La causa que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide, en la que investiga la presunta falsificación de pasaportes italianos, sigue dando que hablar. Ascendieron a 40 las personas detenidas durante la madrugada de ayer, tras los 112 allanamientos que se realizaron en Capital Federal, el conurbano, Santa Fe y varias ciudades del interior del país, y a partir de hoy comenzarían las rondas indagatorias, en las que no sólo están involucrados futbolistas y representantes, sino también personas que nada tienen que ver con el mundo del deporte. “Cayó gente con buena fe, que tiene derecho a una ciudadanía, pero que hizo un trámite que no correspondía porque no acudieron a los consulados”, sostuvo Giancarlo Curcio, el cónsul italiano en Argentina.

Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, según hicieron saber fuentes judiciales, los detenidos son en su mayoría mujeres –abogadas, contadoras y gestoras–, que están acusadas de formar parte de la red de falsificadores de documentación internacional, que vincularía a más de 150 jugadores y manejaría un negocio total de casi 30 millones de pesos. Bajo la lupa del magistrado, además, está la empresa Ciudadanía Express, que se dedica a atender trámites migratorios especialmente de deportistas, y los representantes Fernando Hidalgo, Gustavo Mascardi y Jorge Cyterzpiller, que manejan la documentación de varios jugadores de fútbol argentinos que tendrían pasaportes ilegales.

Según el cónsul italiano, se trata de un delito que no sólo se cometió en el país. “Es un fraude que tiene dos partes. Una en Argentina y la otra en Italia. Por ese motivo ya hay denuncias en los dos países como lo indica la ley”, sostuvo Curcio, quien denunció los primeros expedientes irregulares. “Me di cuenta de las irregularidades cuando encontré documentos de ciudadanía que tenían sellos del consulado y firmas mías que eran falsas. Todo el delito se cometió afuera del consulado porque los sellos no son consulares”, aseguró el funcionario.

En los operativos realizados el viernes pasado se secuestraron, además de documentaciones de jugadores, matrices y sellos de goma, más de 60 computadoras, armas de fuego, pasaportes, monedas extranjeras y DNI. En ese sentido, Curcio advirtió que gran parte de los casos involucran a futbolistas, pero aclaró que existen otras personas involucradas que no están vinculadas con el mundo de ese deporte. “La Justicia va a dictaminar si hubo dolo o delito. Hay jugadores que tienen derecho a la ciudadanía, pero no la pueden tener. También cayeron otras personas que simplemente querían acceder a la nacionalidad italiana, pero que creyeron en personas que son peligrosas”, dijo el funcionario, quien consideró como “gravísimos” los supuestos delitos cometidos y aseguró estar “contento” por el curso de las investigaciones.

Los delitos de “falsificación de documento público” y “asociación ilícita” que investiga el magistrado son castigados con penas que van de uno a seis años de prisión y de tres a diez años, respectivamente.

El que también habló al respecto es el vicepresidente de Vélez, Fernando Raffaini, que desvinculó a los clubes de fútbol del escándalo y responsabilizó a representantes y jugadores. “El club nunca tuvo problemas con las tramitaciones y pasaportes de los jugadores vendidos, aunque vendimos diez jugadores en los últimos años. La responsabilidad mayor es de quienes llevan los documentos de los jugadores y de los futbolistas mismos”, consideró el dirigente.

Las investigaciones en manos del juez Oyarbide involucran las tramitaciones de ciudadanía y pasaportes italianos concedidos a Juan Pablo Carrizo, Maximiliano Scapparoni, Ariel Broggi, Juan Forlín, Germán Denis y Gonzalo Bergesio, entre otros jugadores, que posiblemente tengan que declarar de hoy en adelante, cuando comiencen las rondas indagatorias.

Informe: Sebastián Sagaian.