de Estado Condoleezza Rice gastando 7000 dólares en zapatos. Esas imágenes también son inolvidables. Pero poco se habla del post-Katrina que se sufre ahora.

En primer lugar, los refugiados de Nueva Orleans fueron fletados con boleto de ida solamente, por decirlo de algún modo. Pocos encontraron trabajo en los estados que los acogieron y no hay ayuda oficial para que regresen. ¿Y a dónde regresarían? El gobierno está confiscando y demoliendo casas –incluso no muy dañadas– y se estima que un 75 por ciento de la antigua población negra puede quedar sin techo porque los propietarios de viviendas aprovechan la ocasión para expulsar a inquilinos que ni siquiera se enteran de la orden de desalojo: están en otras ciudades, lejos. Desde el 25 de octubre, fecha en que cesó una moratoria otorgada por el gobierno de Louisiana, se producen unos 100 desalojos por día. Se explica: la crisis de la vivienda ha llevado el precio de los alquileres a las nubes.

La discriminación alcanza asimismo a los negros y los pobres que piden préstamos para construir una casa. El organismo federal de gestión en situaciones de emergencia ha derivado a la Administración de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) la prestación de asistencia a los damnificados por Katrina. La SBA ha rechazado el 82 por ciento de las solicitudes de préstamos para vivienda exigiendo “responsabilidad fiscal” a gente sin techo ni trabajo y distribuyó los que aprobara de este modo: un 47 por ciento para construir en barrios ricos, donde la población blanca predomina, y apenas un 7 por ciento para hacerlo en los barrios pobres, habitados por negros (San Francisco Bay, 8-2-06). La política de la SBA es ayudar a las familias de ingresos medios y altos con muy reducida presencia negra. El resto, bueno.

Las empresas constructoras privadas reciben fondos federales y privilegian la reconstrucción de vivienda en las zonas altas que Katrina no anegó, donde se concentran los blancos y los ingresos más gordos de Nueva Orleans. Y aunque W. Bush ha solicitado al Congreso otros 19.800 millones de dólares para rehabilitar la ciudad, nada asegura que haya fondos cuando de los barrios negros se trate. Se asiste a un paisaje perverso que el juez negro Greg Mathis señaló: “El esfuerzo (de reconstrucción) es de gran escala y muy complejo, hay millones de dólares en danza. Lo irónico es que los amigos del gobierno federal –el mismo gobierno federal que mostró negligencia para enfrentar el desastre– se están beneficiando de la devastación causada por el huracán”.

Uno de esos amigos es el Show Group de Baton Rouge, que recibió contratos por valor de 100 millones de dólares sin licitación. Ocurre que Joe M. Allbough, gestor principal de la campaña electoral de W. Bush del 2000, es cabildero del Show Group y de Halliburton, el gigante petrolero y de la construcción del que fue director ejecutivo el vicepresidente Dick Cheney. La Casa Blanca otorga contratos a las multinacionales de sus allegados políticos y ha suspendido la vigencia de disposiciones de protección a los trabajadores locales como la Davis-Bacon, lo cual facilita la superexplotación de los desocupados que proceden de todas partes, menos de Nueva Orleans. La amistad es la amistad.

Parece claro el designio de una Nueva Orleans mucho más blanca, con menos negros, menos votos negros, menos poder político negro, y los contratistas hablan de crear otro París a orillas del Mississippi. Pretenden malear la ciudad donde cuajó el poderoso espíritu del swing que ha dado un tono particular a toda la cultura estadounidense. A ver si pueden.