El 1º de julio pasado se estableció en La Haya la Corte Penal Internacional (CPI), la primera que tendrá carácter permanente para juzgar a los perpetradores de genocidios, crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad. Tiene limitaciones: carece de jurisdicción retrospectiva y sólo entenderá en esos delitos desde el 1º/7 en adelante; intervendrá en última instancia, cuando los Estados adheridos a la convención que la ha creado no puedan o no quieran procesar a tales delincuentes; su jurisdicción no alcanza a los Estados, sino a individuos de los países adheridos –76 hasta el presente– o a quienes cometan esos crímenes en sus territorios. Aun así, es un paso adelante del nuevo derecho internacional en materia de derechos humanos. Pero el gobierno Bush, sedicente salvador de la democracia planetaria, no sólo no ha adherido a la convención: retiró en mayo último la firma al pie de su texto que Clinton había autorizado. La medida no tiene precedente conocido en el ámbito de la diplomacia internacional.
Circula por ahí la hipótesis de que esa postura obedece a la filosofía política heredada de los Padres Fundadores de EE.UU. George Washington habría advertido que se debía evitar cualquier tentación de involucrarse en cuestiones atinentes a otros países. La hipótesis es un poquito peregrina: los siglos XIX y XX y los comienzos del que acaba de nacer son testigos del incansable intervencionismo yanqui que tanta muerte ha causado en todos los rincones del planeta. El motivo es bien distinto y Bush hijo no lo disimula: pide que las tropas y los funcionarios de su país desplegados en el extranjero gocen de inmunidad –impunidad– ante la CPI. “Mientras que EE.UU. trabaja para llevar la paz a todo el mundo –dijo el martes 2–, nuestros diplomáticos y soldados podrían ser llevados a la Corte y eso me preocupa muchísimo.” Qué argumento raro. ¿Por qué la CPI juzgaría por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad a los que tan duramente trabajan por la paz mundial?
John Negroponte, hoy embajador de la Casa Blanca ante las Naciones Unidas, fue más preciso: “Dadas nuestras responsabilidades mundiales, somos y seguiremos siendo un blanco especial y no podemos (permitir) que nuestras intenciones sean distorsionadas por un tribunal cuya jurisdicción no reconocemos”. En efecto: ¿y si a la CPI se le ocurriera que son crímenes de guerra, no “errores”, no “daños colaterales”, no “excesos”, hechos como el bombardeo –precisamente el 1º de julio– de una boda en Afganistán que provocó 40 muertos, mujeres y niños sobre todo? Eso no deberá ocurrir. EE.UU. tiene una misión y aunque no se sepa quién se la asignó, debe cumplirla. Es la ley del destino manifiesto. Lo afirmó sin vueltas Ari Fleischer, secretario de prensa de la Casa Blanca: “El mundo no debe equivocarse. EE.UU. partirá con firmeza del principio de hacer lo que es correcto para proteger a nuestros ciudadanos”. Por ejemplo, asesinar desde el aire a 400 civiles yugoslavos que cruzaban en tren un puente al sur de Belgrado durante Sarajevo. Y yendo más atrás: el asesinato a mansalva en marzo de 1968 de más de 500 vietnamitas de la aldea de My Lai por efectivos de 11ª brigada de infantería ligera de EE.UU. al mando del teniente William Calley. Y aún más atrás: el asesinato en julio de 1950 de 200 a 400 refugiados norcoreanos escondidos bajo el puente de No Gun Ri a manos de la 7ª brigada de caballería estadounidense. La lista incluye a países de América latina y se alarga en el tiempo y el espacio.
Nótese que todo esto se llevó, se lleva y se llevará a cabo fuera de territorio norteamericano. Pero Negroponte desenvainó el principio de la soberanía nacional: “No les pediremos (a los militares y funcionarios estadounidenses en el extranjero) que acepten el riesgo adicional de (sufrir) enjuiciamientos politizados ante un tribunal cuya jurisdicción sobre nuestros pueblo no es admitida por el gobierno de EE.UU.”. ¿Washington se estará latinoamericanizando? ¿Habrá aprendido del gobierno argentino o uruguayo que el argumento de la soberanía sirve para defendera asesinos y genocidas nacionales? En cualquier caso, el 28 de noviembre de 2001 Bush hijo se había vacunado ya contra la CPI promulgando la llamada “enmienda Hyde”, que: a) prohíbe a EE.UU. cooperar con la CPI; b) autoriza al presidente a usar “todos los medios necesarios y apropiados” para liberar a los militares yanquis (y a los de ciertos aliados) detenidos por la CPI; c) niega ayuda militar a los países que adhieran a la CPI, excepto en el caso de aliados importantes.
Bush hijo no está solo en el rechazo a la Corte: Rusia, China, India y Turquía no han adherido a la convención. Lo curioso es que tampoco lo han hecho Irán, Irak y Corea del Norte, y cunde la sospecha de que también EE.UU. formaría parte del “eje del mal”.