El curso de la historia económica del fútbol cambió desde el 1º de mayo que se acaba de ir. El viernes pasado entró en vigencia la prohibición de la FIFA para que operen los TPO o Third Party Ownership (Propiedad de terceros), o sea, los fondos de inversión con que se nutren la mayoría de los clubes en el mundo para comprar pases de jugadores. La medida se había aprobado el 18 de diciembre de 2014 y se difundió mediante la circular 1464, pero se aplicará desde ahora mientras se cumple un período de transición para los contratos firmados antes de aquella fecha. Los más viejos caerán con su vencimiento y los que se suscribieron desde el 1º de enero de 2015 hasta hoy deberán adaptarse a la norma en un año. Sin los TPO, a priori el fútbol ganará en transparencia, las instituciones deberán utilizar ingresos genuinos y los fondos o inversores privados tendrán vedada su participación en el mercado. En la Argentina, la AFIP ya había anunciado en febrero que se acoplaba a la nueva medida. Para Alejandro Maron, el presidente de Lanús, “es una decisión que sirve para ayudar a aplicar mejores controles”.

Como era de esperar, la regla sancionada por la FIFA ya tiene respaldos y detractores. Entre los primeros, los más importantes son de la UEFA y de Fifpro, el Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales. En el segundo grupo está la Liga de España (LFP), una de las más poderosas del mundo, que ya interpuso un recurso ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para vetar la norma. En nuestro país, a no ser por la comunicación de la AFIP en febrero, el tema no trascendió ni siquiera en los medios. Mucho peor es que ni se trató en el Comité Ejecutivo de la AFA, habida de cuenta de lo mucho que dependen sus clubes afiliados para contratar jugadores con fondos aportados por terceros. Maron, que representa a uno de los clubes más sólidos del país, dice que “habrá más transparencia en la competencia. Tendremos mayores certezas de que se juega con recursos de los clubes y no con fondos aportados por padrinos que salen de otro lado”. La normativa de FIFA y que la AFIP asimiló a nivel nacional dice: “A partir del 1º de mayo de 2015, ningún club o jugador podrá firmar un contrato que conceda a un tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes”.

Para fundamentar su decisión, el Comité Ejecutivo de la FIFA que preside Joseph Blatter modificó el artículo 18 bis y agregó otro (el 18 ter) en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Los dos establecen que habrá sanciones para los que no cumplan desde el 1º de mayo: “La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan las obligaciones estipuladas...”.

El oleaje que provocó la norma en Europa todavía no llegó a la Argentina. Acaso por la anomia que gobierna a la AFA, donde no se tomó una decisión orgánica sobre el tema. Mal podría haberla porque se mencionó “muy por arriba” la circular de la FIFA en febrero y no se volvió a discutirla. El fútbol nacional vive al borde del quebranto, entre otras cosas, por su corrupción estructural, estimulada por la participación de terceros que se llevan la parte del león en muchas de las transferencias.

Este diario publicó el 21 de febrero, en su sección Economía, un artículo en el que una fuente de la AFIP decía: “Se adapta nuestra legislación a las normas de la FIFA. El objetivo es por un lado social, porque buscamos que los clubes sean ricos y no los hombres de negocios. Fortalecemos la economía genuina de las instituciones deportivas y la transparencia en las operaciones”. Desde el fisco ya habían comenzado a verse con lupa las operaciones del mercado futbolístico. En enero de 2013 se estableció un régimen de registración de los contratos para verificar las transferencias de fondos y bloquearlos si se tenían dudas sobre la legitimidad de la transacción. También se acordó con la FIFA el intercambio de información a través del Registro de Transferencia de Jugadores (TMS).

Pero el eje de este conflicto pasa por lo que se resuelva en Europa, donde dos Ligas, las de España y Portugal, ya presentaron un recurso ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea porque aducen que se vulneran varias libertades como la de circulación de capitales y la prestación de servicios. “Nosotros hemos duplicado los ingresos, hemos jugado diez finales y ganado siete títulos desde que en 2008 empezamos a utilizar este tipo de financiación”, advirtió Miguel Angel Gil Marín, consejero delegado del Atlético Madrid.

Fue más lejos el presidente de la LFP española, Javier Tebas: “Si no podemos utilizarlos en cinco años la Premier será como la NBA y el resto de los campeonatos habrán perdido interés. Esto puede derivar en que los grandes clubes decidan crear una Liga europea. Poder utilizar los fondos es tan importante como la venta centralizada de los derechos televisivos”. El dirigente se refiere a la Liga Inglesa, donde los TPO están prohibidos y ni siquiera son necesarios porque los derechos de transmisión que la televisión les paga a los clubes son siderales: unos 3 mil millones de euros de acuerdo con el último contrato.

En un comunicado institucional, la Liga Española que reúne a los clubes, dice que confía “en que la Comisión Europea actúe con celeridad, iniciando el pertinente expediente sancionador contra la FIFA y anulando la prohibición de los TPO. Esta anulación permitirá a todos los perjudicados por ella en la UE reclamar las indemnizaciones económicas pertinentes contra la FIFA. Las denuncias y demandas contra la prohibición mundial del TPO pueden extenderse a otros países fuera de la UE”.

Como moneda de cambio, la LFP propone que los fondos de inversión no puedan tener intereses en más de cuatro futbolistas por plantel y un máximo de seis en las filiales (que en España son muchas, como la del Real Madrid Castilla), además de que el porcentaje sobre los pases nunca podrá superar el 50 por ciento en manos de terceros, ni éstos podrán manejar a juveniles menores de 16 años.

Si las Ligas de España y Portugal se pusieron firmes contra la FIFA; la UEFA y el Fifpro la apoyan. También han recurrido a la Comisión Europea, aunque para que no tengan validez las excepciones a los contratos firmados antes del 1º de mayo. O sea que los fondos dejen de tener pases de futbolistas desde ahora. El secretario general del sindicato internacional de jugadores, Theo van Seggelen, declaró: “A pesar de la prohibición que ha anunciado la FIFA, que es bienvenida, Fifpro no está dispuesto a dormirse en los laureles. Vemos la necesidad de reforzar la posición de la FIFA y de crear un argumento todavía más sólido que mejore el nuevo Reglamento”.

Es por demás curioso cómo funcionan los intereses económicos alrededor del fútbol. La FIFA y el gremio que representa a los futbolistas se unen detrás de la misma medida y en contra de los intereses patronales, representados por los clubes más influyentes del planeta. El 11 de mayo está prevista una reunión en Madrid entre todas las partes del conflicto y 2015 será clave para el reacomodamiento de los poderosos en el mundo del fútbol. Justo cuando se cumplirán en diciembre veinte años de otro hecho fundante como la Ley Bosman de 1995. Aquella que permitió la libertad de movimiento de futbolistas dentro de la Unión Europea, sin que por ello ocuparan una plaza de extranjero. Y también cuando el Fifpro que los representa cumplirá su 50º aniversario.

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