En el marco de la crisis que afecta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que ha cernido negros nubarrones financieros y económicos sobre los clubes especialmente los chicos y del Ascenso, ya que no están percibiendo ingresos por derechos televisivos ni tampoco se sabe cómo serán y cuándo arrancarán los campeonatos, una comisión de dirigentes fue ayer a la Casa de Gobierno a negociar mejoras en el programa Fútbol para Todos (FPT).

El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el encargado de FTP, Fernando Marín, recibieron a Hugo Moyano, presidente de Independiente; Claudio Tapia, titular de Barracas Central; Daniel Angelici, presidente de Boca; Daniel Ferreyro, vicepresidente de Chicago y titular de la mesa de Primera B Nacional; Pablo Toviggini, por el Consejo Federal, que reúne a las ligas del interior, y Adrián Zaffaroni, titular de J. J. Urquiza, en representación de las categorías metropolitanas más pequeñas. En ese encuentro, los integrantes del Poder Ejecutivo manifestaron la necesidad de sentarse a hablar una vez que se haya conseguido dar un orden financiero a la AFA y los clubes, además de reiterar que el Gobierno apoya la creación de la Súper Liga.

“No tiene sentido hablar de cifras porque hoy la única preocupación del Gobierno es que la AFA resuelva su situación institucional”, dijo De Andreis en una rueda de prensa que dio al salir del despacho de la jueza Servini de Cubría (ver aparte). Y agregó: “Más bajo de lo que se está no se puede estar. Tenés una veeduría de la jueza (Servini), la IGJ y después viene una comisión de la FIFA”.

“Viene bien la cosa”, deslizó Hugo Moyano al salir de la Casa Rosada, luego de la hora y 45 minutos que duró el encuentro, mientras que Tapia se explayó bastante más. “No se habló de dinero, sino de recuperar la institucionalidad en la AFA y a partir de allí ordenar todos los temas que tengan que ver con el fútbol de nuestro país”, dijo.

Más allá de las expresiones de Tapia, ayer a la tarde trascendió que el Gobierno estaría dispuesto a desembolsar para el período agosto 2016/junio 2017 hasta unos 2.400 millones de pesos, un 43 por ciento más del proporcional que recibió el fútbol por los primeros seis meses del año, siempre y cuando se apruebe la Súper Liga. Este monto está lejos de los 3000 millones reclamados por los dirigentes, sea cual fuere el formato del torneo, que en principio sería similar al obtenido por Lanús. O sea: 30 equipos divididos en dos grupos de 15 cada uno, con partidos de ida y vuelta, con dos fechas de clásicos, con inicio el 7 de agosto, finalización en junio de 2017 y receso desde mediados de diciembre a mediados de enero, con cuatro descensos y dos ascensos desde la B Nacional.

Más allá de formatos y fechas, el Gobierno busca la forma de sacarse de encima los gastos del fútbol, pero la crisis en la AFA –a la que aportó impulsando a un grupo de dirigentes que impulsan la reforma del estatuto para poder imponer la Súper Liga– lo obligó a retirar el llamado a licitación por los derechos y asumió el compromiso para este año, aunque mantiene la exigencia de una nueva organización de los torneos para poder negociar los derechos con un operador privado desde el año próximo, garantizando –así lo promete– la gratuidad de la difusión del fútbol hasta 2019.