Llegamos a la cárcel de Marcos Paz. Vamos a visitar a seis presos. Campesinos paraguayos. Trabajadores de la tierra. Presos en la Argentina.

Una sociedad no debe jamás ignorar sus cárceles. No como se hacía antes: se los mandaba a Ushuaia, la Siberia argentina. Para olvidarlos allá y ya está. Rasgo de una sociedad sobona y violenta.

Entramos al salón de visitas con sus paredes desnudas. Ni cuadros ni flores. Bueno, no exageremos, Blumberg no lo hubiera permitido. La espera siempre melancólica: presos. Sabemos lo que es eso. Entran seis paraguayos, humildes, hijos de la tierra. Gente de campo, de los que plantan semillas, cabalgan distancias, ordeñan lo que siembran. Para lo cual deben inclinar la espalda en la Edad Media eterna.

Pero éstos no. Seis paraguayos que luchan para que la tierra sea de los que trabajan o de la acción mancomunada de la cooperativa. En Paraguay, que siempre lleva el signo de Stroessner. Ahora seguridad de Duarte Frutos y Bush. La mescolanza que da la seguridad de que nada va a cambiar. El agua, ahora, como antes el oro y el petróleo. El agua, señores, hay que asegurar su futuro. Y los fuertes asegurarse el agua de los débiles dependientes.

Bush, republicano. La palabra república ya cambió de significado desde aquél de la Revolución Francesa.

Antes de llegar a la cárcel hemos leído todos los papeles de la justicia. De los dos lados. Los ochenta años que uno ha vivido no han pasado en vano. Por lo menos en eso. No, no, ingenuidades no. La palabra terrorista ha pasado a usarse con la misma multiplicidad que republicano. Un republicano puede ser tan terrorista como un terrorista, republicano.

Con nosotros están los seis campesinos paraguayos, hablan la castilla pero también el guaraní. Palabra por palabra nos relatan la tragedia. Más de un año presos en cárceles argentinas. Sus familias, allá. Pero tres de sus mujeres han venido hasta Buenos Aires para poder visitarlos. Trabajan aquí como sirvientas. Sirvientas.

Nada menos que Blumberg, el inmaculado, acompaña a la línea oficial paraguaya. Ha reafirmado con su presencia las acusaciones contra los proletarios de la tierra. Sí, Blumberg acompaña personalmente la acusación contra la gente campesina. Una acusación inverosímil. El gobierno paraguayo los acusa de haber secuestrado y luego asesinado a la hija del ex presidente Cubas. Un hecho que otras fuentes han atribuido a la lucha entre organizaciones mafiosas del narcotráfico. Pero, claro está, la policía aprovecha para acusar a los campesinos que quieren su tierra, para sacárselos de encima y, de paso, proteger las organizaciones de la droga que pululan los estrados oficiales paraguayos. Cuando comenzó la persecución los hombres del campo se presentaron ante la embajada argentina pidiendo protección. Porque habían oído que la Argentina, después de la era de la desaparición, se había convertido en la Tierra del Asilo. Se trasladaron a Buenos Aires para, desde esta latitud, demostrar su absoluta inocencia. Pero el Cepare (Comité de Elegibilidad para Refugiados) no atendió sus razones. Blumberg sonrió satisfecho. Los perseguidos recurrieron a la Justicia y, en primera instancia, el juez Lojo rechazó el pedido de manera que los dejó sin defensas para ser extraditados hacia el país que los persigue.

El tema está ahora ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí está ahora la esperanza de estos luchadores de la tierra. Hasta ahora, la Argentina en vez de refugio les dio cárcel.

Un hecho que hubiera movido a Emile Zola a escribir un segundo tomo del Yo acuso. Sería muy noble que todos los hombres de leyes que tienen conciencia de la diaria injusticia con los indefensos leyeran la resolución del juez Lojo que podría resumirse en algo así como: “Bueno, si el gobierno paraguayo los pide, hay que entregárselos”. Y no exagero. Me gustaría, justo por lo que se juega aquí, es decir, la vida de seis luchadores por la dignidad, invitarlo al juez argentino Lojo a una mesa redonda pública a discutir uno por uno los documentos de su fallo. Porque, nos repetimos: está la vida de por medio, la verdadera vida.

Demostraríamos que hemos aprendido de nuestro sórdido pasado si todos los organismos de derechos humanos de nuestro país tomaran a su cargo la defensa de estos campesinos, víctimas de esta nueva Operación Cóndor. Pero también que lo hicieran todas las iglesias y las asociaciones de abogados y juristas.

Creemos en la independencia actual de la Corte Suprema pero hay que respaldarla con argumentos legales, humanos y principalmente de la defensa de la libertad de los ciudadanos, por más que éstos sean pobres.

Y los presentamos: Gustavo Lezcano Espínola: “Mi familia es campesina; tengo ocho hermanos. Comencé a trabajar a los ocho años en la agricultura. Somos de creencia religiosa y nunca pertenecí a una agrupación política. A los 19 años hice durante dos años el servicio militar. Y luego preparamos con los vecinos un grupo de sin tierra para la ocupación de un campo improductivo de 5000 hectáreas, pero fuimos desalojados dos veces, una por la policía y otra por el ejército. Fue el desalojo más cruel por los garrotazos en todas partes del cuerpo boca abajo corriendo encima de nuestras cabezas y tirando con fusiles. Había mujeres embarazadas y ellos decían que ahí mismo tenían que producir el parto con garrotes y machetes. Hasta ahora hemos sufrido seis desalojos: con maltratos, garrotazos; baleados, muertos. El 2 de marzo entramos a la Argentina legalmente para solicitar refugio, porque ya era insostenible la persecución. Recurrimos ante el Cepare para denunciar lo ocurrido pero ni siquiera se analizó el caso. Fui detenido por la Gendarmería argentina. Hace diez meses que estamos presos. El 14 de diciembre el juez argentino Ariel Lojo resolvió conceder la extradición nuestra al Paraguay”.

Basiliano Cardozo Jiménez: nacido en Caaguazú de una familia campesina y humilde. “Comencé a trabajar a los 10 años. A los 15 me incorporé a la tarea religiosa como catequista, donde aprendí a ser solidario con los más débiles y amar a los oprimidos. Tuve que ausentarme de mi hogar por las permanentes amenazas de secuestro y muerte que hacían los escuadrones de la muerte del partido del gobierno. He recurrido al tratado internacional buscando protección, solicitando refugio político al gobierno argentino. Fui detenido por la policía argentina llevando ya ocho meses en Devoto y ahora en Marcos Paz. Mi detención sólo puede ser explicada por mi coherencia en la lucha por una sociedad sin oprimidos ni opresores.”

Arístides Vera Silguera: “A los 12 años comencé a conocer el trabajo campesino. A los 17 participé del curso de formación para líderes parroquiales en el seminario de Maá Cupé”. Se casó y tiene seis hijos. Vivieron en una colonia llamada San Carlos, en donde las necesidades y el abandono son impresionantes. Sin calles, sin electrificación, sin puestos de salud, sin agua potable. Las luchas campesinas se agudizaron a medida que crecía la organización de lucha y la pobreza. Por las persecuciones siguió el mismo camino a la Argentina que sus compañeros hoy presos.

Simeón Bordón Salina: Se crió en un hogar campesino de 16 hijos. Desde los 16 años fue catequista católico, de la Teología de la Liberación, con el padre Braulio Maciel, quien fue perseguido y asesinado en 1976. Inauguraron una comunidad y el 8 de febrero de 1976 fueron atacados por militares al mando del mayor Grau. “Arrancó el tiroteo y el llanto de nuestras madres, el gemido de dolor de nuestros padres. Nuestra comunidad pasó así, en una noche, de vivir en el Edén a experimentar el infierno. Los hombres que no fueron muertos, fueron detenidos. La vida seguirá así. Estoy casado con cinco hijos. Ahora soy un perseguido político, desposeído total y encarcelado en 2006 en la Argentina.”

Roque Rodríguez: casado, nueve hijos. Agricultor. Fundador del Movimiento Agrario Popular. Y del Frente Nacional por la Soberanía y la Vida, ante el avance de la agricultura empresarial, donde estaban en peligro el medio ambiente, las comunidades y el arraigo como herramienta de lucha y resistencia. En 2006 abandonó Paraguay por la persecución política. Desde el 2 de marzo del año pasado estuvo preso en Devoto y ahora en Marcos Paz.

Agustín Acosta González, de 34 años. Familia campesina de nueve hermanos. Integró el Movimiento Juvenil Franciscano. En 1992 llegó a un asentamiento campesino donde “fue una de las experiencias que más me conmovió, experimenté la impotencia ante tanta injusticia. Este hecho me dejó marcado porque ésta era la realidad paraguaya: niños desnudos sin nada que comer, sin vivienda, sin cama, sin camino, sólo selva y agua del lago artificial de la represa de Acaray”.

Estas son las vidas de quienes los gobernantes del Paraguay piden su entrega y el juez argentino Ariel Lojo quiere entregar. Nos hacen acordar los episodios del tiempo de la Ley de Residencia, aquella aprobada por Roca, por la cual se expulsaron centenares de luchadores sociales por poseer “ideologías extrañas al ser nacional”. Sus familias quedaron aquí, sin sustento. Una crueldad argentina. Este calvario de los seis luchadores guaraníes de la tierra tiene que llamarnos a la acción y al debate. Si los entregamos pasaremos a la historia como entregadores. El más vergonzoso papel que puede ejercer un ser humano.