El informe especial tiene 247 páginas, es una producción surgida desde el Estado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, constituye una “propuesta integral” según uno de sus miembros, el politólogo Pablo Failde, y como casi todo trabajo de campo, sistémico y orientado a un campo disciplinar, su título o idea fuerza es demasiado largo: “Una pasión popular amenazada por la precariedad institucional, la violencia cíclica y el sostenido incremento de delitos graves”. Ni más, ni menos, se trata de un estudio sobre el fútbol argentino. Lo redactó el Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública porteño que reporta a la Legislatura y al Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Guillermo Montenegro.

Sus conclusiones llevaron un proceso de elaboración de seis meses y representan un esfuerzo aislado –acaso voluntarista, quizá demasiado optimista– sobre una especificidad de la seguridad que a menudo no es prioritaria para los diferentes gobiernos en el orden nacional, provincial o municipal. Ahí radica su importancia. Cuando desde el Estado las señales para solucionar o paliar el problema son escasas o nulas, un trabajo como el del comité aporta conceptos, estadísticas, analiza legislación comparada (toma casos de países latinoamericanos y europeos), es propositivo. En definitiva, mete los pies en el barro que no muchos quieren pisar, aunque desde una estructura –la del gobierno porteño– que lejos está de ser una referencia a seguir en la materia.

El comité es producto de la Ley 3253 de 2009 y nació a fines de ese año “como ámbito de integración, evaluación, coordinación y estudio del cumplimiento de lo establecido por la Ley 2894 de Seguridad Pública”. O sea, los alcances de su evaluación y desempeño superan las fronteras de un ámbito restringido sólo al fútbol. Pero –se sabe– el fútbol refleja en espejo el universo del comportamiento social, aun con sus propias particularidades, como las que ofrece el informe especial.

Conclusiones y propuestas

El texto que trabajó el comité y que Failde defiende porque representa “una visión integral para aportar las soluciones y generar cambios institucionales” fue entregado a varios poderes y organismos de la ciudad, así como también a la Corte Suprema de la Nación, las comisiones de Deportes del Congreso Nacional y hasta la propia AFA, sobre la que sacó conclusiones muy críticas (ver aparte).

Para el comité, que además de Failde (FpV) integran como miembros ejecutivos permanentes designados por la Legislatura el abogado Guillermo Smith (UCR) y el contador Roberto Destefano (PRO), “la violencia en el fútbol argentino ha ingresado en un espiral ascendente, por lo que se deben tomar medidas en el corto, mediano y largo plazo, debiéndose reconocer en primer lugar lo complejo y estructural del problema, la multiplicidad de factores y actores que permiten que los violentos realicen su accionar dentro y fuera de la cancha”.

El extenso trabajo que se acaba de conocer denota el optimismo de sus redactores en un párrafo: “El desafío planteado en el informe es que a partir de la verificación de la complejidad del fenómeno, la dimensión de los actores, las distintas lógicas de funcionamiento relacionadas con sus respectivos intereses y las distintas acciones tanto de la Ciudad como del Estado Nacional, no se incurra en un lugar común, concluyendo en que el problema de la violencia en el fútbol no tiene solución”.

Para evitar caer en esa certeza negativa, el comité propone medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre las primeras sugiere atender “a la actualización de la legislación existente para adaptarla a la nueva realidad, la aplicación de los dispositivos y programas, tales como AFA Plus, derecho de admisión y butacas individuales, para que destierren a los violentos de los estadios”.

En el mediano plazo plantea que “será necesario que la Policía Federal cuente con una fuerza de seguridad específica, capacitada y preparada para actuar en este tipo de eventos masivos”. Y que “se debe contar con la asistencia y colaboración coordinada de la Policía Metropolitana y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte”. También sugiere la creación de “un observatorio de seguimiento y análisis de la legislación vigente, de los protocolos operativos efectuando sugerencias y recomendaciones para mejorar las políticas públicas relacionadas con los eventos deportivos”.

Para el largo plazo, propone “trabajar desde la educación escolar y desde las escuelas de fútbol, la importancia del respeto por el otro, del juego limpio, la no violencia y la no discriminación”. Y dice que “para cumplir esta propuesta se debe contar con la participación del Estado, la AFA y los clubes. Tanto desde el ámbito educativo como desde la pauta publicitaria durante la emisión del programa Fútbol para Todos”.

Origen de la violencia

El estudio del comité aporta datos como el que un diez por ciento de las muertes producidas en el fútbol tienen relación con el accionar policial; que el 82 por ciento de las causas judiciales iniciadas no tienen condena firme; y señala que el origen de la violencia se debe a “las barras bravas, a los dirigentes deportivos, al Gobierno de la Ciudad, a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial”.

Esta es, acaso, la interpretación más audaz aunque genérica –y porque se trata de un organismo porteño– para un problema en el que siempre existieron muchas voluntades dispersas y consignas, pero casi ninguna política de Estado consecuente en el tiempo. Una herramienta que estudiara las causas antes que reprimir las consecuencias. Cuando se insinuó un embrión de esa política, los especialistas convocados para pensarla (sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales) salieron despavoridos de los organismos donde estaban.

Javier Castrilli los había invitado a trabajar. Un hombre que decía: “Considero que seguir dando charlas y propiciando debates es perder el tiempo. La Justicia está colapsada y debemos actuar”. Lo único que hizo fue judicializar la política que decía iba a implementar. Un informe que el ex árbitro mandó redactar cuando era funcionario bonaerense es el único antecedente semejante del que ahora se conoce en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Había trabajado para Carlos Ruckauf en territorio bonaerense, hoy lo hace para la candidatura de Mauricio Macri 2015. Es coherente, nunca se corrió de la punta derecha.

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