Desarrollar las relaciones comerciales entre la Argentina y Cuba era una tarea que demandaba una buena dosis de voluntad política. Cuba tenía una economía centralmente planificada, lo cual significaba que el intercambio con otros países debía estar vinculado con los objetivos de producción, consumo e inversiones fijados con una perspectiva de uno a cinco años.
La economía cubana había crecido a un promedio anual de 3,6% en la década del ‘60, período en que se introdujeron los principales cambios en el sistema de propiedad. La nacionalización de las empresas extranjeras, la confiscación de los bienes malversados por antiguos funcionarios de la dictadura batistiana, la expropiación de las fincas rurales mayores de 60 hectáreas y otras medidas de regulación de la economía significaron un cambio casi total en la posesión y uso de los recursos del país. La participación del Estado en el valor de los fondos básicos alcanzó el 100% en la industria, el comercio, la banca, la construcción y el transporte. En la agricultura llegó al 75% porque fue mantenido un sector de propiedad privada, que contaba con créditos oficiales y contribuía con sus productos al abastecimiento de la población.
El año 1970 marcó un momento de viraje en la política económica debido, fundamentalmente, a que el plan de desarrollo de la producción azucarera, concebido como el pivote de la futura industrialización del país, no pudo ser cumplido. Los recursos invertidos para el logro de esa meta determinaron, de forma indirecta, la caída de los demás sectores de la economía nacional.
En lo que respecta al sector externo, las fuentes de financiamiento estaba limitadas a la URSS y algunos otros países socialistas porque los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no prestaron ayuda a Cuba desde 1959.
La Argentina, por su parte, tenía una economía basada eminentemente en el capital privado y las relaciones con el exterior se manejaban en forma directa por las empresas de este sector; mientras que el Estado cumplía las funciones de gestor de negocios dentro de una concepción, muy controvertida, de que los beneficios de unos pocos se revertirían a largo plazo en beneficio de la mayoría.
El cumplimiento de esta labor promocional corría a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, una repartición disputada por muchos años entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y que ahora se encontraba en la esfera de este último.
Para ninguno de los interesados cabían dudas de que el comercio era la vía más idónea para impulsar las relaciones económicas, luego de varios años de inercia provocada por los condicionamientos políticos. Las exportaciones argentinas a Cuba nunca fueron muy elevadas, pero en los años ‘60 se derrumbaron a un ritmo vertiginoso. Todavía en 1964, a dos años de la ruptura de relaciones oficiales, el monto ascendió a 1.665.600 dólares.
En los cuatro años siguientes, bajo la influencia de la resolución de la OEA de cesar todo trato comercial con la Isla, se redujeron a cifras insignificantes y desde 1969 hasta 1972 no hubo operaciones. Las importaciones, que siempre estuvieron muy por debajo de las ventas, habían cesado a partir de 1963.
Los sucesivos gobiernos argentinos se habían sumado al bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla, a pesar de que con esa decisión privaban a la industria nacional de un mercado en el que podían colocar sus productos no tradicionales de exportación, los que por otra parte no tenían la más mínima posibilidad de acceso al consumidor norteamericano.
En los meses previos a la asunción de Cámpora, cuando Perón conferenciaba en Puerta de Hierro con el futuro ministro de Economía, José Ber Gelbard, sus instrucciones fueron precisas: “Usted debe abrir una agenda de trabajo con los países socialistas, especialmente con la URSS, Cuba y China”. Gelbard era entonces el presidente de la Confederación General Económica (CGE) y desde esa posición estaba sumamente interesado en abrir nuevos mercados para los pequeños y medianos empresarios argentinos. Durante su desempeño en el Ministerio de Economía, desde el fugaz mandato de Cámpora hasta los primeros meses del tormentoso mandato de María Estela Martínez, viuda de Perón, siempre auspició la diversificación del comercio argentino como un arma de independencia política que, a la vez, representaba pingües beneficios para los sectores económicos a los que pertenecía.
Nacido en Polonia en 1926, su familia de origen judío emigró a Sudamérica con la aparición de las primeras nubes del antisemitismo, lanzadas sobre la Europa por el pujante nazismo. Su lugar de destino fue la provincia de Tucumán, en el norte argentino, José era entonces casi un adolescente. Las estrecheces familiares le impidieron completar los estudios primarios y a muy temprana edad comenzó a trabajar como vendedor ambulante.
En su juventud, se esforzó por adquirir una preparación cultural básica que le permitiera emprender modestos negocios. Estos fueron paulatinamente mejorando su posición económica a la vez que cimentando su prestigio como portavoz de los pequeños comerciantes y empresarios de la provincia de Catamarca, donde se había asentado. Esta actividad representativa iría en desarrollo en los años siguientes, y junto con el crecimiento de su capital, lo avalarían como fundador y presidente de la CGE.
Mientras tanto, sus inclinaciones políticas lo llevaron a ingresar en las filas del Partido Comunista, filiación esta que, según algunos dirigentes del PC en los años ‘70, no abandonó nunca, aunque optó por desempeñarse como “compañero de ruta” y en funciones de gestor financiero para la colectividad.
Para Gelbard, la apertura orientada por Perón no sólo constituía una alternativa económica de máxima prioridad sino también un derrotero estratégico muy acorde con su pensamiento. Romper la inercia comercial con Cuba heredada de las viejas administraciones exigió crear una estructura financiera que allanara el camino, puesto que la Isla contaba con limitados recursos en divisas convertibles para destinarlos a compras, más o menos voluminosas, a nuevos proveedores.
Las conversaciones oficiales en Buenos Aires avanzaron rápidamente. Los interlocutores eran el embajador Emilio Aragonés Navarro y, por la parte argentina, unas veces Gelbard y otras el propio Perón.
En un reportaje realizado en La Habana en el año 2000 y luego de décadas de silencio, Aragonés relató aquella histórica entrevista con Perón.
Cuando Aragonés entró a la reunión con el General, tenía inquietud por saber qué facilidades podrían ofrecer los argentinos para el intercambio comercial con su patria. Confiaba en la buena relación con Perón, pero aquí se trataba de números y no sólo de simpatías políticas o afinidades personales.
En esa época, que Cuba obtuviera 200 millones de dólares de crédito de un país era celebrado como un triunfo.
–Yo había pensado en esa cifra, General –arriesgó Aragonés luego de las conversaciones previas de rigor y cuando Perón ya lo habilitó para entrar directamente al tema de fondo.
Perón meneó la cabeza en silencio, como analizando el monto.
–Puede ser mayor –dijo luego. Y el viejo guerrillero tragó saliva.
La situación estaba clara. El propósito de los gobernantes argentinos era abrir un nuevo mercado donde tuviesen cabida los productos manufacturados, preferentemente los procesados por la industria nacional. Cuba, mientras tanto, aspiraba a revitalizar sus relaciones comerciales con América latina y, de ese modo, romper el bloqueo económico en una región que durante décadas estuvo consideraba el patio trasero de los Estados Unidos.
El presidente argentino preguntó en qué sectores se invertiría el dinero. Comenzaron entonces a analizar rubro por rubro. Los dos evidenciaban saber de qué estaban hablando. Y la cifra fue creciendo... Aragonés terminó la entrevista con Perón y partió raudo a la provisoria sede de la Embajada cubana. A pesar de su corpulencia, bajó de un salto no bien se detuvo el automóvil y entró sin contestar el saludo de una secretaria. A los pocos minutos salía un cable para Fidel: “Acabo de firmar un crédito por 1.600 millones”.
Inmediatamente, Fidel respondió con una pregunta llena de expectativas: “¿En dólares o en pesos argentinos?”.
En esta última moneda, el crédito representaba unos 160 millones de la divisa norteamericana, lo cual ya era por sí solo un préstamo importante para Cuba. El cable cifrado que llevaba la respuesta era breve y no admitía dudas: “En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.
La adaptación al mercado cubano sería una prueba de fuego para la industria argentina. Por empezar, cualquier aparato eléctrico, de uso industrial o doméstico, tendría que funcionar con la corriente de 110 voltios y 60 ciclos que se utilizaba en Cuba, lo cual exigía una preparación especial para su entrega al cliente. Los herrajes y toda clase de objetos metálicos estarían sometidos a una corrosión mucho más destructora que la de la Argentina, ya que la Isla está expuesta, en sus 111.000 kilómetros cuadrados de superficie, a los aires marinos cargados de sal.
Otro desafío, pero éste no de orden natural, surgiría de la gran cantidad de maquinaria y útiles de manufactura soviética y de otros países de Europa del Este que había sido instalada en Cuba desde los años ‘60, cuando comenzó el bloqueo norteamericano y no entraron más repuestos para los equipos Made in USA que tanto abundaban allí.
Es decir, en algunos casos las importaciones argentinas tendrían como destino reemplazar la planta industrial de procedencia estadounidense que había tenido que ser paralizada y, en sentido general, mejorar la calidad de vida de los cubanos creando un surtido de productos y servicios que en esos momentos no estaban disponibles para la población.
Todo esto lo sabía Aragonés y lo repasó mentalmente en segundos. Pero ahora era el momento de la euforia.
El corpulento diplomático salió y se disculpó con la secretaria por no haberla saludado momentos antes. El experimentado guerrero sonreía, consciente de que se abría una etapa sin precedentes en la historia diplomática y económica de la Argentina y Cuba. Sabía que nada sucedería sin escollos, pero estaba acostumbrado a ellos. Por un genuino acto de soberanía, la Argentina abría una grieta en la política dictada por el Departamento de Estado.