La ley que creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) no sólo fue tratada expeditivamente en el Congreso sino que también tuvo un consenso mayoritario inusitado. El proyecto de ley fue presentado a fines de octubre del año pasado. Dos meses más tarde, el Poder Ejecutivo promulgó la ley con un acto en la Casa Rosada. La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de diciembre. Dada la importancia que históricamente se le ha asignado al deporte de alto rendimiento como manifestación de una referencialidad nacional, el apoyo de la creación del Ente no es sorprendente.

El Enard tiene como objetivo “gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento” y “goza de autarquía administrativa y financiera”. Sus socios fundadores son la Secretaría de Deportes de la Nación (SDN) y el Comité Olímpico Argentino (COA). El Ente se debe financiar con “un cargo del uno por ciento (uno por ciento), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A.”.

De acuerdo con la ley, el secretario de Deporte y el presidente del COA conformarían una Comisión Organizadora a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial que debería poner en funciones al Enard dentro de los 60 días subsiguientes. El Ente se inició formalmente el viernes pasado, con algunos días de retraso respecto de lo establecido en la ley, mediante una asamblea en la SDN.

En función del ímpetu con que se justificó la creación del Ente, el consenso que lo ampara y su reciente constitución, sería pertinente que la sociedad argentina conociese las ideas que orientarán el Plan Estratégico del Enard, su estructura operativa y el criterio a seguir para la elección del personal necesario que la llevará adelante. Este último es un instrumento crítico para implementar eficazmente el Plan Estratégico. Asimismo, los abonados a los servicios de telefonía celular deberían saber cuándo se les comenzará a facturar el cargo establecido por la ley. Después de todo, el dinero de los mismos solventará al Ente.

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados argumentaba en sus fundamentos que el Enard “requiere de credibilidad, transparencia y visibilidad hacia el conjunto de la sociedad argentina”. La información pública disponible sobre el Ente contradice ese requerimiento. El Ente no ocupa un lugar distintivo en la página web de la SDN ni en la del COA y al parecer tampoco tiene una propia.

Si el Ente ha de articular e implementar una política de alto rendimiento deportivo creíble, racional, coherente y sustentable es de esperar que su accionar sea no sólo transparente sino que responda adecuadamente a las complejas demandas del deporte de alto rendimiento. En este sentido, también es de esperar que el Ente desarrolle su Plan Estratégico considerando a toda la comunidad deportiva y realice una convocatoria plural para elegir a los profesionales más idóneos que ocuparán las vacantes en su estructura operativa. En breve, el éxito del Ente requiere un liderazgo que genere amplios consensos en la comunidad deportiva, una estructura operativa altamente calificada y una estrategia comunicacional tanto clara como fluida.

Gerardo Werthein, presidente del COA, aventuró el día que se promulgó la ley, que “dentro de unos años vamos a hablar de un antes y un después del Enard”. El desafío es que el Ente sea, como se argumentaba en los fundamentos del proyecto de ley, una institución “con contenidos democráticos y participativos”. Si el mismo encarna esos contenidos y los propaga a toda la comunidad deportiva quizá sea posible revertir las frustraciones deportivas del pasado.

* Doctor en Filosofía e Historia del Deporte. Docente en la Universidad del estado de Nueva York (Brockport).