En 1825 Bolivia proclamó su independencia y su Constitución. Todos los ciudadanos adquirían el derecho a votar, excepto los indígenas, que eran aproximadamente el 90 por ciento de la población. Hoy la población indígena representa el 60 por ciento de los más de 9 millones de bolivianos, la mitad de ellos vive en comunidades y la otra mitad, en las áreas urbanas. Su líder es presidente. Una gran parte de la población criolla y mestiza lo soporta mal.

Llego a Buenos Aires procedente de La Paz. He participado en un encuentro sobre la Descentralización del Estado organizado por el Ministerio de Presidencia. Coincide con los días de debate y aprobación del índice de la Constitución, el fin de semana pasado. Asisten profesionales extranjeros y políticos y expertos del gobierno y de la oposición. Al terminar su ponencia una antropóloga de origen hispano-alemán, que lleva muchos años trabajando con comunidades indígenas en Ecuador y en Bolivia, es abordada por cuatro personajes del partido Podemos, la coalición de centroderecha opositora. La tratan de “gringa de mierda” y le reprochan que se hubiera referido al racismo criollo y la histórica exclusión de los indígenas. “Si a mí me tratan así, cómo deben tratar a los indígenas”, les contestó. “A los indígenas no los tratamos, no tenemos por qué tratarlos de ninguna forma”. Es decir, no existen. En un ambiente académico y reposado la agresión verbal resulta aun más expresiva que el propio discurso de la antropóloga.

El movimiento político que lideraba, el MAS, sí esperaba ser la fuerza más votada, pero no obtener la presidencia (53 por ciento de los votos). Luego ganó las elecciones generales (50,3 por ciento) y obtuvo la mayoría absoluta de los escaños. Es un movimiento elemental, propio de poblaciones excluidas, nacido de una rebelión pacífica y que pasó por un breve período de oposición. Hoy es el partido de apoyo al gobierno, pero no se le puede pedir que aprenda en pocas semanas la cultura de gobierno. Es frecuente que sectores de su partido le generen problemas al presidente. Este aparece de todas formas como el principal, quizás único, baluarte que puede mantener la estabilidad de las instituciones democráticas. Y sospecho que algunos de los principales actores económicos piensan algo parecido.

El texto y las cuestiones conflictivas no están decididos. La música es lógicamente indigenista. El MAS se comprometió a iniciar un proceso institucional para terminar con la exclusión histórica de la población indígena. Las propuestas de “democracia directa” son imprecisas y no muy diferentes que los “consejos cívicos” de la presidenciable Ségolène Royal o el voto programático de la Constitución colombiana que en teoría permite desposeer a los cargos electos de su mandato. Las referencias al colectivismo de las tierras indígenas y a su peculiar justicia no hacen sino reconocer una situación de hecho que se mantiene desde la independencia. Su reconocimiento, condicionado al respeto de los derechos fundamentales y la adhesión a la Carta internacional de derechos humanos, permite ilegalizar las penas que conculquen estos derechos. No parece que sea lo que más preocupe a los criollos.

La reacción opositora ha hecho de la reivindicación de la autonomía regional y de la capitalidad para Sucre su caballo de batalla. Antes de las elecciones presidenciales se convocaron las primeras elecciones de prefectos y en cuatro de los nueve departamentos ganaron candidatos opositores, es la llamada Media Luna, y son la principal estructura de la movilización opositora. El movimiento se ha ampliado a Sucre y a Cochabamba, ciudades que siguen en importancia a La Paz y Santa Cruz. Pero reducir la cuestión a un enfrentamiento entre centralistas y autonomistas es inexacto.

Desde Santa Cruz y otras zonas opositoras, los comités cívicos, que han suplantado a sus partidos, se movilizaron y miles de sus miembros se fueron a Sucre para manifestarse contra los constituyentes. Paralelamente se radicalizó la demanda de capitalidad plena y las organizaciones gremiales y universitarias se añadieron a los manifestantes opositores venidos de fuera. El resultado es conocido: enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas policiales que protegían a los constituyentes. Algunos muertos, pero no hay indicios de que la policía disparara y sí que hubiera manifestantes armados. Tampoco consta una presencia significativa en Sucre de columnas indígenas.

Un detalle que ayuda a entender el rechazo intolerante de los comités cívicos contra los constituyentes, entre los cuales muchos son indígenas: los gremios sucreños han hecho campaña y han logrado que en la ciudad no se les permita el acceso ni a los hoteles, ni restaurantes, ni comercios. El racismo originario de Bolivia está aún muy presente.

* Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.