Los “halcones-gallina” no limitan su esfuerzo a “ganar los corazones y las mentes” de Irak y del resto del mundo (con los resultados a la vista): también vigilan que ningún profesor introduzca ideas patrióticamente incorrectas en la cabeza de quienes siguen carreras relacionadas con el Medio Oriente. Para eso existe The Middle East Forum, un think-tank que se autoasignó la empresa de “definir y promover los intereses de EE.UU.” en la región. En el marco de su proyecto Campus Watch, “supervisa y critica los estudios sobre Medio Oriente que se realizan en Norteamérica con el propósito de mejorarlos” (www.campus-watch.org). Claro que cada quien entiende a su manera cómo mejorar las cosas.

En este caso la mejora consiste en defender la política “antiterrorista” del gobierno Bush y al Estado de Israel y de acallar cualquier análisis o enseñanza que cuestione su legitimidad en el ámbito universitario. Semejante propósito asomó al cumplirse exactamente un mes de los atentados del 11/9: el Consejo Estadounidense de Patrocinadores y Graduados (ACTA, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado “Defender la civilización: de cómo nuestras universidades debilitan a EE.UU. y qué se puede hacer al respecto” (www.goacta.org, 11-10-01). Contiene 117 citas de profesores que habían expresado algún grado de rechazo a la intervención militar norteamericana en Afganistán. El Middle East Forum se encarga de precisar lo de qué hacer al respecto.

Campus Watch establece en su declaración de principios que “apoya la irrestricta libertad de palabra de todos los educadores, cualquiera sea su punto de vista”, pero en su web registra –fuera de contexto– “frases inconvenientes” de numerosos catedráticos y recomienda a profesores políticamente correctos abundando en su curriculum. Poco explica de los “non sanctos” y la intención es nítida. Otro empeño del Forum es el proyecto David, diseñado en el 2002, que promueve actividades universitarias “en respuesta a la agresión ideológica contra Israel y sus partidarios en los campus de Norteamérica”. La agresión consistiría en “la formulación de críticas a las políticas de Israel y de EE.UU. que son legítimas, pero que usan el lenguaje de los derechos humanos, la liberación nacional y la libertad académica para demonizar a Israel, a los israelíes y a sus partidarios”. La ocupación israelí de territorios palestinos en verdad demoniza. A los ocupados.

“Los especialistas universitarios en Medio Oriente se han equivocado constantemente en sus análisis”, proclama Campus Watch. Desde luego, hay que controlarlos porque esos estudios “tienen una importancia especial en razón de que muchos de sus componentes, la guerra antiterrorista, el Islam militante, el conflicto árabe-israelí, Irak, Arabia Saudita y otros están en el centro del debate público”. Lisa Hajjar, profesora de la Universidad de California, pasa en limpio ese concepto: “La postura de la derecha consiste en que las universidades y los académicos deben estar al servicio de los designios del Estado”. El Congreso ya se está ocupando del asunto.

El 2 de febrero del 2005 cinco representantes republicanos y uno del Partido Demócrata introdujeron el proyecto de enmienda H.R. 509 que modifica y amplía el capítulo VI de la Ley de educación superior de 1965 (www.govtrack.us/congress). Propone que la secretaría de Educación establezca una junta asesora encargada de supervisar los 120 programas de estudios internacionales que se imparten en EE.UU.; dos de sus siete miembros “representarán a los organismos federales responsables de la seguridad nacional”. Eso es hablar claro. Cualquier semejanza con los comisarios políticos de la ex URSS no es casual. Hay malas costumbres contagiosas.

El párrafo 633 de la enmienda especifica las facultades de la junta. Entre otras: “Formular recomendaciones a la Secretaría (de Educación) y al Congreso a fin de mejorar los programas (de estudios internacionales) para que reflejen mejor las necesidades nacionales relativas a la seguridad interior...” (apartado C). O: “Formular recomendaciones para que las instituciones de educación superior subsidiadas insten a los estudiantes a servir a la nación y sus necesidades en materia de relaciones internacionales, relaciones económicas internacionales, idiomas extranjeros, o seguridad nacional” (apartado F). El proyecto de enmienda H.R. 509 es una feroz dentellada a la libertad académica y una más que se propina a los ya maltratados derechos civiles en EE.UU.

La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), fundada en 1915, fijó hace mucho los principios de la libertad académica y de cátedra en el país. Establecen, por ejemplo, que los profesores tienen derecho a expresar sus opiniones con entera libertad, tanto en las aulas como en público, y en los estudios o ensayos que redactan, sin someterse a cuestionamientos de grupos políticos o de presión. Esto será pasado cuando la H.R. 509 entre en vigor, será apenas “la huella de un navío que desapareció en una mar desierta”, como imaginaba Chateaubriand.