José Luis Meiszner, ex presidente de Quilmes y ex secretario general de la Conmebol, investigado en el marco del escándalo por actos de corrupción en la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), se entregó ayer en el Juzgado Federal de Quilmes que tramita su extradición a Estados Unidos y solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria.

Cerca de cumplir 70 años (lo hará en febrero), Meiszner se presentó en los tribunales alrededor de las 8.45 de la mañana para hacer frente a la acusación de ser parte del escándalo de corrupción que explotó en la FIFA por la comercialización de derechos de televisación de los principales torneos. Omar Daher, su letrado, solicitará al juez federal Luis Armella que su cliente pueda gozar del beneficio de la prisión domiciliaria hasta tanto se defina si será extraditado a Nueva York, donde se tramita la causa principal.

Presidente de Quilmes durante veintinueve años (el nuevo estadio, inaugurado en 1995, lleva su nombre), Meiszner fue la mano derecha de Julio Grondona durante varios años, con lo que se convirtió en un hombre fuerte dentro de la AFA. El dirigente, que el pasado 30 de noviembre presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Conmebol a partir del 4 de diciembre, es el séptimo argentino implicado en el escándalo de la FIFA.

Los empresarios Hugo y Mariano Jinkis cumplen prisión domiciliaria en Argentina, mientras que Alejandro Burzaco tiene arresto domiciliario en Estados Unidos y se especula con que su testimonio habría sido clave para incriminar a Meiszner y a otros dirigentes del fútbol argentino.

También fueron acusados Julio Grondona, que fue vicepresidente de la FIFA durante veintiséis años y que falleció el 30 de julio de 2014, a los 82 años; el empresario José Margulies, prófugo, y Eduardo Deluca. Este dirigente, también ex secretario general de la Conmebol, pidió por escrito ayer a la mañana la exención de prisión ante el juez federal Daniel Rafecas, quien tramita el pedido de extradición solicitado por Estados Unidos en el marco del FIFAgate. En la presentación, acercada al juzgado por el abogado de Deluca, Marcelo Caremi, se explica que el ex dirigente está a disposición de la Justicia pero que, por su estado de salud, producto de problemas cardíacos, solicita el beneficio de la exención de prisión antes de entregarse. Ante el pedido, el fiscal federal Gerardo Pollicita se opuso tanto a otorgarle la libertad como también a concederle el arresto domiciliario, No obstante, la última palabra sobre la solicitud de Deluca la tendrá el juez actuante.