Ramón Raúl Delgado, periodista y ex vocero de Carlos Menem, fue un precursor. Dueño de Unión San Felipe de Chile (uno de los clubes puente que investiga la AFIP), se lanzó a hacer negocios en el fútbol con 8500 pesos en 2001, cuando Argentina estaba por tocar fondo. “Lo hago para divertirme un rato”, decía entonces, recién desembarcado en Brown de Arrecifes, que jugaba el torneo de la B Nacional. Aquella suma era un aporte mensual para sostener al plantel profesional y lo facturaba a nombre de su empresa, Accesos. A cambio, obtenía porcentajes de futuras transferencias que pudiera concretar el club, que tras su ida estuvo ¡seis años! sin ganar un partido oficial. Hoy compite en la liga local.

Cuando Delgado comenzó en el mercado de compra-venta de jugadores, otros ex funcionarios de la corte menemista siguieron sus pasos: José Luis Manzano, Armando Gostanian, Guillermo Seita, Hugo Gaggero y el mismísimo Luis Barrionuevo, presidente de Chacarita, a quien se le atribuía la propiedad de los pases de tres futbolistas: José Garay, Miguel Prado y Daniel Fernández. La versión, un secreto a voces en San Martín, se completaba con un dato que cerraba el círculo: el ahora senador riojano era su socio en dicha aventura. De aquel grupo alejado del poder, Delgado, un ex periodista deportivo del diario La Nación, siguió ligado al fútbol hasta hoy.

Definida su vocación empresaria, cruzó la cordillera y tomó al Unión San Felipe. La misma institución que inscribió a Jonathan Bottinelli para que fuera transferido de San Lorenzo a River. De ahí lo de club puente, o club pantalla. Un servicio por el que River le desembolsará 550 mil dólares adicionales a la entidad chilena si el defensor disputa el 25 por ciento de los partidos del torneo actual.

En la sociedad anónima que controla Delgado y preside uno de sus hijos, Sebastián, es director y gerente general, según se desprende de sus libros contables, Omar Félix Antonio Cerigliano. Versátil, a fines de los años ’90 había integrado el directorio de Télam en la etapa que la presidía Amílcar Antognoni, durante la segunda presidencia de Menem. Hoy está inscripto en la nómina de agentes de jugadores FIFA que regula la AFA, tiene su oficina en la calle Paraguay 647, piso 10, oficina 42, según ese registro. Casualmente, la misma dirección de una empresa que manejó Delgado: la consultora Medingraf SRL. Para Cerigliano no hay incompatibilidad entre las dos funciones: intermediar en los pases y administrar un club.

Un par de compañías más, Concepto Fútbol SRL y Logística Deportiva SA, cuyos nombres dan idea de un perfil bien definido, funcionan o funcionaron en idéntico piso y dirección, pero en una oficina diferente: la 10. En ambas figura el dueño de Unión San Felipe, aunque en la primera junto a su esposa, la empresaria Raquel Guadalupe Ghirardi, y en la segunda con el director técnico Luis Alberto Aimar, hermano de Carlos, el ex entrenador de Boca y actual comentarista televisivo de la cadena Fox. Los datos sólo sirven para ilustrar hasta dónde llega el entramado de sociedades en las que aparece Delgado. Que se completa con Catenaccio SRL, dedicada a la intermediación con futbolistas y que comparte con Ghirardi.

Delgado tiene problemas financieros en Chile y la Argentina, más allá de lo que expresen sus datos contables o comunicados difundidos por la prensa en estos días. “No es éste un club fantasma para justificar triangulaciones como parece querer presentársenos. Muy por el contrario”, señaló Unión San Felipe en una nota despegándose de las críticas. Respecto del servicio de inscripciones que brinda para concretar pases como el de Bottinelli, agregó: “Esta práctica es absolutamente lícita, ajustada a la legislación nacional y a las normas de la FIFA y es efectuada con estricto respeto por la legislación comercial y tributaria chilena, pagando en cada caso que proceda, los impuestos correspondientes. Como beneficio de dichas inscripciones, el club obtiene un porcentaje por cada transferencia o préstamo, que es fuente importante para el financiamiento del mismo y así está reflejado en toda nuestra información contable y tributaria”.

Como fuere, los datos provistos por el Banco Central de nuestro país indican que entre marzo y julio de este año, Delgado, quien también fue jefe de campaña de Palito Ortega en Tucumán cuando le ganó la gobernación al genocida Domingo Bussi, libró 27 cheques sin fondos por 197.351 pesos de sus cuentas personales. En Chile no le va mucho mejor. La Justicia laboral acaba de condenar a su club en una demanda entablada por dos ex directores técnicos: el trasandino Fernando Astengo y el argentino Víctor Marchesini. Deberá pagarles unos 73 millones de pesos chilenos, algo así como 153 mil dólares. Unión San Felipe recurrió a la Corte de Apelaciones para tratar de revertir el fallo.

El club juega en la Primera División y al equipo lo dirige otro argentino: Dalcio Giovagnoli. Unos años antes había ocupado su lugar Roberto Mariani, un entrenador veterano que dirigió a Brown de Arrecifes cuando Delgado –hincha de San Lorenzo– hacía sus primeros palotes como empresario en el fútbol. Mariani se fue mal en noviembre de 2009. “A mí no me maneja nadie”, se quejó, después de haber logrado una histórica clasificación a la Copa Sudamericana.

Los derechos económicos de los jugadores de Unión San Felipe le pertenecen a una sociedad radicada en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. Se llama Old Oask Investment Limited y su objeto, según datos sacados por la AFIP de la memoria y balance del club, es “desarrollar inversiones deportivas”. Además, la firma es su acreedora por 474.263.668 pesos chilenos, casi un millón de dólares al cambio oficial en Santiago. Una cuenta que el directorio de cinco miembros de la Unión San Felipe Sociedad Anónima Deportiva deberá saldar tarde o temprano con la sociedad offshore con ventas o préstamos de futbolistas. A no ser que sus dueños atiendan en los dos lados del mostrador.